Las ‘promesas clave’ para los líderes sociales

Esta semana, municipios como Santander de Quilichao, Argelia y Popayán fueron epicentro de diferentes reuniones y encuentros relacionados con la seguridad del Departamento, y las garantías para la protección de la vida y los derechos humanos. Anuncios, avances y retos en un complejo panorama de violencia en el Cauca. 

Por: Redacción fin de semana

@elnuevoliberal

Garantías de seguridad para proteger la vida de los líderes sociales y esclarecimiento de los asesinatos ocurridos, son algunos de los compromisos con las organizaciones sociales en Cauca y el resto del país. /Fotografía: Defensoría del Pueblo

“Aquí nos hacemos matar por los líderes y defensores de derechos humanos porque eso dice la Constitución y me lo dice el corazón”, fue la frase que pronunció el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, en medio de su intervención en la instalación de la Mesa por la Protección a la vida de líderes, realizada en Santander de Quilichao el pasado lunes.

Junto a Negret Mosquera, estuvieron el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, además, contó con la participación de organizaciones sociales, líderes y defensores de derechos humanos, así como de representantes de organismos internacionales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Esta iniciativa que arrancó el pasado lunes es impulsada por el Ministerio Público y su principal objetivo es frenar los asesinatos de líderes sociales.

81 líderes sociales han sido asesinados en el Cauca desde el 2016, de acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo. A nivel nacional son 326.

Sin embargo, los anuncios desde el Gobierno y estas instituciones pareciera no tener incidencia en las personas que cada semana hacen que el país se estremezca con la noticia de que fueron asesinados uno, dos o tres líderes, casos que engruesan las cifras de violencia y las amenazas contra las comunidades más vulnerables en los territorios más apartados del país.

Precisamente, ese mismo día que se instaló esta mesa en Santander de Quilichao, autoridades confirmaban el hallazgo del cuerpo sin vida y con signos de tortura del líder Luis Eduardo Dagua, dirigente de la vereda El Carmelo, en Caloto –a solo unos minutos de Quilichao-, padre de un excombatiente de las Farc en proceso de reincorporación.

“Era un destacado líder social y defensor de Derechos Humanos. Fue uno de los fundadores de la vereda Carmelo del municipio de Caloto, y en la actualidad era integrante Junta de Acción Comunal de esta vereda, Coordinador del programa de adulto mayor, y socio activo de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto (Astrazonacal), filial de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), e integrante del Proceso de Unidad Popular del suroccidente Colombiano (Pupsoc) y de la Coordinación Social y Política Marcha Cauca”, se indicó en la denuncia que hizo la red de derechos humanos del Suroccidente colombiano ‘Francisco Cifuentes’.

Horas después de sucedido ese hecho, no muy lejos de ahí, a orillas del río Cauca en la vereda Brisas del municipio de Suárez, fue hallado el cadáver del líder social Ibes Trujillo Contreras, reconocido defensor de Derechos Humanos y del territorio, fiscal del Consejo comunitario cuenca río Timba Marilópez, directivo de la empresa comunitaria Brisas del río Agua Blanca Audacia, presidente de un espacio de recuperación en la vereda San Francisco, vocal de la Asociación de víctimas renacer Siglo XXI de Buenos Aires, e integrante de la Coordinación nacional de organizaciones y comunidades Afrodescendientes.

El cuerpo de Ibes se encontraba en avanzado estado de descomposición, así lo afirmaron quienes lo encontraron y que hacían parte de un grupo de más de 400 personas que realizaron un recorrido convocado por la comunidad para ese martes con el fin de localizar a Trujillo. En manos de la Fiscalía General de la Nación quedó la investigación del crimen.

A Ibes, quienes lo vieron por última vez, indicaron que fue sacado de su casa con un joven que lo acompañaba, al parecer dos hombres y una mujer llegaron hasta su finca el pasado 10 de julio en horas de la tarde y lo secuestraron. Al joven lo liberaron al día siguiente, y fue quien al llegar al corregimiento de Timba, informó lo sucedido.

Mientras la comunidad lamentaba y rechazaba enérgicamente este nuevo asesinato, con el que se completaron 81 representantes de las comunidades asesinados en el departamento en los últimos 19 meses; a bordo de su vehículo oficial y en una caravana por las vías del Cauca, el Defensor del Pueblo, tras 9 horas de viaje, llegaba al corregimiento de El Plateado en Argelia, municipio donde además visitó El Mango y Sinaí, para verificar la situación de Derechos Humanos en esta zona del país.

“Es preocupante el estado de la vía, es una situación de emergencia para los ciudadanos de Balboa y Argelia y sus corregimientos, debemos mirar estas zonas, hacer inversión social para después mirar cómo hacemos con las otras situaciones que se presentan en el municipio. En los tres corregimientos hay que hacer un gran trabajo desde el orden nacional para hacer inversión en colegios, en salud y el tema de vivienda digna para esta población”, indicó Negret.

De igual forma, el tema de los líderes sociales estuvo en la agenda, ya que en los tres corregimientos líderes le expresaron al Defensor su preocupación por las amenazas, “trasladaremos estas amenazas para que aquí no vaya a transcurrir nada extraordinario como podía ser la muerte de estas personas. La comunidad tiene mucha esperanza en la paz y hay que impulsar un poco más el tema de la implementación”.

Por otro lado, el miércoles 18 de julio en el Salón Fundadores de la Universidad del Cauca se realizó la sesión ampliada del ‘Consejo regional de paz’. Este Consejo se creó en el año 2014, con el objetivo –entre otros- de contribuir a la formulación y ejecución participativa de una política pública sobre la defensa, garantía, prevención, protección, promoción y difusión de los Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

“No desconocemos que hay problemáticas, la amenaza que genera la coca en el Cauca afecta la seguridad, sin embargo se hace necesario que funcione el plan de sustitución, que tenga sentido, no estamos de acuerdo con la fumigación; así mismo lamentamos la muerte de los líderes sociales, esto nos obliga a que los organismos de investigación logren tener esclarecimiento de lo que sucede en el Departamento  y por esto se debe establecer un diálogo directo, permanente con la Fuerza Pública  a fin de articular con la sociedad acciones de protección”, dijo el Gobernador Oscar Campo Hurtado, en la apertura de la sesión ampliada de este Consejo Regional de Paz.

Finalmente, la semana cerró con la presencia del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, quien habló de los más recientes resultados en las investigaciones por asesinatos y agresiones a líderes sociales en este Departamento.

“Tenemos que reconocer que en la Fiscalía hemos logrado identificar a los autores de esos asesinatos en un 54%. Es algo inédito en la acción de investigación criminal por parte de esta autoridad”, precisó Martínez.

La Fiscalía reveló que en 13 de los 24 casos se identificó la autoría y ya existe sentencia condenatoria en tres procesos, uno de ellos el asesinato de Joel Meneses, dirigente del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) que fue asesinado en 2016. “La semana pasada tuvo sentencia condenatoria de 15 años contra alias ‘Cazuelo’ del Eln, quien aceptó responsabilidad del homicidio”.

Así mismo, el fiscal manifestó que los líderes sociales son víctimas de los grupos armados ilegales que hacen presencia en los territorios, “los confrontan directamente para exigirles a esos grupos irregulares que se respete la paz y tranquilidad ciudadana en el proceso de posconflicto, todos los ciudadanos debemos acompañarlos y no puede caer un líder más”.

Mientras se espera que todos los casos de asesinato de líderes sean investigados con celeridad y se esclarezca su autoría, las comunidades exigen garantías de protección para estas personas y así mitigar esas situaciones de riesgo que persisten y que atentan contra la vida de los caucanos.