La desaparición forzada en el Cauca: El crimen perfecto
Según la Unidad de Víctimas el Cauca representa el 2.3% de casos de desaparición forzada en el país. Son cerca de novecientos los casos de desaparición forzada en el departamento y más de dos mil trescientas las víctimas que de manera indirecta se han visto afectadas.
En el marco de la semana internacional del detenido desaparecido, El Nuevo Liberal presenta un informe de datos y estadísticas de este delito en el departamento. En Colombia solo a partir del año 2000 la desaparición fue incluida como delito en la legislación nacional, lo que a su vez ha hecho difícil crear una línea base sobre lo que ha pasado en realidad. Eso implica que muchas desapariciones ocurridas antes puedan haberse catalogado como otros delitos.
Muchas son las fuentes, pero a su vez muchas son las cifras de desaparecidos en el país. Por ejemplo la Fiscalía General de la Nación, tiene datos de casi veintidós mil personas; Medicina Legal registra en su sistema alrededor de veinte mil personas entre 1970 y 2012; sin embargo la cifra que más llama la atención es la de Unidad de Víctimas que tiene registros dan cuenta de más de ciento cincuenta y cinco mil, de los cuales algo mas de cuarenta y cinco mil son de víctimas directas de desaparición forzada y el resto víctimas indirectas, es decir que hace referencia a sus familiares.
Tomando como referencia los datos de la Unidad de Víctimas, en el Cauca se reportan 3472 víctimas de desaparición forzada, cifra relativamente baja frente a los mas de treinta y siete mil casos reportados en Antioquia, pues el Cauca representa el 2.3% de los casos.
Si se analiza este hecho vicitmizante por periodos presidenciales para el departamento del Cauca, el gobierno del presidente Pastrana es donde más se registran casos de desaparición forzada con 686 casos. Uniendo los dos periodos del Gobierno del presidente Uribe se registraron ante la UARIV 848 casos para todo el departamento. Muchas de estas desapariciones son atribuidas a los paramilitares del Bloque Calima, que se instalaron en varias fincas del corregimiento Timba, de Buenos Aires, e instalaron una base de entrenamiento en la vereda San Miguel. Desde allí las autoridades han logrado determinar que se realizaron incursiones a municipios como Santander de Quilichao, Suárez, Caloto y Puerto Tejada, en donde la desaparición era uno más de los hechos del fueron víctimas las poblaciones del norte del Cauca.
Lo más preocupante es que los casos muestran que se trata de un delito cometido principalmente por el Estado y sus agentes, en alianzas con paramilitares o narcotraficantes, según el más reciente informe publicado por el Centro de Memoria Histórica “Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia”.
Datos de los procesos llevados por la Fiscalía, informan que de los cerca quinientos casos de desaparición forzada en el departamento, sin embargo hasta el momento no se conoce para la región la primera sentencia ejecutoriada por este delito, pues solo a nivel nacional hay treinta y cinco sentencias y cinco paramilitares condenados por ese delito. El proceso de Justicia y Paz, en donde los jefes paramilitares han confesado cerca de cien casos, que ha permitido la exhumación de al menos una veintena de fosas y la entrega de los restos a los familiares. Aun no se sabe datos de desaparición por parte de las FARC al menos para el Cauca.
Dentro de los municipios que más han sufrido el flagelo de la desaparición forzada, se encuentra la capital caucana, que registro 115 víctimas directas y 330 víctimas indirectas. Y a partir de ahí ciudades como Santander de Quilichao, Miranda o Corinto registran un número significativo de denuncias sobre todo a personas que pertenecían a organizaciones sociales o representaban algún interés político en su zona de influencia.
Los ataques continúan.
Esta semana se llevo a cabo un control político sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, se hizo público por parte de quienes asistieron al Congreso, el caso de Sofía Lopéz, abogada de la Corporación Justicia y Dignidad, organización que acompaña jurídicamente casos graves de violaciones a los derechos humanos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros, fue víctima de intento de desaparición forzada. De acuerdo a la denuncia, un sujeto no identificado llamó a la abogada por su nombre e intentó llevársela diciendo que tenía una orden de captura y que debía acompañarlo. Inmediatamente, se acerco otro sujeto alegando ser miembro de la Sección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (SIJIN), mostrando una placa que Sofia poco legible, al tiempo que intentaba registrar sus pertenencias. La abogada pudo soltarse del primer sujeto que la mantenía agarrada y tomó un taxi. Uno de los sujetos, se subió tras ella y seguía intentando registrar sus pertenencias, diciéndole al taxista, que debía hacer lo que él le ordenara. Ante esta situación Sofia pidió auxilio provocando que varias personas se acercasen al lugar. Un agente de la Policía llegó al sitio y en lugar de ayudarla, la obligó a identificarse y a mostrar sus pertenencias. Una vez comprobado que no existía la orden de detención alegada por el sujeto que abordó a Sofia, líderes sindicales de ANTHOC, la CUT y de otras organizaciones sociales que se habían acercado, exigieron al sujeto que se identificara, pero el Policía alegó que él no podía facilitar esa información.
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