“La reforma política es una colcha de retazos”: Misión de Observación Electoral

08:35 am 30-septiembre

Por: Olga Portilla Dorado

@olguitapd

“¿Cuáles son las preguntas que responde la reforma política?, ¿Estamos generando soluciones a los problemas que tenemos?, ¿Se está montando en un país presidencial una lógica muy parlamentaria?, ¿Qué nos dice la reforma? ¿Hasta dónde va a ir y qué consecuencias tiene en lo regional?, fueron algunas de las preguntas que puso sobre la mesa, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.

En el marco de un encuentro de editores políticos de diferentes regiones del país, Barrios, junto a otros funcionarios de la MOE, hablaron de corrupción, contratos, financiación de campañas, ley anticorrupción, reforma política y elecciones.

Además,  se debatieron los proyectos “más polémicos” y que coinciden en las propuestas presentadas por los partidos y el Gobierno, haciendo reparos en algunos de ellos y preguntándose el para qué de esos articulos.

La principal conclusión a la que llega esta plataforma de organizaciones de la sociedad civil, es que la reforma es “una colcha de retazos” donde hay propuestas, pero no se regula integralmente el tema, y sobre todo, no acoge el principal problema que tiene el país: carecer de una autoridad electoral que vigile, controle, gobierne y responda por lo que es el proceso electoral.

“No deja un mensaje claro hacia a dónde vamos, se amplía la democracia en algunos sentidos para generar que entren mayores organizaciones políticas, pero se cierran a través de otros mecanismos como lo es el voto único partidista o el incremento de los umbrales, son mensajes encontrados en algo que tiene que ser muy coherente porque tiene que tener un objetivo”, señaló Camilo Mancera, coordinador del observatorio jurídico de la MOE.

Los proyectos

Las reformas incluyen 18 proyectos, dos actos legislativos, tres leyes estatutarias, una ley orgánica, dos leyes ordinarias, reformas políticas y electorales sobre distintos aspectos, entre ellos: senado regional, segunda vuelta en elecciones de autoridades locales, voto obligatorio y reducción de la edad para votar (desde los 16 años), ampliación del umbral electoral y la eliminación de las curules para la fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia que obtengan la segunda mayor votación en esos comicios, reglamentación de las coaliciones, circunscripciones especiales transitorias de paz (hay tres iniciativas distintas), delitos conexos a los delitos políticos, calendario electoral (se está buscando unir  todas las elecciones), y mecanismos de participación ciudadana.

Además, se suma el tema de reforma a la justicia, ya que hay distintos asuntos políticos que se están tocando en ella, como por ejemplo la designación o elección de altos dignatarios del país, entre ellos el registrador nacional, y la participación de las Cortes.

En ese sentido, el análisis y la posición de la MOE, es que por ejemplo en lo que tiene que ver con el diseño institucional electoral, la Registraduría “no se toca”, salvo en la propuesta de reforma a la justicia que cambia el modelo de elección; por lo que desde la Misión se señala que esto es “supremamente grave”, ya que la Registraduría es la que dice “quién gana y quién pierde”, y el objetivo sería tener la mayor independencia posible.

Por otro lado, se plantea crear una Corte electoral, la cual sería elegida por las demás Cortes, propuesta que iría en contravía de los dos proyectos de reforma a la justicia que hay y que buscan eliminar todas las facultades electorales de las Cortes. En la propuesta, la Corte electoral tendría la posibilidad de revocar los candidatos por inhabilidades, es decir, sería un juez el que tendría a su cargo limitar los derechos políticos.

Sin embargo, para la MOE es claro que se dejan por fuera aspectos como la capacidad técnica del organismo electoral, la gobernabilidad que debe tener sobre todo el proceso, y que haya una entidad a cargo, que investigue y sancione el tema de financiamiento en las campañas.

“Se avanza, pero se deja el boquete del Consejo Nacional Electoral”, dice Mancera.

