Las pérdidas que deja el paro

10:55 am 12-Junio

Más de 11 días completa el Paro Agrario en el país. Por un lado, campesinos, afros e indígenas hacen importantes exigencias sociales y humanitarias, y por otro, empresarios piden fin a bloqueos en la vía Panamericana que les ha generado importantes pérdidas. El Nuevo Liberal hace un análisis sobre lo que va del Paro, y las posibles salidas para superar y lograr una pronta concertación.

El viernes de 10 de junio se completaban 10 días del paro agrario que movilizó a campesinos e indígenas con el propósito de presionar al Gobierno, ya que, como lo aseguran las diferentes organizaciones de base, ha incumplido con lo acordado en la Mesa Única Nacional en materia de derechos humanos, tierras y agricultura.

Si bien hay puntos de la agenda, como éste, que son transversales a las regiones y territorios que se han unido a la movilización, hay otros, con dinámicas propias de negociación, que pertenecen al ámbito de lo local diferenciándose de lo general. Algo semejante ocurre en el caso de los negociadores y las bases manifestantes, toda vez que si bien se ha anunciado no menos de un par de ocasiones el logro de un eventual acuerdo; en definitiva no ha sido más que otra diferencia en terreno que los hace ver como amagues por causa de sectores que no se sienten satisfechos con lo dialogado.

En cualquier caso, se confrontan día a día las expectativas de los campesinos e indígenas que se movilizan buscando mejorar sus condiciones generales de vida con las realidades de empresas y ciudadanos ‘de a pie’ e incluso otros campesinos que buscan menguar sus pérdidas o abastecerse con elementos de consumo diario, como la canasta familiar o gasolina.

Félix Calpa, agricultor de la zona de Malbazá, es un campesino que siembra papa. No sólo no ha podido concretar la venta del tubérculo en las mismas cantidades que lo hacía regularmente, sino que ha desistido de cosecharla con la esperanza de que aguante sin dañar hasta cuando se levante el paro.

“Nosotros nos hemos visto afectados para transportar lo que producimos, en mi caso la papa. El combustible está escaso, y si lo hay, está caro. Han llegado a cobrar hasta $30.000 pesos por un galón de gasolina, por lo que nadie está en la capacidad de pagar tanto para sacar los productos hacia los sitios donde se venden”, alertó Calpa.

Mientras que un bulto costaba regularmente 65 mil pesos, por cuenta del paro se está comercializando entre 80 y 90 mil pesos, valor que se ha incrementado por los altos costos que han tenido que asumir para sacar la papa a los centros de venta que, sin embargo, no mantiene las ganancias por el menor volumen de ventas registrado.

“Hay otros riesgos que tampoco se puede asumir. Tenemos temor que los carros sean quemados, o que nos roben la papa si nos atrevemos a transportarla, por lo que nadie se atreve a hacerlo”, agregó.

Una situación comparable tiene Agustín Caicedo, lechero de la región, y su hermano Alberto.

“Desde que empezó el paro hemos perdido 1.500 litros de leche cada día. El lunes de esta semana el camión recogió la leche pero fue detenido en la vía. ¿Qué pasó? Se dañó la leche y perdimos. Tenemos 4.050 litros que tendremos que botar porque ya están a punto de dañarse. Los tiramos y volvemos a meter en los tanques leche fresca que seguramente se dañará también”.

Agustín dice que le vende la mayor parte de su producción a una empresa caleña. No ha podido continuar con el suministro, pues incluso uno de los camiones llegó hasta Santander de Quilichao y quedó allí detenido.

“Cada día estamos perdiendo un millón y medio de pesos por el paro. Pero también tenemos otro problema y es el sostenimiento de la fincas ‘La Herencia’ e ‘Iguarango’ porque tenemos que seguir pagando nómina, alimentando con el mismo concentrado a las vacas, tenemos que seguir ordeñando, todo tal cual a una situación de normalidad. El costo es casi del 60% de lo que recibimos por la leche que nos dan aquí 59 vacas en ordeño más las 30 vacas de mi hermano”.

Panorama difícil en las empresas

Oriana Mendoza Vidal, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, sintetiza el difícil panorama que viven los empresarios del departamento por cuenta del paro agrario, a la vez que sienta posición sobre la forma que encontró el campesinado y los indí- genas para tramitar sus dificultades.

“Las pérdidas ascienden a $117.440 millones de pesos. Los sectores más afectados son las empresas del sector turístico, de transporte, restaurantes y hoteles. El comercio ha visto una disminución de sus ventas en un 60% en promedio sin que se perciban los ingresos necesarios para cubrir los costos fijos como arriendos, nómina o servicios públicos”, puntualizó la presidenta.

Como salida a estos gastos, las empresas quedarían en una difícil posición en la cual el endeudamiento aparece como la opción más visible y menos deseable, pero necesaria.

