La fiebre no está en las sabanas
Sin pretensiones de hacer parte del actual galimatías jurídico y político, creado a raíz del reintegro de Gustavo Petro como Alcalde de Bogotá, gracias a una de las tutelas que salió a su favor, después de haber estado por fuera del mismo por cerca de un mes, como consecuencia de la decisión de la Procuraduría General de la Nación que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos, fallo que después de varios meses de ‘ire’ y ‘venires’ en los estrados judiciales, debido al sinnúmero de tutelas interpuestas por la defensa jurídica del Alcalde y por cientos de ciudadanos a fin de tumbar o detener la aplicación del fallo, le correspondió constitucionalmente al Presidente de la República acatar y firmar el acto de destitución, dejando en firme la sanción del ministerio público.
Este hecho se da en un contexto bastante complejo, por un lado, la actual campaña presidencial, en la que Juan Manuel Santos aspira a la reelección, proceso bastante polarizado debido a un tema crucial para la Nación: La Paz, a pesar de estar todos los candidatos de acuerdo con ella, la diferencia radica en el cómo y en ese cómo la acción velada de grupos ultraderechistas que saben que no es en la paz sino en la guerra donde adquiere validez su discurso; por el otro, la solicitud de medidas cautelares a los derechos del Alcalde, proferida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA-CIDH al Gobierno Nacional, mientras se abocaba por parte de ellos el conocimiento de la investigación y el fallo de la Procuraduría, cuestión que llevaba a dejar sin efecto la sanción y en consecuencia permitir que Gustavo Petro terminara su periodo constitucional.
El Presidente de la República, fundamentado en nuestro ordenamiento jurídico, desestimó la solicitud de la CIDH y dejó en firme el fallo de la Procuraduría, generando complacencia en algunos sectores que le indilgan a esta situación la crisis e inestabilidad administrativa, de gestión y de gobierno que hoy se cierne sobre Bogotá. Otros sectores, no menos importantes, no dudaron en expresar su rechazo desde un comienzo, explicitando sus afectos políticos e ideológicos sobre el Alcalde, con una posición bastante acrítica de su gestión.
La mayor damnificada de este embrollo, sin lugar a dudas, es y será la acción de tutela, mecanismo previsto en la Constitución Política de Colombia que busca proteger los Derechos fundamentales de los individuos “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Situación que llevó al Presidente de la República a firmar el reintegro antes mencionado.
Circunstancia que ha motivado, sobre la acción de tutela, todo tipo de iniciativas de reforma, desconociendo que es uno de los aportes más importantes de nuestra Constitución Política, a fin de que se “reglamente” su uso, para que no genere inseguridad jurídica y menos el galimatías que se ha creado, desconociendo la diversidad de posiciones, del aparato judicial, alrededor de un mismo derecho fundamental que se busca proteger, desestimando todos los beneficios que ella ha generado a los sectores más vulnerables del país, en lo que tiene que ver con la violación de sus derechos, muchos conculcados por años, antes de aparecer este instrumento.
Las particularidades que han acompañado a la Justicia Colombiana en su historia, máxime hoy cuando está pasando por una crisis mayúscula, debido a la politización y a las prácticas de corrupción que se dan en su seno, las cuales nos avergüenzan ante el mundo, deben hacernos mirar hacia otro lado.
Si bien es cierto, como lo dice el Ministro de Justicia: “El Gobierno no está pensando en echar atrás la tutela como mecanismo para la protección de los derechos fundamentales de los colombianos, eso fue uno de los mejores logros de la Constitución. En lo que se puede llegar a pensar es en hacer compatible la tutela con la seguridad jurídica”. Luego el problema está en cómo hacer para que la justicia impartida, valga la redundancia, con justicia, equidad, respeto al debido proceso y técnicamente ejercida, no impulse a los ciudadanos a hacer cada vez más uso de la tutela para proteger sus derechos.
Es tan ineficiente el aparato judicial en nuestro país, que “La tutela ha terminado suplantando el sistema ordinario de justicia”, por lo que como decían nuestros abuelos: La fiebre no está en las sábanas, lo que implica es que este galimatías contribuya a que se aboque de una vez por todas una verdadera reforma a la justicia, en donde la Tutela quede incólume como fue concebida por el constituyente primario.
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