Líderes y defensores, las protecciones legales y estatales

08:17 am 09-noviembre

ROBERTO RODRÍGUEZ FERNANDEZ

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El pasado gobierno de Santos envió algunos inspectores a las regiones para tratar de proteger a los líderes sociales y defensores de los derechos humanos y de la paz, y al final de su mandato propuso “un modelo” conformado por medidas de prevención, protección, y de investigación de los hechos, de acompañamientos a los agredidos, y de tipificación de un delito especial que los protegiera. Nada de esto se vio en la práctica.

El gobierno Uribe-Duque ha planteado que “la seguridad de los líderes será su prioridad … y que primará el respeto a la legalidad”; ha pedido sanciones ejemplares para los criminales (“el que la hace, la paga”), ha convocado a unas Mesas de Garantías de Seguridad para el Catatumbo, Tumaco y el Cauca, se han logrado unas capturas menores, se abren investigaciones contra las disidencias, se invierten millones en escoltas y equipos de seguridad para las personas, y los militares aprovechan para pedir mayores presupuestos.

Al preguntar al gobierno sobre estas violencias prometió “revisar las alertas tempranas”, informaciones que nadie lee.

Veamos, superando el problema de la eficacia puramente simbólica del Derecho y de la Justicia en Colombia, pero exigiendo a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que cumplan con sus deberes de prevención y protección, proponemos:

Mantener una reflexión permanente y crítica sobre los instrumentos legales y sobre las políticas públicas que existan como ofertas estatales de solución al problema de las violencias contra líderes y defensores.

Trabajar en el análisis, investigación y sanción ejemplar de casos emblemáticos, que se difundan a todo nivel y que permitan aprender de las situaciones vividas y de las experiencias aplicadas por grupos y personas.

Continuar brindando la protección de las autoridades, a todo nivel, sopesando las responsabilidades de los funcionarios comprometidos en cada caso.

Realizar reuniones y talleres que encuentren explicaciones y salidas a la falta de presencia del Estado y de sus funcionarios en las regiones y localidades, sobre todo en las anteriormente influenciadas por las Farc, y que se esclarezcan los copamientos de estos espacios por parte de grupos armados. En otras palabras, establecer los contextos y vulnerabilidades de cada organización social.

Realizar y masificar capacitaciones prácticas que sirvan para asumir y desarrollar medidas preventivas y de justicia, tales como interponer denuncias, quejas, derechos de petición, acciones constitucionales, medidas internacionales, y de todo tipo de posibilidades jurídicas y judiciales que puedan llegar a conducir a las verdades, judicializaciones y reparaciones por todos estos hechos.

El Estado debe cuidar de los líderes y defensores para que no sean agredidos y puedan desarrollar sus trabajos comunitarios, es su obligación constitucional y legal.

La Vice-presidencia de la República adelanta programas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, que deben asumir estas tareas.

El Ministerio del Interior y su Unidad Nacional de Protección pueden hacer mucho más que organizar esquemas de seguridad.

La Procuraduría General de la Nación y sus procuradores delegados deben estar atentos a la seguridad de las poblaciones en todos los niveles.

La Defensoría del Pueblo debe trabajar sus alertas tempranas, pero que tengan peso en las agendas públicas, sus defensores comunitarios pueden multiplicar sus esfuerzos.

Las Gobernaciones y Alcaldías, y sus Secretarías de Gobierno, con sus programas y proyectos especiales –no burocratizados- deben responder por la seguridad de sus ciudadanos.

Las Personerías Municipales tienen también esta labor.

La Mesa Territorial de Garantías del Cauca y sus instituciones y organizaciones sociales a bordo, no ha encontrado sus propias garantías para su trabajo.