La ‘encrucijada judicial’ del alcalde de Popayán

05:49 pm 22-enero

Este martes en la tarde se debatía si era necesaria la medida intramural contra el alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, en el marco de una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el mandatario por las presuntas irregularidades a la hora de firmar un convenio interadministrativo con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán, Emtel, y la empresa antioqueña Quipux S.A, para la prestación de servicios de la Secretaría de Tránsito Municipal.

En el Juzgado Primero Penal Municipal del Palacio de Justicia ‘Luis Carlos Pérez’, se vivió un capítulo más de este segundo proceso penal que afronta el alcalde, luego que la Fiscalía pidiera formalmente al operador judicial imponer, de manera cautelar, la restricción privativa de la libertad al considerar gravísima la forma como el ciudadano César Cristian Gómez Castro, según el ente acusador, “planeó y ejecutó un contrato con Emtel para el 2017, previa autorización del Concejo Municipal, para la prestación de dichos servicios de tránsito, situación que él sabía no se podía hacer, primero porque dicha empresa no tiene experiencia para ello; segundo, porque no estaba en la capacidad logística, ni presupuestal para garantizar la ejecución de este contrato; tercero porque debía adelantar una licitación pública y no una contratación directa”.

Es más, en estas diligencias judiciales trascendió que el mismo César Cristian Gómez, como presidente de la junta directiva de Emtel, para inicios del 2018, “instó a sus integrantes para que aprobaran la venta del 44 por ciento de las acciones para así salvarla de la grave situación financiera en que se encuentra, porque ya no tiene activos, ni capacidad administrativa para funcionar. Aun así, en el año 2017, firmó un contrato interadministrativo con esta empresa para que entrara a operar los servicios de la oficina de tránsito, actividad que no estaba en capacidad de adelantar, además se sabía a todas luces que no tenía la experiencia para ello”.

Para sustentar la necesidad de la medida intramural, la funcionaria de la Fiscalía hizo una amplia exposición con la copia del contrato, actas de reuniones, de inicio, así como grabaciones telefónicas y otros elementos que sustentarían que, a pesar de saber que contrariaba la ley, el hoy alcalde terminó ejecutando este contrato con Emtel, pero a la vez, ésta subcontrató con la empresa Quipux S.A, para cumplir con lo pactado, es decir, “este última terminó realizado las tareas planteadas en el objeto del convenio con la primera empresa, acto que va en contravía con la buena administración de los recursos públicos, ya que se quedaba con el 25 por ciento del valor que se generaba de esta actividad”.

“Señoría, tenemos en nuestro poder grabaciones telefónicas así como documentos donde se alerta al alcalde sobre el error que se cometía, si se llegaba a celebrar dicha contratación, como efectivamente sucedió, por ejemplo el concepto desfavorable de la entonces secretaria de Hacienda municipal, Claudia García, frente a dicha contratación, al considerarla contraria a la ley y muy desfavorable para el municipio, muestra que César Cristian Gómez Castro sabía que cometía un delito, aún así, ejecutó dicho contrato”, agregó la Fiscalía.

También, como elementos de sustento, entregaron una serie de comunicaciones entre el gerente de Emtel, ingeniero Daniel Alejandro Pajoy, el ex secretario de Tránsito municipal y la secretaria de Hacienda para la fecha de los hechos, donde queda muy claro los inconvenientes de esta clase de actuaciones. También, se ventiló que se perdieron varias carpetas con documentos donde estaba plasmado la forma cómo se estaba materializando la actividad con la empresa antioqueña. Paso seguido, y con una serie de documentos, argumentó que Quipux S.A, terminó ejecutando todas las actividades descritas en el contrato, aspecto que van en contravía de la legislación colombiana.

Tras la intervención del ente investigador, la defensa del alcalde entró a sustentar las razones para no acoger esta medida restrictiva de la libertad, luego de cinco horas de revisar los elementos probatorios entregados por la Fiscalía y expusiera otros documentos que aportaban para desvirtuar la postura de dicha entidad.

En un momento, la defensa solicitó suspender la audiencia para reanudarla los siguientes días, pero la operadora judicial argumentó que “los payaneses debían conocer la situación judicial de su alcalde en el menor tiempo posible”, por lo que no la aceptó.

Al cierre de esta edición, aún los apoderados del alcalde adelantaban esta actividad y se estaba a la espera de la decisión por parte de la jueza con control de garantías, dentro de este nuevo proceso contra aquel hombre que ganó las elecciones locales del 2015 con un poco mas del 50 por ciento de la votación de los payaneses.