Le salen al paso a las denuncias contra el PAE

09:32 pm 01-marzo

La supervisora del contrato del programa de alimentación escolar (PAE) y líder de cobertura educativa en la secretaría de Educación, María del Pilar Oquendo, respondió a las críticas hechas por el concejal Diego Alegría, quien expuso sobre presuntas irregularidades en la ejecución del convenio entre el consorcio Nutrición Escolar y el municipio de Popayán durante el año 2015.

Lea aquí la nota ‘Denuncias por presuntas irregularidades en alimentación escolar en Popayán’

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Según la funcionaria, la información expuesta por el concejal Alegría “es errada”. Sobre la entrega de carne descompuesta o legumbres incompletas dijo que todas las sedes educativas tienen un responsable para verificar en los comedores escolares los alimentos entregados por el operador y en el momento de la entrega hay un formato que se firma o no a entera satisfacción sobre el estado de los suministros. En caso de inconsistencias se procedía a devolverlos y no se ingresaban a la bodega del comedor, igualmente, cuando se descomponían dentro del establecimiento se informaba a la secretaría de Educación “y el operador procedía a cambiarlo”.

En ese sentido, Oquendo sostuvo que había un procedimiento y formato para realizar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias al operador (Pqrs), los cuales eran conocidos por la comunidad educativa para que dichas situaciones quedaran por escrito y se aplicara el plan de mejoramiento, al igual que a la interventoría externa PAE (C&M consultores SA), contratada por el ministerio de Educación.

“El concejal hace manifestaciones que van en contra de la operatividad y organización realizada al programa de alimentación escolar por parte de los rectores, coordinadores de las sedes educativas en los comedores escolares, operador del programa y secretaría de Educación”, manifestó la funcionaria.

Respecto a la duplicidad de estudiantes beneficiados, Oquendo explicó que la forma de pago establecida en el contrato se realizaba con ración servida, el control es el formato con el nombre del alumno, que es firmado por el responsable del comedor escolar.

“La secretaría de Educación no pagó ninguna cuenta al operador sin la entrega de este control, revisado este formato en la secretaría por tres personas para apoyar la verificación y seguimiento del PAE. Por lo tanto, si llegare a existir en los formatos duplicidad de información o irregularidades en las firmas, la aseveración recae en los rectores y coordinadores, ya que ellos son quienes firman la ración servida con el nombre del estudiante”.

Acerca de los precios inflados de los elementos, María del Pilar Oquendo, dijo que el operador suministró electrodomésticos de marca y excelente calidad como licuadora y estufa industrial y que los precios tenidos en cuenta son los establecidos en el portal ‘Colombia compra eficiente’, cuyos costes de referencia son los que rigen las compras del sector público.

Otro de los puntos denunciados por el concejal Alegría tiene que ver con el valor pagado en el mes de diciembre de 2015, donde aseguró que la cifra cancelada al operador fue de $826.912.760 por cuatro días de prestación del servicio de alimentación, cuestionando qué pasó con los $711.060.808. “El concejal nunca tuvo en sus manos el informe final y el parcial realizado por la supervisora del contrato, colocando en los medios de comunicación el proceder en los pagos por parte de la administración municipal, asegurando corrupción”.

En opinión de Oquendo, se nota que Alegría se basó en documentos incompletos entregados por la veeduría, cuestionando no solo a la administración municipal sino también al sector educativo. En el informe y liquidación del mes indicado, se observa que se pagó por los cuatro días $106.441.020.00. “Los $826.912.760 cancelados, corresponden a los 106.441.020.00 de lo pagado por alimentación y $711.060.808 a suministro de menaje”, precisó.

Por último, se hace referencia a si existe falsificación de firmas, lo que debe ser producto de un análisis grafológico hecho por expertos y la funcionaria se declara como no competente para asegurar si hay o no alteraciones en las rúbricas.