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ANA MARÍA RUIZ PEREA
@anaruizpe
Llegó la hora de la verdad en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, y el Centro Democrático no cesa en toda clase de pataleos, o patadas de ahogado, para frenar su avance. Le tiene pánico. Ahora un congresista pretende, con un articulito, prohibir todo acceso a los archivos oficiales de la guerra, bajo el argumento peregrino de que “toda esa gente es de izquierda”; lo mismo que repiten los impresentables del sonajero para dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica, el banco de documentación oficial de lo ocurrido en la guerra.
No es una obviedad recordar que la primera víctima de la guerra es la verdad. La misión de las Fuerzas Armadas es proteger a todos los habitantes del país, de manera que el orgullo militar debería medirse en los millones de ciudadanos protegidos por una acción, y no en los miles dados de baja, en combate y fuera de él. Pero aquí la seguridad se convirtió en Defensa porque teníamos adentro al enemigo en forma de guerrillas que, decían en los manuales de inteligencia, hacían de Colombia una ficha en el dominó del comunismo internacional bajo cuyo efecto caerían todos los países del continente, detrás de Cuba. Bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional, enmarcada en la Guerra Fría, los militares colombianos de varias generaciones de soles fueron formados en la Escuela de las Américas, por el Ejército de los Estados Unidos, para enfrentar al enemigo comunista.
Que hicieran su trabajo las autodenominadas oenegés, los comités de observación de Derechos Humanos, los litigios o la prensa investigativa, no acabó con las desapariciones o las ejecuciones, solo encubrió más las tácticas de la guerra fría han seguido operando hasta este siglo, como si el Muro de Berlín nunca hubiera caído.
Obviamente, lo de tener guerrillas regadas por todo el país les dio a las Fuerzas Armadas argumentos y muchos recursos, década a década, mientras las guerrillas colombianas hacían todos los méritos para ocupar un destacado lugar en el álbum de la infamia. Los campos de concentración de las Farc con los secuestrados por años y años, por poner solo un ejemplo, son actos de degradación absoluta de la guerra, inaceptables desde todo punto de vista. Como este, las Farc cometieron infinidad de hechos atroces, afrentas a la humanidad que sus víctimas necesitan sanar.
Atrocidad es atrocidad y en deshumanización del contrario, los maestros han sido esos hijos bastardos paridos de la operación contra guerrillera, que se crearon en los 80 y con los años se convirtieron en los ejércitos paramilitares que se tomaban por días enteros con sus noches los pueblos, mientras masacraban lentamente, violaban y jugaban fútbol en la cancha del parque. Miles de víctimas de Salados, Aros, Macayepos o Segovias necesitan sanar profundas heridas.
Ni Bojayás, ni Oriones, ni Apartadós. Ni Machucas. Nunca más. Cientos de miles de víctimas reclaman verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Es indispensable garantizarles idéntico trato a las víctimas de la guerrilla como a las del Estado y a las de los paramilitares. El dolor es igual, cualquiera sea el bando que le mate a alguien un hijo. La única manera de frenar esa guerra desoladora en la que estuvimos sumergidos por décadas, es reconocerla; y saber la verdad es el primer paso en esa dirección.
He escuchado muchos testimonios de víctimas de todos los bandos y creo firmemente en sus palabras cuando aseguran que el perdón sana. Pero para hacer del perdón un acto de paz, el victimario tiene que admitir su culpa y pedir perdón ante la víctima y ante la justicia que, bajo un régimen de transición, opera para que se cumplan unas penas especiales; y se confía en que la palabra de jamás volverlo a hacer se va a cumplir en toda su integridad. Este es el sistema que el mundo ha diseñado para resolver conflictos internos; puede ser imperfecto, pero es el único que ha funcionado en Suráfrica, Sudán o Irlanda.
En Colombia, este andamiaje institucional está conformado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que no son ni mucho menos un “regalo a LaFar”, sino un hito de punto cero para el comienzo del fin a la ignominia de esta guerra inútil que nos tocó vivir.
La operación de estas nuevas entidades es una apuesta nacional para empezar la sanación por tanta atrocidad cometida, e intentar bloquearles el acceso a los archivos de la guerra es condenar a sus víctimas al olvido. Lo patético del CD es que pretenda cerrar los archivos militares, cuando ya hay fila de uniformados presentándose voluntariamente ante la JEP. Este proceso ya no tiene reversa, nos llegó la hora de la verdad.
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