WALTER ALDANA Q.
Lo aprendimos en primaria, Colombia es un Estado Social de Derecho, con tres ramas del poder: el judicial, el legislativo y el ejecutivo, cada una con sus postulados- responsabilidades, misiones y visiones para el actuar armónico de la democracia en el país.
Como en toda democracia las decisiones de unos u otros pueden ser motivo de discusión, de diferencia conceptual jurídica o de diferenciación ideológica y política, por ello existen partidos de gobierno como Cambio Radical, y de oposición como la Colombia Humana-Up.
Por ello la alternatividad, incluso con la participación de algunos parlamentarios de los partidos tradicionales, proponen la “renta básica” para enfrentar la pandemia; mientras el presidente y sus partidos aliados favorecen a la banca y la gran industria, a los conglomerados de cadena, realizando el día sin IVA, pero sólo pudiendo comprar con dinero plástico, cosa que no se puede realizar en la tienda de barrio.
La estabilidad del funcionamiento de la rama judicial está dada por su independencia y autonomía, la existencia de varias cortes y NO solo de una, la no coincidencia de los periodos de sus magistrados con el ejecutivo, y por el respeto a las actuaciones que en derecho se tomen. Es por ello que asombra, por no decir lo menos, las expresiones del presidente de los Uribistas sobre su mentor político: clamar (que suena como una exigencia) por la libertad del senador para su “defensa” en libertad y no desde la reclusión de su casa, así como señalar que existe un “desequilibrio” en referencia a la presencia de parlamentarios de la extinta guerrilla de las Farc-Ep. Lo anterior termina siendo ejercer indebida presión e irrespetar la autonomía del poder judicial. Los dos casos en mención están cobijados por decisiones desde la corte suprema de justicia el primero y el segundo por la honorable corte constitucional.
Que alguien exprese su “patriótica, ciudadana y afectiva solidaridad” con el Sr. Uribe, u otro diga que es una “ignominia judicial”, vaya y venga, entre otras cosas porque no estamos evaluando su aporte o no a la construcción de país; se habla y evalúa su comportamiento presuntamente ilegal en manipulación de testigos como determinador y beneficiario del delito.
Pero que sea la primera autoridad de los colombianos el presidente Duque, quien irrespeta la libertad de los poderes al pretender enfrentar (con la complicidad de los grandes medios de comunicación) a los habitantes con las cortes judiciales, es de las apuestas más peligrosas, cuando tras más de cincuenta años de guerra lo que se requiere es recobrar la confianza en las instituciones.