Le entregaron el país a las Farc y nos lo van a devolver

09:25 am 02-septiembre

HÉCTOR RIVEROS

@hectorriveross

Las noticias sobre el desconocimiento del paradero de quien fuera el jefe negociador en nombre de la guerrilla de las Farc del acuerdo que permitió la desmovilización de ese grupo armado y las sospechas de que esté en la clandestinidad, que se le hayan sumado alias “el paisa” y “romaña” y que Gentil Duarte esté organizando las disidencias se convierten en el preludio del que podría ser el mayor fracaso de la sociedad colombiana en toda su historia y hemos tenido varios.

Si después de haber logrado convenir unas condiciones para la terminación de un conflicto de décadas no logramos generar las condiciones para mantener a un grupo importante de ex combatientes en la vida civil condenaremos a varias generaciones a la tragedia enorme de la violencia.

En reciclar guerras somos expertos: la proclamación de la independencia la convertimos en decenas de guerras civiles que terminaron en los pactos que dieron fin a la guerra de los mil días; esa “paz” la convertimos en enfrentamientos entre partidos políticos que llegaron a un nivel que no le encontramos nombre y simplemente la llamamos “la violencia”; creímos haber cerrado el ciclo con el Frente Nacional pero incubamos a las guerrillas comunistas en un conflicto que teníamos (tenemos) la ilusión de cerrar pero que los hechos nos amenazan con que no vamos a ser capaces.

Que un grupo de ex miembros de las Farc han preferido continuar en el negocio del narcotráfico es un hecho desgraciadamente incontrovertible. Que el establecimiento ha sido avaro en el cumplimiento del acuerdo también y que el clima de opinión nunca ha sido propicio para la reinserción de los ex combatientes también tanto que la coalición del NO, como orgullosamente se llamaban, ganó la elección presidencial.

Con la suma de esos tres hechos no deberíamos extrañarnos que las disidencias crezcan y se organicen a tal punto que logren revivir a las Farc.

De hecho, el relato del uribismo y sus aliados siempre ha sido que las Farc no han cumplido el acuerdo, dicen que no entregaron todas las armas, que no entregaron la plata, que no entregaron a los niños, que siguen narcotraficando, que los que hacen política tienen vínculos con los disidentes y un largo etc.

Han pasado más de dos años desde que se firmó el acuerdo final y cuatro o cinco desde que se convino que para generar condiciones políticas y sociales para evitar que se repitiera el ciclo de violencia, con los mismos o con unos nuevos, había que emprender un modesto programa de desarrollo rural integral y una limitada reforma política y ni lo uno ni la otra. Para el establecimiento colombiano pareciera que esos dos capítulos no se hubieran firmado. El Congreso anterior se negó a aprobar algunos desarrollos y el actual gobierno nunca habla de eso.

La posibilidad de sustituir economías ilegales por mercados legales sigue pareciendo remota. Se aprobaron unos incentivos tributarios tan llenos de obstáculos que es poco lo que se ha logrado para que empresas intensivas en mano de obra se localicen en las zonas más afectadas por el conflicto. Se le pusieron tantos requisitos al programa de obras por impuestos que solo un puñado de compañías han decidido pagar sus impuestos haciendo obras en esas regiones.

La tragedia del asesinato de líderes sociales y de algunos ex miembros de las Farc tienen que generar incertidumbre entre los que entregaron las armas y han estado dispuestos a reincorporarse a la vida civil.

La incertidumbre sobre la suerte de Santrich y del propio Iván Márquez, respecto de quien todos los días llegan rumores de que los Estados Unidos solicitarán su extradición y que a la mayoría de la sociedad colombiana le parezca escandaloso que se pida que en cada caso haya que hacer una valoración probatoria juiciosa para saber si efectivamente continuaron delinquiendo después de la firma del acuerdo debe poner a pensar a los que habían decidido reintegrarse.

Es cierto y hay que reconocerlo que el Estado, en las últimas semanas, ha dado dos grandes pruebas de honrar el acuerdo.

De una parte, el gobierno de Iván Duque ha dicho que va a cumplir lo pactado, desaprobó la iniciativa de un sector de su Partido de promover un referendo para derogarlo y los “ajustes” que propone al acuerdo son en realidad batallas simbólicas que en nada afectarían la sustancia de lo acordado.

De otra, la Corte Constitucional produjo una sentencia, a propósito de la revisión de la ley estatutaria de la JEP, que le dio estabilidad jurídica al acuerdo y estableció unas reglas razonables para los casos de extradición que deberían darle tranquilidad a los ex guerrilleros de que si no habrá arbitrariedades y que si no continúan actuando al margen de la ley tendrán las garantías que deberíamos tener todos los ciudadanos.

Esta última es una decisión trascendental, desafortunadamente poco conocida y a cuyos lineamientos Duque se había comprometido a respetar. El Fiscal General parece ser el único que le dio la importancia que tiene y se quejó por mantener el pulso que desde el principio ha tenido con la jurisdicción especial. Dicen que los Estados Unidos están preocupados y los que les dan coba nos amenazan con la descertificación.

Los más radicales opositores al acuerdo siempre simplificaron su argumento en la frase “le entregaron el país a la guerrilla” y esa frase se repite aún miles de veces en conversaciones callejeras de personas que genuinamente creen que el costo pactado para lograr el desarme de las Farc fue muy alto y motivados en ella eligieron a quien creían que iba a deshacer el acuerdo.

Esos mismos, entre los que se cuenta el Ministro de Defensa, ahora están aterrados de que nos lo vayan a devolver, como en el famoso final de la película La estrategia del caracol que termina con la frase: Ahí les dejo su HP casa.

Los que creían que había otro método más eficaz de acabar con la guerrilla y disminuir la violencia distinta a ese acuerdo que han considerado tan indigno tendrán, más rápido de lo esperado, la posibilidad de demostrárnoslo. Nos sentaremos a esperar, a saber, cuántos años, cuántos muertos, cuánta plata tendremos que tener para capturar a Márquez, al “Paisa” y a “Romaña”, si es que resultan ciertos los temores de que vuelven a la clandestinidad, para poder tenerlos ahora sí en una cárcel cumpliendo unas penas severas y entregando el dinero para reparar a las víctimas y no eso que llaman remedo de justicia que se pactó en el acuerdo.

Ya ejércitos de dos países llevan meses persiguiendo a alias “Guacho” y aquí estamos esperando.