Por Paloma Valencia
El Fiscal General de la Nación, volvió a desconcertar al país ahora con un proyecto que pretende rebajar las penas de los abusadores de menores. No merece la pena debatir el asunto. Algunos opinan que semejante intento está relacionado con el único empeño que ha mostrado el Fiscal: lograr la impunidad para las Farc. Seguramente es así, de alguna manera debe serlo.
La única obsesión del Fiscal es lograr que los narcoterroristas no paguen cárcel. De ahí que ahora diga que la falta de cárcel no es impunidad, que las penas de servicios sociales bien cumplen el propósito punitivos para los criminales de lesa humanidad. Su propuesta de sentencias de equidad en materia penal que permiten que el juez no aplique la norma, y más bien decida utilizando su criterio de equidad, busca también una salida al dilema de las penas que prevé el Código Penal a las conductas de las Farc, y sobretodo a la amenaza que supone la Corte Internacional para los intentos de amnistía e indultos.
No solo la Farc, tambien le importa lo suyo. Defendió que una funcionaria suya, curul por curul, exhortara a los senadores para que no votaran una ley que lo podría inhabilitar para litigar durante los siguientes 5 años a su retiro como Fiscal. ¡No se sonrojó al manifestar que estaba “en todo su derecho” de defender sus propios intereses laborales! Tampoco se sonrojó cuando amenazó al senador Velasco diciéndole “usted me está atacando”, por haber denunciado el lobby.
Con excusas baladí Montealegre cita y amedrenta a los periodistas que le son críticos a que rindan indagatoria. Tiene a la ex Contralora Morelli refugiada en el exterior, por haberse ella atrevido a investigar los vínculos de Montealegre con el desfalcó a la salud perpetrado por su defendido Saludcoop -Montealegre renunció a ser Presidente de la Corte Constitucional para tener el “honor” de defender ese cliente.
Acusa –prejuzgando- desde todos los micrófonos a los principales líderes de la oposición, que no es, en mi opinión, otra obsesión sino la misma por las Farc. Quiere conducir al Centro Democrático al exterminio moral, para quitarle credibilidad a quienes atacamos las complacencia con los violentos. Cada vez tengo más razones para concluir que todo es un plan macabro para proponer impunidad para los uribistas, a cambio de que se acepte la impunidad para las Farc -con la mágica fórmula del ex presidente Gaviria.
Lo único positivo de este mar de provocaciones es que los colombianos se han empezado a preguntar ¿quién controla al Fiscal? El carácter más ponderado de los fiscales anteriores no nos había dejado ver que estamos ante un funcionario que no es electo democráticamente y sin embargo tiene un fuero igual al del Presidente que solo responde ante una inoperante Comisión de Acusaciones y el dispendioso tramite que le sigue; es decir que carece de controles. Es hora de replantear el régimen de responsabilidad del Fiscal.
Durante la pasada legislatura, presenté un proyecto según el cual el Fiscal sería seleccionado por el Presidente de ternas enviadas por la academia y luego sometido a la ratificación o veto por parte del Senado. Además, el Congreso podría ejercer la moción de censura sobre el Fiscal, tal y como hoy lo hace con los ministros. Existen alternativas, pero el país no debe aceptar las compacencias en impunidad del Fiscal y los altos magistrados que hoy ofrece el gobierno en el proyecto de equilibrio de poderes, para calmar la ira de quienes gozan de impunidad y pretenden, a toda costa, mantenerla.
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