Las demandas que amenazan al municipio de Popayán
Harold Astaíza Velasco
La creación de un comité de contingencia judicial para verificar cuáles son los procesos de mayores incidencias al municipio, busca una defensa en pro de los intereses colectivos. / Dairo Ortega – El Nuevo Liberal.
Los procesos jurídicos más cuantiosos que enfrenta el municipio de Popayán aún están por resolverse en los estrados judiciales. / tomada de http://cdn1.img.mundo.sputniknews.com/- El Nuevo Liberal.
Hasta el momento se han logrado identificar en la Oficina jurídica del municipio de Popayán, 494 procesos judiciales que cursan en contra del ente territorial en las diferentes dependencias, éstos pueden ocasionar un riesgo fiscal. El jefe asesor de la Oficina Jurídica, abogado Víctor Andrés Rodríguez Parra, habló con El Nuevo Liberal luego que diera a conocer en el Concejo local esta situación.
El funcionario manifestó que tras realizar un corte a 31 de diciembre del año pasado, se lograron identificar 494 demandas que permiten conocer las principales problemáticas económicas por las que podría atravesar el municipio.
“El alcalde César Cristian Gómez Castro, recomendó la creación de un comité de contingencia judicial para verificar cuáles son los procesos de mayores incidencias al municipio, logrando así entablar una defensa en pro de los intereses colectivos”, indicó Rodríguez.
Si bien es cierto que hoy existe un comité de conciliación judicial y unos apoderados que siguen el curso normal de los procesos, el objetivo es que este grupo permita de acuerdo con unos parámetros, priorizar los casos donde se debe tener mayor atención y poder establecer adecuada y tempranamente las estrategias necesarias para poder defender los intereses del municipio.
El jefe Asesor Jurídico dio a conocer la probabilidad de pérdida o ganancia de los procesos judiciales y solicitó al Concejo Municipal apoyo para enfrentar las demandas y las sentencias judiciales como un trabajo articulado que permita beneficiar a los payaneses.
De acuerdo con el funcionario, algunas de las demandas son antiguas y se rigen por el procedimiento escritural en la jurisdicción Contenciosa Administrativa, datan desde 1998 hasta el presente, las cuantías de las pretensiones ascienden a un monto de 82 mil millones de pesos. “Igualmente se está verificando y rastreando con comprobación en los despachos judiciales, el estado real de estos procesos para descartar que el municipio no cuente con más demandas incluidas en la base de datos entregadas por la administración anterior”.
La gran mayoría de las demandas provienen de reliquidaciones pensionales; también de los docentes por reconocimiento de primas de servicio; accidentes de tránsito en las cuales particulares demandan al municipio por presuntas omisiones en señalización o mantenimientos viales. Asimismo, se incluyen reclamaciones por reconocimiento de cesantías, prestaciones sociales de los funcionarios, nulidad de las multas de tránsito y los ciudadanos presentan acciones populares para protección de sus derechos colectivos como el ambiente sano, entre otros, contemplados en la Constitución Política.
Los casos más importantes
Haciendo la priorización de los casos, los abogados de la oficina asesora han encontrado dentro de los procesos judiciales más importantes y de riesgo para el ente territorial, el caso del consorcio de los Hermanos Solarte. “Demanda en la cual en primera instancia el Tribunal Administrativo condenó en abstracto al municipio de Popayán para resarcir los perjuicios causados al señor Luis Solarte hoy fallecido, la estimación razonada estaba en aproximadamente $34 mil millones de pesos, es un proceso que no se ha culminado”, explicó el jurídico.
El litigio se encuentra pendiente con una tutela en el Consejo de Estado, que determinará si se debe conformar un tribunal de arbitramento para que dirima este conflicto o si en definitiva es el alto tribunal que deba resolver de fondo en una segunda instancia.
Otro de los pleitos grandes que tiene el municipio es con la desaparecida Compañía de Electricidad del Cauca (CEC), que demandó al ente territorial por un proceso policivo de desalojo, puesto que la empresa Cedelca había declarado incumplimiento del contrato de gestión a la antigua CEC, y se acudió al amparo policivo para que la alcaldía desalojara de las instalaciones a la CEC, procedimiento que se llevó a cabo por parte de la secretaría de Gobierno.