Otro de los análisis se hace sobre la adquisición progresiva de derechos, el ingreso de nuevas organizaciones o partidos políticos, propuesta que coincide tanto en el proyecto presentado por el Gobierno como en el de los partidos. Aquí se buscaría que pese a no alcanzar el umbral, con una votación significativa, un partido podría tener personería jurídica.

“Por ejemplo, para las elecciones a Congreso me presento con lista cerrada, no gano una curul, no obtuve el umbral, pero en seis Departamentos tuve una votación significativa; aquí lo que me dice la reforma es que en esos seis Departamentos tendré personería jurídica y podré presentar candidatos allá. Lo que termina pasando, es que me lanzo al Senado y miro a ver en qué regiones puedo avalar candidaturas”, explica el coordinador del observatorio jurídico de la MOE.

La Misión insiste en que tener más o menos partidos políticos “no es bueno ni malo”, lo que sucede con estas propuestas, es que no hay una regulación integral, una normativa, porque en el caso de que se otorguen esas personerías jurídicas de acuerdo a los votos en los Departamentos, no se sabe si esa organización va a tener recursos, espacio en los medios, a quién se le exigirá rendición de cuentas de financiación, etc.

Además, no hay que perder de vista que a estas organizaciones regionales que se puedan generar, se suman los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC) (presentación de candidatos por firmas), y las coaliciones; tres oportunidades para volverse partido político o para mantener la personería jurídica de los que ya existen.

Sobre la lista cerrada para Congreso y Presidencia, casi la totalidad de los proyectos presentados coinciden en ella, aunque algunos han sido más ambiciosos y le apuestan también a la lista cerrada para las regionales; lo cual no sería del todo errado, siempre y cuando se garantice la democracia interna de los partidos para la selección de los candidatos, que exista un mecanismo de participación democrática para que no sea una designación arbitraria.

La propuesta de que haya un Senado Regional no es una novedad, pues tiempo atrás se ha discutido con el argumento de que existe una subrepresentación de los territorios en el Congreso de la República, frente a otros territorios que no tienen representación. Sería una fórmula mixta: 70 curules en circunscripción regional y 30 en circunscripción nacional.

La MOE realizó un piloto con base en las elecciones pasadas, y según la actual composición del Congreso, al Centro Democrático se le incrementaría tres curules, al partido Conservador, Liberal y al Verde, uno; mientras que al Polo y a la Decencia, se les quitaría una curul.

“Se terminan afectando las alternativas políticas y los partidos políticos pequeños. El umbral se incrementa tanto que solo pueden pasar los partidos más grandes, esto claramente tiene un impacto muy fuerte”, explicó Mancera.

En lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos y las campañas, que es una de las mayores preocupaciones, y por ende debería haber propuestas para combatir la ilegalidad de los recursos que entran a las campañas, no se está hablando de fortalecer esa capacidad institucional, de investigación, control y sanción.

Según la MOE, uno de los temas debería ser la obligatoriedad de las distintas campañas de presentar los informes de financiamiento, no uno ni dos meses después, sino en tiempo real.

La propuesta de la reforma es dar anticipos, que sea una financiación preponderantemente pública, con el anticipo del 50% a los candidatos y el otro 50 se determina según las mujeres que se presenten, los jóvenes y el éxito electoral de las elecciones anteriores, esto con el fin de mejorar las condiciones de igualdad para el financiamiento.

Respecto al voto obligatorio y que se pueda votar desde los 16 años, la posición de la Misión de Observación Electoral, es que la discusión debe trascender a cómo garantizar el acceso a los puestos de votación, pues en varias regiones como Cauca, Chocó, Nariño, y en otras tantas del país, un total de 300 municipios presentan dificultades para el acceso a estos lugares de votación.

Así como ocurriría con el voto único partidista (que se vote por el logo de los partidos que presenten candidatos), la segunda vuelta en elecciones de autoridades locales tendría la misma fórmula, y de aprobarse este proyecto así como está planteado, los Gobernadores serían elegidos “por la mitad más uno de los votos obtenidos por el voto único partidista en el departamento”. El candidato a la Gobernación correspondería al primer lugar de la lista del voto único partidista de la Asamblea; y en los distritos o capitales departamentales con población superior a 100.000 habitantes (por ejemplo Popayán), el candidato a la Alcaldía sería el que ocupe el primer lugar en la lista de voto único partidista del Concejo.

