La Mineria Problema Insoluto

Por Alvaro Grijalba Gómez

Conocí de primera mano el gravísimo problema de la minería en nuestro departamento, pues tuve la oportunidad de visitar con un importante equipo interinstitucional varias zonas en donde esta actividad va socavando a pasos agigantados e imparables nuestro territorio, circunstancias análogas a las que ocurren en el resto del país minero.

La ilegalidad en la explotación, convierte este tema en uno de los más graves problemas que sólo con unas políticas serias, sensatas y firmes de Estado, enmarcadas dentro de un acertado equilibrio social y económico, podrán evitar el irredimible caos y deterioro ambiental y social que está causando a nuestra diversidad biológica y cultural la incontrolada minería en el departamento.

La ilegalidad de este medio de subsistencia ancestral para muchísimos humildes compatriotas, blancos, negros, mestizos e indios, que le ponen la espalda al sol barequeando todos los días o se internan en el corazón de las montañas caucanas, fue generándose por la incursión progresiva de los grupos al margen de la ley para apoderarse de esta actividad y convertirla en su más lucrativo negocio “legal”, por encima del tráfico de estupefacientes que unido al secuestro, las extorsiones y otros delitos, han sido base del enriquecimiento ilícito para el financiamiento de esos grupos criminales.

El país necesita cuanto antes un Código Único Minero que acopie toda la normatividad existente desde hace más de una centuria que anda como rueda suelta otorgado títulos, inclusive a perpetuidad, como lo hizo Francisco de Paula Santander en el Siglo XIX, pues esa dispersión no ha permitido encauzar esta actividad hacia una justa rentabilidad, que ofrezca frutos no solo para quienes realizan la explotación de nuestras recursos no renovables, sino para las comunidades en donde los explotan que registran los más altos niveles de necesidades básicas insatisfechas.

En la actualidad más del setenta por ciento de nuestros mineros artesanales no tienen títulos, mientras que el noventa por ciento de las zonas mineras se han otorgado a multinacionales para su explotación “legal”, cuyos beneficios van a sus arcas y es poco lo queda para las comunidades, pues la evasión de impuestos, la falta de un control efectivo e inmune a la corrupción, por parte del Estado no han permitido taponar este desangre en nuestra economía. Las toneladas de oro que se llevaron y se llevan del país sin control son incalculables.

El oro siempre ha sido la presa predilecta de grupos delincuenciales, que explotan sin compasión nuestras tierras arrasando con la biodiversidad, con la ecología, con la fauna, con el patrimonio ambiental de las futuras generaciones, erosionando no solo los territorios y las cuencas con sus retroexcavadoras y envenenándolos con cianuro y mercurio, sino dragando la estructura social de nuestros pueblos.

La fiebre del oro no es tema de hoy o de ayer o de antier, es el mito del dorado, de los incas, de los chibchas, de los mayas, que desde épocas prehispánicas ya se cubrían de este precioso metal para sus resplandecientes ceremoniales, porque es precioso, brilla, cautiva por su valor y es sinónimo de poder.

Hoy la extracción del oro es una de las actividades más lucrativas pues un kilo se estima en más de setenta y tres millones de pesos que fundido en lingotes se convierte en dinero, en billetes que dan gran capacidad adquisitiva y muchísima mayor rentabilidad que un kilo de coca que vale cuatro millones aproximadamente y está penalizado.

Se hace necesario que el Estado brinde apoyo económico y técnico, a todos los grupos asociativos del país en los procesos de legalización de su actividad minera ancestral, para que los mineros que derivaban su sustento, como lo hicieron sus antepasados, arrancándole a la tierra y a los ríos sus minerales, puedan ayudar a construir un país mejor dentro de la legalidad, situación compleja para el posconflicto, si es que se firma la paz de La Habana.

La minería es tema de gran importancia para debatir en las campañas que se avecinan para quienes aspiren a las alcaldías, concejos, asambleas y gobernaciones.