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El repudiable asesinato de líderes sociales en el país, tiene conmovida a la sociedad colombiana que piensa en el bien común, la cual no sale de su estupefacción y se confunde entre la impotencia y el desasosiego ante estos abominables crímenes que siegan la vida de seres buenos, servidores y defensores sociales, afectan comunidades, dejan familias enteras huérfanas y víctimas, confiscan el derecho a la defensa de derechos, pisotean éstos y crean zozobra generalizada, como el vil asesinato de la líder caucana María del Pilar Hurtado, en presencia de sus pequeños hijos, escena que conmovió al mundo entero.
El Cauca escenario permanente del conflicto armado, hoy llamado “territorio de paz”, está anhelante de una verdadera reconciliación, que nos permita vivir entre ondeantes banderas tricolores y blancas, en campos cercados por auténticos valores de paz, justicia, verdad y reparación y sana productividad, no entre agros sembrados de cruces, cannabis, coca y dolor.
La Doctrina Social de la Iglesia es muy clara en este sentido y expresa: “La paz es un valor y un deber universal, halla su fundamento en el orden racional y moral de la sociedad, que tiene sus raíces en Dios mismo, fuente primaria del ser, verdad esencial y bien Supremo. La paz no es simplemente ausencia de guerra, ni siquiera un equilibrio estable entre fuerzas adversarias… “La paz es fruto de la justicia… Para construir una sociedad pacífica y lograr el desarrollo integral de los individuos, pueblos y naciones, resulta esencial la defensa y la promoción de los derechos humanos.”
Esos mismos derechos humanos que se violan constantemente cuando se asesinan personas, líderes sociales, sacerdotes, seres de bien que luchan por la justicia social, la verdad y las víctimas, atentando contra el legítimo orden democrático y perturbando así la convivencia social.
La Iglesia y la comunidad política, son de naturaleza diferente, tanto por su configuración como por las finalidades que persiguen, por ello pueden disentir en algunos asuntos por la naturaleza misma, la conceptualización y fines de éstas.
Basados en lo anterior, creemos, la jerarquía eclesiástica Católica del Pacífico y el Suroccidente Colombiano, reunida aquí en Popayán el pasado martes 25 de junio, representada por los Arzobispos de Popayán, Luis José Rueda Aparicio, de Cali, Darío de Jesús Monsalve Mejía, y los obispos de Palmira, Edgard de Jesús García Gil, Apartadó, Hugo Alberto torres Marín, Tumaco, Orlando Olave Villanoba, Itsmina –Tadó, Mario de Jesús Álvarez Gómez, e Ipiales, José Saúl Grisales Grisales, después de reflexionar sobre el contexto que vive la región y el país, expidieron un comunicado en el que manifiestan:
1.- Que se solidarizan con las víctimas de todas las violencias que se cometen en el país e instan al Estado colombiano a que active de inmediato y eficazmente todos los instrumentos necesarios para garantizar la protección de la vida de las personas que trabajan por el bienestar de sus comunidades.
2.- Que se unen a la voz de los Obispos de Pasto, Tumaco Mocoa, Sibundoy, Ibarra Esmeraldas y Sucumbíos que en comunicado de 19 de junio pasado, rechazaron la decisión del Gobierno de reanudar las fumigaciones con glifosato de cultivos de uso ilícito, dadas las consecuencias negativas para la vida humana y el medio ambiente, e invitan a la sociedad colombiana a deslindarse de lo ilícito, especialmente de la cultura narcotraficante y reiteran el llamado al Gobierno a que proteja la vida humana, el medio ambiente y apliquen las políticas de la sustitución voluntaria de cultivos.
3.- Que apoyan la creación de un gran movimiento regional de Servidores de la Paz, para fortalecer el camino de solución dialogada al conflicto armado interno.
4.- Que mantienen el compromiso evangélico de defensa de la vida en cada una de sus diócesis, para contribuir a la protección de los líderes sociales y servidores de la paz e invitan al Gobierno a reabrir los diálogos con el ELN y las distintas organizaciones armadas.
5.- Que reconocen la importancia de las próximas elecciones como una oportunidad para fortalecer la construcción del bien común, combatir la corrupción, superar las polarizaciones y consolidar la paz territorial.
Con manifestaciones como ésta, la Iglesia Católica cuya obligación doctrinal es la defensa de toda la sociedad por el bien común, de los menos favorecidos y desvalidos, consciente que no puede quedarse a la vera de la realidad social del país, y por ello propone desde su óptica, alternativas que permitan alcanzar una paz estable y duradera en la región.
Es importante que nuestra Iglesia Católica se pronuncie permanentemente y genere debate.
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