La guerra de los narcos que cobra la vida de los nativos

09:00 am 31-octubre

Cristina Bautista, Q.E.P.D.

Asdrúbal Cabuyal Campo,, Q.E.P.D.

James Wilfredo Soto, Q.E.P.D

Los indígenas el norte del Cauca de nuevo lloran sus muertos, producto de la quinta masacre registrada este año, todas de iguales características: delincuentes emboscan vehículos que movilizan a los comuneros, para después atacarlos con armamento de largo alcance.

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Al final, los ataques son letales, trucando así la vida de guardias, gobernadores o comuneros. La cifra es aterradora: 53 nativos asesinados en este 2019, entre ellos quince guardias, cinco autoridades y una espiritual.

Ese martes, entonces, se vivió un capítulo más: los gobernadores Cristina Bautista y Rogelio Taquinás y los comuneros Asdrúbal Cayapú, Eleodoro Finscué, James Wilfredo Soto, José Gerardo Soto, Dora Rut Mesa Peteche, José Norman Montaño ejercían una actividad de control al interior del Resguardo de Tacueyó, cuando fueron atacados por delincuentes que se movilizaban en dos camionetas.

“Había una alerta por la retención de dos compañeros, entonces la gobernadora y los guardias llegaron hasta La Luz para verificar la situación y precisamente en ese momento se percataron que unos sujetos, en dos camionetas negras, transitaban por la zona, de ahí que intervinieran para verificar quiénes eran, pero estos no acataron la indicación de la guardia, lo que hicieron fue atacarlos con los fusiles que portaban”, narraron habitantes de la zona, quienes compartieron videos tras el ataque.

Tras esto, y luego de herir mortalmente a cinco de estos comuneros, los sujetos huyeron del sitio. Y al llamado de auxilio, los demás comuneros de la zona salieron ayudar a los compañeros lesionados, también a perseguir a los sujetos, quienes fueron ayudados por más hombres armados.

Los individuos armados continuaron atacando a los demás integrantes de la guardia. Después, algunos de los lesionados fallecieron en el sitio, otros cuando eran trasladados o ya recibían atención en el centro asistencial de la zona. Después, por orden del gobierno, vino la militarización de este municipio.

Al conocerse la magnitud del ataque, no se hicieron esperar las reacciones por parte de la dirigencia indígena, la cual indicó que el mismo es producto “del actuar organizaciones delincuenciales al servicio de narcotraficantes, quienes llegaron a sus territorios a sembrar miedo y terror”.

“Relativamente estamos solos frente esta nueva amenaza, no es cierto que nos opongamos a que la fuerza pública esté en nuestros territorios, acá hace presencia la Fuerza de Tarea Apolo, lo que cuestionamos es la falta de contundencia de las autoridades a la hora de combatir a estas organizaciones, que no tienen nada de connotación política, si no que son mercenarios de las economías ilícitas”, indica Joe Sauca, coordinador del área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Norte del Cauca, Cric.

El representante de dicha organización va más allá al preguntarse por qué, si la fuerza pública está en la región, entran en cantidades insumos para el procesamiento de narcóticos o alucinógenos a la misma.

“Cómo es que salen esos cargamentos si están las autoridades en el área, ahí es que uno dice que el gobierno y su institución militar se han quedado cortos a la hora de controlar y el otro aspecto que explicaría lo que vivimos en los territorios es el incumplimiento de los acuerdos en el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, esa tendencia a no cumplir lo pacto genera esta ola de violencia”, agrega Joe Sauca.

Esas versiones, entonces, explicarían el por qué del actuar violento de grupos como la Dagoberto Ramos, disidencia de las Farc que delinque en municipios como Toribío, donde son amplios los cultivos de coca y marihuana.

Y es que solo la Policía, este año, ha incautado alrededor de 30.500 kilogramos de marihuana en los diferentes controles que adelantan en las vías de acceso a la región. Cada dos días, integrantes de esta institución confiscan hasta tres cargamentos de este alucinógeno, muestra de la rentabilidad del negocio ilícito, el mismo que está alimentando esos planes de acabar con los nativos, quienes a su estilo, también combaten el narcotráfico.

De ahí que el presidente Iván Duque, a su llegada a Santander de Quilichao para liderar un consejo de seguridad tras esta masacre, expresara que detrás de la violencia en esta zona del país está el narcotráfico.

“Acá el mensaje es claro, son estructuras delincuenciales al servicio del narcotráfico que quieren dominar territorio, atemorizar a los indígenas, pero hoy demostramos que el Estado está en el norte del Cauca y que vamos a redoblar la presencia de la fuerza pública en la región”, fue la indicación del mandatario de los colombianos al confirmar que 2.500 integrantes de la fuerza de Despliegue Rápido Fudra llegarán a municipios como Toribío.

Mientras se da ese panorama de guerra, y hasta la fecha, van 76 reportes de amenazas a integrantes y líderes del pueblo indígena, de los cuales 50 son mediante panfletos, 13 casos de mensajes de texto, dos llamadas telefónicas y seis amenazas directas o de manera personal, cuatro indirectas y una mediante grafitis.

Y desde Tacueyó, como respuesta, la dirigencia agrupada bajo el Cric, catalogó este fenómeno como un genocidio, plateando como una salida al mismo, la implementación de los acuerdos de paz con más celeridad, en especial en lo relacionado con sustitución de los cultivos de uso ilícito.

“Que el señor presidente Iván Duque venga al territorio, que no solo esté en Santander de Quilichao, que asuma el reto de conversar con las comunidades indígenas, de trabajar como autoridades para detener este genocidio, que revise que está pasando con su fuerza pública porque con presencia de ella están funcionando las redes del narcotráfico, causando estas tragedias”, declara Aída Quilcué mientras se adelantan las actividades para despedir a las nuevas víctimas de esta guerra.