[/su_heading
QUEIPO F. TIMANÁ V.
Al ser la primera pandemia que obligó a parar el sector industrial, financiero y el de servicios, lo cual produjo un alto desempleo que llegó a ser superior al 21%, cifra alarmante por cuanto deja cesantes a millones de obreros y empleados y repercute en la manutención de sus hogares y la seguridad de la familia de cada persona desempleada hombre o mujer en todo el país.
En el año 2019, cuando los países latinoamericanos tuvieron un crecimiento cercano a 0, Colombia creció a 3.3%, era la tasa más alta de los países medianos y grandes, o sea por encima de los países tradicionalmente campeones como lo fueron Chile y Perú; se preveía para el año 2020 un crecimiento superior al 4%. Infortunadamente nos llegó el coronavirus y vino el desplome de los mercados y llegamos a un crecimiento negativo.
Según el Dane en su informe de marzo del presente año, trece millones de colombianos sufren la “pobreza monetaria”, es decir, no disponen de un ingreso suficiente para atender sus necesidades básicas, lo cual equivale al 27% de la población. En cuanto a la pobreza extrema, o sea cuando no se pueden satisfacer las necesidades básicas vitales como alimento, agua potable, techo y servicios sanitarios, hay 3.5 millones de personas que representan el 7.2% del total. Para finales del presente año, estos porcentajes se han elevado de manera significativa en cada departamento.
Si es catastrófico el incremento del desempleo, la aparición del empleo informal es más grave, por cuanto no permite ahorrar para una seguridad social, a un ahorro para la vejez, ni satisface las necesidades básicas; todo esto impacta con mayor fuerza en el acceso y permanencia de estas personas en el sistema educativo, por cuanto el paso de una educación presencial a una educación remota, requiere además de una buena conectividad, unas instalaciones que sean garantía de la alternancia, baterías sanitarias suficientes y en buen estado, al igual que el derecho al agua potable y la dotación de lavamanos con jabón, para el estricto cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. También se hace necesaria la capacitación de los maestros que fueron formados para una educación presencial, sin el conocimiento de los nuevos paradigmas que rigen la modernidad.
Recordemos que la educación es el mayor activo que tiene una persona proveniente de un hogar pobre, para aspirar a un lugar de mejor bienestar en la sociedad.
Nos llegó la cuarta revolución industrial y nos exige a hombres y mujeres capacitarnos y formarnos en el uso y aplicación de tecnologías incluyendo también a los trabajadores que han quedado desempleados.
Según un reciente informe del ministerio de educación nacional, de los 9.395.018 estudiantes matriculados en colegios oficiales y privados del país, por efecto de la pandemia más de 102.000 ya no se conectan ni volvieron a clases, lo que podría ocasionar una deserción escolar mayor al 7%, lo cual por supuesto afecta en mayor grado a niños y niñas más vulnerables.
Esto crea las condiciones para un aumento en el embarazo de adolescentes, la explotación laboral, el abuso sexual y los riesgos de múltiples situaciones de violencia. Las consecuencias del aislamiento preventivo inciden en el avance en los procesos de socialización de los estudiantes, dificulta la posibilidad del desarrollo de las competencias socio-emocionales en su relacionamiento entre compañeros e incide drásticamente en su desarrollo corporal-biológico al no recibir su alimentación escolar, el ser apoyado por los entornos escolares y el acompañamiento psicosocial que recibe en su colegio. Todo esto conduce a un atraso mayor y a una mayor desesperanza del pueblo.