“La CEC demandó al municipio en 2010, diciendo que el municipio no era competente para realizar ese desalojo porque con esta acción prácticamente se había materializado la terminación del contrato de gestión con Cedelca, que por ende le adeuda aproximadamente 25 mil millones de pesos de utilidades del contrato por el manejo de la electricidad en el Cauca”, precisó Rodríguez.
Este proceso está en la etapa para presentar alegatos, no ha habido fallo en primera instancia, se estaban decretando algunas pruebas, el municipio llevó las suyas al igual que los demandantes, se está a la espera, superada esta fase, que el Tribunal Contencioso decida.
Una disputa más que está latente, (si bien hoy existe un amparo popular), tiene que ver con el Concejo Municipal que reliquidaba unos honorarios de corporados porque consideraban en el monto sufragado por cada sesión debían ser incluidos los factores salariales y prestacionales que devenga el alcalde. “La reliquidación mediante acto administrativo que expidió el Concejo ascendía aproximadamente a 40 mil millones de pesos. En su momento, se interpuso una acción popular en coadyuvancia con otros concejales que estaban en ejercicio, lograron que el Tribunal Administrativo del Cauca ordenara la suspensión de los efectos de ese acto”, relató el abogado.
Por su parte, los concejales demandantes interpusieron una acción de tutela en contra de la acción popular que fue confirmada por el Consejo de Estado, que considera “que no hay vulneración de los derechos colectivos y por lo tanto la acción popular debería revocarse por vía de hecho. Si bien es cierto que la alcaldía no tiene riesgo financiero hay que esperar resultas de la acción constitucional para ver si el proceso queda suspendido”.
Ante las 494 demandas que tiene el municipio, le preguntamos al jefe jurídico si es usual que un ente territorial enfrente tantos procesos y afirmó que sí, que es “normal que las personas demanden al Estado, porque lastimosamente no se ha defendido bien y eso ha hecho que sea muy atractivo interponer demandas”.
Sin embargo, desde su punto de vista, el municipio de Popayán ha tenido un buen comportamiento en su defensa judicial, porque ha ganado la gran mayoría de demandas, aunque esto no garantiza el 100 por ciento de éxito, puesto que hay errores que no pueden ser subsanados. “Un ejemplo de ello es que se ha logrado establecer que los docentes no tienen derecho a una prima de servicios que estaban solicitando, si bien individualmente no son demandas cuantiosas, reunidos todos los profesores es una suma importante que afectaría las finanzas del municipio, hasta ahora los juzgados están fallando en primera audiencia y denegando las pretensiones”, concluyó.
En resumen, los procesos judiciales tienen la probabilidad de ganancia o pérdida, por eso el municipio aprovisiona recursos en el rubro de sentencias y conciliaciones de darse fallos en contra para cancelarlos oportunamente. “Existirían riesgos financieros en la medida que los procesos de mayor trascendencia suman entre 30, 25 y 40 mil millones que afectarían el funcionamiento de la entidad territorial, recordemos que en el año 2001, se entró en ley 550 por una obligación de 22 mil millones de pesos”, aseveró Víctor Andrés Rodríguez.
Otras demandas
Según Víctor Rodríguez, jefe jurídico del municipio, además de las demandas expuestas, las que mayor riesgo financiero representan para Popayán son las de accidentes de tránsito, (que actualmente son 30) sobre todo cuando hay víctimas fatales, donde se reclaman daños morales por cuantía de entre 500 y mil millones de pesos.
También hay demandas que vinculan al municipio cuando hay fallas médicas en el Hospital Universitario San José, aunque no hay legitimación por parte de la alcaldía de todas maneras los abogados demandantes las vinculan y son habitualmente por muertes ocasionadas en procedimientos hospitalarios, cuyos montos son de igual cuantía que las anteriores, existe un promedio de 15 casos registrados.
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