“En cabeza de la junta directiva y todo el sector empresarial rechazamos las vías de hecho. Ya son 10 días de bloqueo de la vía panamericana golpeando la actividad empresarial en el departamento, dejando con pocas posibilidades la atracción inversionista a la región. Lamentamos también las consecuencias en la pérdida de empleo en Popayán y en el departamento”, concluyó Mendoza Vidal.

Según las cifras que reporta la Cámara de Comercio, los hoteles y las empresas de transporte han visto una reducción del 95% en sus ingresos operacionales, ocasionando pérdidas cercanas a los $1.000 millones de pesos para el sector hotelero y $1.440 millones de pesos para el sector transporte.

Por la Vía Panamericana transitan bienes que Colombia exporta al Ecuador, este corredor irradia a todo el suroccidente colombiano el flujo de comercio exterior que llega al Puerto de Buenaventura, lleva los productos caucanos y nariñenses al resto del país y al mundo. La entidad sustenta que por lo tanto su bloqueo perjudica no solo la economía caucana, sino también la nariñense y, en definitiva, la Colombiana, afectando el cumplimiento a cabalidad de los Tratados de Libre Comercio.

Al cierre de esta edición se conoció que la Cámara de Comercio del Cauca, Fenalco Cauca, Acopi Regional Cauca y Andi Seccional Cauca, en acompañamiento a la Gobernación del Cauca, Alcaldía de Popayán y los municipios vecinos, están liderando una propuesta que será elevada al Presidente de la República, la cual busca la adopción de medidas especiales en el ámbito económico y tributario que contribuyan a paliar lo que han denominado como ‘grave crisis’ que afrontan empresarios y ciudadanos, permitiendo su recuperación socioeconómica.

La exigencia del sector empresarial en cabeza de la junta directiva de la Cámara de Comercio es al desbloqueo total y definitivo de la vía Panamericana. Desde la junta directiva enfatizan que respetan el derecho a la protesta, pero rechazan enfáticamente las acciones de hecho ya que, según afirman, se están vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos y el empresariado.

Paro por derechos de los afros, los campesinos y los indígenas

Como lo identificó El Nuevo Liberal en la pasada edición dominical, a pesar de que varias organizaciones sociales no atendieron el llamado de las protestas agrarias, sí lo hicieron las 13 organizaciones que integran la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, la Organización Nacional Indígena (ONIC) el Congreso de los Pueblos y la Mesa Única Amplia, entre otras. La principal razón: el incumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno nacional hace tres años.

El Gobierno Nacional se comprometió a destinar 250 mil millones de pesos con la esperanza de convertir esa inversión, que se realizaría cada año, en el fomento que necesita la agricultura del país. También prometió priorizar 30 proyectos que presentaría la Cumbre Agraria en temas de salud, educación, vías terciarias, infraestructura agropecuaria, acueductos y alcantarillados y financiar unos foros regionales de paz.

Si bien la promesa era por 250 mil millones, Robert Daza, uno de los voceros nacionales de la Cumbre Agraria, asegura que el balance es negativo puesto que las comunidades solo han recibido, hasta ahora, 20 mil millones de pesos para la compra de semillas e insumos agrícolas.

“Eran puntos aclimatadores que se pactaron para generar confianza entre las comunidades y los delegados del gobierno, pero éste los ha incumplido”, aseguró Daza.

Por su parte, el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), que lidera diversos procesos agrarios en el Catatumbo y que hace parte del Congreso de los Pueblos, apoya la minga por las mismas razones que congregan a otras organizaciones del país y, además, porque sienten que el Estado solo ve a los campesinos como cultivadores de hoja de coca, no hay apoyo a quienes tienen cultivos tradicionales y por el mal estado de las vías terciarias y secundarias, que han sido mantenidas por peajes comunitarios.

Entre tanto, las comunidades afro descendientes se han unido porque el gobierno nacional no ha reconocido su autonomía ni ha avanzado en reglamentar la Ley 70 de 1993, que legisla sobre la titulación de los territorios colectivos de estas comunidades.

Indígenas y afrodescendientes exigen igualmente tener un espacio en la actual Mesa de Conversaciones en La Habana para dialogar sobre el respeto a los territorios protegidos de las etnias colombianas, la eventual convivencia con guerrilleros desmovilizados y el tratamiento a los insurgentes que sean indígenas o afrodescendientes, temas sensibles a sus comunidades.

De igual modo exigen respeto al derecho de protestar, ya que desde 2015 son 14 los miembros de sus organizaciones sociales que han sido asesinados, 68 más han sido amenazados por grupos criminales como los ‘Rastrojos’ y las ‘Águilas Negras’; y otros 28 han sido detenidos “por hacer protesta social pacífica”.

