Las heces que no incomodan a la CRC
Fabrit Cruz
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Redacción Fin de Semana
Mientras en Popayán no se sale del debate sobre la aceptación o rechazo de la creación de una Mega Cárcel; la actual penitenciaría de Mediana y Alta Seguridad de Popayán, deposita aguas negras que contienen heces, a la quebrada Manzanar y el Río Blanco, según la Corporación Autónoma Regional del Cauca, (CRC).
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la cárcel San Isidro no está operando. Sus residuos son arrojados a las cuencas desde 2011. Se han instaurado dos acciones de tutela y aún nadie resuelve el problema. El abogado Pablo Felipe Arboleda Delgado adelanta un pleito jurídico para exigir el resarcimiento del daño y poner punto final a la contaminación de la quebrada Manzanar y el Río Blanco, principales afluentes de agua de la vereda Las Guacas; lugar donde vive.
La cárcel está ubicada al norte de Popayán. En la actualidad, alberga cerca de 3 mil internos, (con hacinamiento del 40% aproximadamente, de acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, regional Cauca).
Ese centro de reclusión que fue remodelado a principios de milenio tiene una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que cuenta con un reactor de lodos, y un lecho de secado que lucen completamente colmatados. Por consiguiente, “nunca se ha hecho mantenimiento y la solución fue cortar la tubería y lanzar directamente los residuos a la quebrada y al río”, afirma Arboleda Delgado.
La PTAR buscaba ser la solución para el tratamiento de las aguas residuales, que desde los inicios de la construcción de la cárcel, eran dirigidas a unos pozos sépticos, que ya cumplieron su utilidad. Sin embargo, dice el abogado Arboleda Delgado, “se hizo la nueva ampliación con el riego permanente de los desechos orgánicos de las aguas hervidas hacia dos quebradas que recorren los terrenos de los vecinos del sector”.
La penitenciaria tiene ubicado el vertedero en un área boscosa donde nace la quebrada El Manzanar, entre los predios de la cárcel y una hacienda que lleva el mismo nombre del afluente. En su recorrido pasa por al menos diez predios, entre los que está la hacienda Las Guacas, propiedad de Pablo Felipe Arboleda Delgado. El hilo de agua, tiene una extensión de un kilómetro aproximadamente, y conecta con el Río Blanco, unos metros más abajo para luego unirse al Río Cauca. En ese trayecto, es utilizado como carcho para nadar y además provee del vital líquido a las personas de las veredas circunvecinas, apostadas en la ribera del río.
Estudio de la CRC
En marzo del 2012, la Corporación Autónoma Regional del Cauca, (CRC), hizo un estudio de la zona para conocer la calidad del agua y dar respuesta a una petición del abogado Arboleda, hecha en enero del mismo año.
Los documentos dan muestra de la ineficiencia que presenta la planta de tratamiento. La CRC así lo confirma. “En la visita se pudo establecer que la PTAR descrita anteriormente, no está en funcionamiento, (desde hace aproximadamente 6 meses (…)”, indica estudio. Es decir, desde mediados del año 2011.
Sobre el vertimiento de las aguas negras a los caudales, el estudio lanza una alerta afirmando que hay “incumplimiento con lo establecido en el artículo 24 del decreto 3930 de 2012”, que expresa: “(…) no se puede arrojar vertimientos que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos determinados en el artículo 9° del decreto 3930 de 2012”.
Así mismo, indica que “los tanques se encuentran colmatados de aguas lluvias, las cuales se encuentran represadas y pueden generan un problema de salud pública, además los lechos de secado están colmatados de residuos (lodos sin remover) y finalmente, el vertimiento se descarga a campo abierto”, y termina en la quebrada por el desnivel del terreno.
Así mismo, el estudio confirma la contaminación de la quebrada El Manzanar afirmando que después del vertimiento de aguas negras, “fue afectada con materia fecal”, así como el afluente de Río Blanco, presentó contaminación con heces “después de la descarga de la quebrada El Manzanar”. Finalmente, el estudio hace unos requerimientos para subsanar la afectación, sin embargo, de acuerdo con el abogado Arboleda, nunca hubo tales. Llama la atención además que la máxima autoridad del medio ambiente en el Cauca no haya tomado medidas sancionatorias frente al caso.
Directamente afectado
Son las diez de la mañana. Don Miguel Rebolledo corta el monte que cubre los lados de la carretera (destapada) que conduce a la parte posterior de la penitenciaría. Es decir, sector por donde hace su recorrido la quebrada El Manzanar. El agua del pequeño cauce luce turbia, con viscosidad. Se siente un olor maloliente. La PTAR de la cárcel se encuentra unos metros más arriba. En su mayoría, las fincas del sector son de vocación ganadera.
Don Miguel lleva más de 40 años viviendo en un rancho, ubicado en la vereda Las Guacas, un poco más abajo del vertedero de aguas negras del centro carcelario. Su hogar, dice, está ubicada a escasos 20 metros del sitio donde nace El Manzanar. Esa quebrada sirve como fuente de agua para los alimentos. No hay servicio de acueducto.
“Esa agua no sirve de nada porque está contaminada. Para tomar agüita hay que cocinarla bien. Por la noche es un zancudero inmenso por los malos olores”, expresa don Miguel, quien vive en compañía de su esposa y cuatro niños, entre ellos, un pequeño de 2 años de edad.
La lucha
El abogado Pablo Arboleda Delgado instauró una acción de tutela en contra de la Penitenciaría Nacional San Isidro (su representante para entonces era Gonzalo Alberto Barriga Flechas) y, así mimo, en contra de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, que para la fecha era dirigida por Alveiro Villaquirán.
“La tutela, (instaurada en agosto de 2013) por reparto llega a un juzgado de familia. Sin embargo, ese juzgado determina en la parte resolutiva negar la sentencia”, dice Arboleda.
Entonces, se instaura una segunda acción de tutela a nombre de los vecinos afectados. La sala del tribunal de Popayán también decida negarla. Esta decisión fue impugnada y se encuentra en este momento en la Corte Suprema de Justicia.
El abogado está a la espera desde hace seis meses para que se nombre una comisión que se encargue de investigar el caso de contaminación ambiental. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia anunció que va a ampliar la actual cárcel de la ciudad, (que pasaría de 3 mil a 7 mil internos). El cambio de intención se debe al rechazo tajante de la construcción de la Mega Cárcel por parte de la Alcaldía, el Concejo municipal y la ciudadanía en general.
Se suma, un ingrediente final, una parte de la ciudadanía rechaza la construcción de una PTAR al occidente de la ciudad; construcción que busca tratar las aguas residuales de Popayán que son arrojadas directamente al río Cauca. Un proyecto que cuenta con dineros que podrían llegar a perderse, en caso de que no se lleve a cabo.
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