De acuerdo con las pasadas elecciones de autoridades locales de 2015, en 24 departamentos habría que hacer segunda vuelta (entre ellos el Cauca).

Entre todas estas propuestas, la mirada, para la Misión de Observación Electoral se centra en los intereses que pueda haber en tres artículos: cambio de partido por única vez, Grupo Significativo de Ciudadanos que llega al Congreso con derecho a personería jurídica, y si siendo Congresista podría pasar a algún Ministerio.

“Una forma muy extraña de ver la gobernabilidad y conseguir los votos”, concluyó la MOE.

“El mico” y la defensa del Gobierno

 “Ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a la que pertenezca, durante el periodo constitucional. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la corporación”, es como quedaría el artículo 186 de la Constitución, si se lograra la aprobación de la propuesta hecha del proyecto de reforma a la justicia presentada esta semana por el Centro Democrático.

Este proyecto de reforma a la justicia radicado por la Senadora caucana Paloma Valencia, no solo propone unificar las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional en un organismo denominado Tribunal Supremo Constitucional, sino que contiene otra serie de disposiciones, que a ojos de la MOE “pueden impedir que se sigan adelantando investigaciones contra congresistas por casos como la parapolítica o el carrusel de la contratación”.

“Es peligroso porque fomenta la impunidad. No creo que ningún ciudadano en Colombia pueda creer que procesos como los de la parapolítica o los que han destapado la corrupción de congresistas y contratistas, podrían haber sido investigados si hubieran tenido que pasar por otros congresistas para que ellos tomaran la decisión de si podían ser investigados”, le dijo a Semana la directora de la MOE.

Nuevamente surge la duda de si los proyectos de reforma política, electoral y de justicia se están presentando y quieren ser aprobados para casos especiales o de verdad se quiere llegar a la solución de los problemas que hay.

De otro lado, el miércoles en la mañana, en la Comisión Primera se dio el primer debate de los proyectos de reforma política y electoral, y al de reforma política y otras disposiciones, presentados por el Congreso y el Gobierno, respectivamente.

Aunque se lograron algunos consensos respecto a la democratización de los partidos, la eliminación del voto preferente, la transformación del Consejo Electoral y la participación de las mujeres; hubo temas como el voto obligatorio, el Senado Regional y la modificación a la manera como se elige presidente de la República, que no tuvieron un acuerdo.

Sobre el particular, uno de los ponentes del proyecto, el Senador caucano Temístocles Ortega aseguró que “esta reforma debe ser el resultado de un consenso entre todos los partidos, que recoja puntos de vista desde hace varios años y el sentir de la sociedad colombiana frente a este tema”.

El también caucano Luis Fernando Velasco, señaló que esta reforma debería de lograrse a través de un consenso ya que se está definiendo el cómo acceder al poder, porque como se hace actualmente en el país, le hace perder legitimidad; por lo que los cambios que se den de acuerdo a la reforma que se apruebe deberían traducir confianza en los ciudadanos.

A su turno, Gustavo Petro fue radical en su posición, señalando que estaría dispuesto a discutir, “si la reforma política fuese para quitarle la criminalidad a la política. Si no hay una reforma en el Consejo Nacional Electoral, estamos cometiendo una inocuidad llamada reforma política”.

Incluso, en la discusión quedó en evidencia problemáticas ya anunciadas por algunas bancadas y por la MOE sobre la reglamentación para las coaliciones y los Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC), y así saber si se crearon y fueron elegidos para llegar juntos a un cargo, o si en el camino les da por “venderles su oportunidad al mejor postor”.

Las preguntas continuarán, el debate de la reforma política no ha acabado, y se espera que este martes se vote el articulado.