Formalmente, la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular remitió el 1 de junio al presidente Juan Manuel Santos el pliego de peticiones para la negociación política de sus necesidades y demandas. Mirando un poco más allá de los acuerdos incumplidos del gobierno en materia de economía propia campesina, minería y energía, y cultivos de uso ilícito, están aspectos humanitarios sobre el respeto a los derechos humanos y la vida propiamente de los colectivos y comunidades, reparación y garantías de no repetición a graves hechos de violencia en su contra y reforma agraria integral. Un pulso que va entre empresarios, gobierno, campesinado e indígenas que puede definirse, entre muchas otras formas, entre pérdidas económicas frente a reivindicación de derechos sociales y humanitarios.

Las posibles salidas

Por lo pronto, las comunidades indígenas, campesinos y afrodescendientes se comprometieron el pasado viernes a desbloquear la vía panamericana por 36 horas como gesto para avanzar en los diálogos con la Mesa Única de la Cumbre Agraria, y el Gobierno con la esperanza de que este despeje sea permanente, tal como lo afirmó el ministro de la defensa.

Las comunidades, consolidadas en la Mesa Única, están sentadas con el gobierno en un mismo escenario, y buscarán superar entre otras peticiones, el choque de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico con los territorios indígenas y de afrodescendientes de la región. Mientras tanto, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, espera llegar a un acuerdo que garantice una viabilidad y compromiso entre las partes.

Agria Inflación

Por: Francisco Javier Pantoja Pantoja

Magister en Economía Aplicada.

@fjpantoja

Es el primer costo que deja este nuevo taponamiento es: la perdida de la solidaridad ciudadana para con los reclamos justos de los campesinos, afrodescendientes e indígenas. Se agotó la estrategia de taponar la vía panamericana. Es probable que los caucanos apoyen, pero el mensaje a los movimientos sociales, es claro: creatividad en la protesta: No más taponamientos.

Dialogo sin vías de hecho y cumplir compromisos pactados, es la consigna.

El segundo costo, el más visible: el aumento esquizofrénico de los precios de los alimentos y de la gasolina y de los medicamentos y paro la lista, porque quien a listar se ocupa no desocupa. Le queda a Popayán y al Cauca la inflación más alta de Colombia, gracias a la escasez for zada y no prevista, por un lado, pero también a los especuladores y avivatos que nadie controló.

En adelante los precios no volverán a ser los mismos y los costos de esta nueva carestía, los terminará pagando quienes están a favor y en contra del bloqueo.

Tal vez, ahora, los codirectores del Banco de la República, le echen la culpa de la creciente inflación colombiana, al taponamiento de las vías en el Cauca. Ya el fenómeno del Niño no será el único culpable.

Pero, sin querer, queriendo, a Popayán le llegó el “Castro-Chavismo”. Largas filas en los supermercados, estantes vacíos; escasez de medica mentos; largas filas en las bombas de gasolina. Para reafirmar este argumento, acudo a lo que dijo en televisión nacional, el venezolano atascado en la terminal de transporte terrestre de Cali: ¡Salí de las brasas para caer en las llamas!

De otro lado, qué es primero ¿el huevo o la gallina? El cierre de la panamericana, ha creado la disyuntiva entre la economía y política. Lo cierto es que la falta de política, afecto la economía de la ciudadanía. El bloqueo estaba avisado. En la ciudad, no se previno tal situación, a los payaneses nunca se les planteo un plan de contingencia para afrontar lo que puede ser una eterna noche.

En esta región, los taponamientos pueden durar más de un mes. No se hizo nada para favorecer a los payaneses. Ahora, si es que el dialogo fracasa, habrá que apelar a la solidaridad nacional, similar a la que se tuvo con el Ecuador, por el terremoto.

Otro problema en este enredo es: ¿quién manda en el paro? ¿La Asociación de Cabildos del Norte del Cauca? O ¿El Consejo Regional Indígena del Cauca? O ¿La Organización Nacional Indígena? ¿La Cumbre Agraria? ¿Cuál? Parece que el taponamiento no solo es en la panamericana.

No obstante, hay que perseverar en el dialogo. Como dijera el actual presidente del Senado: hay que oír los reclamos de la gente, hay que buscar soluciones, porque hace más de 50 años, no se escuchó a unos campesinos y todo termino en un conflicto que hoy busca su terminación en la Habana.

Ha hecho bien el Senador Velasco, al conformar e integrar, la comisión de senadores para oír a los manifestantes. Luego de reuniones en la María Piendamo y en Santander de Quilichao, se avizora una luz de solución.

Lo cierto es que la región reclama atención a sus problemas. Las protestas están surgiendo por la alta desigualdad económica. Ya lo dijo Piketty, el economista Francés: la de Colombia, es una de las más altas del mundo. Aunado a esto, el país tiene el 60 % de informalidad laboral. La gente trabaja en la acera de la calle, en la calle misma.

Y como la desigualdad social y económica, no solo toca a los sectores sociales que duermen en la vía panamericana, sino a la generalidad de la población, el bloqueo puede ser visto, como una desigualdad más, otra forma de discriminar. Solo se escucha a quienes ejercen presión, y los demás ¿qué?

Al fin de cuentas, queda una agria inflación económica y política. El tejido social debe recomponerse.