La culpa es…

EDUARDO NATES LÓPEZ

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El pasado martes 2, el diario El Tiempo publicó un artículo en el que explica las razones por las que el país entero saldría a pagar los “platos rotos” de las fallas en HidroItuango. Mientras la polémica “técnico-política” entre EPM (Alcaldía de Medellín) y la Gobernación de Antioquia ya va en los Juzgados (con denuncias por injuria y otros), los usuarios del servicio de energía eléctrica del país estamos atónitos frente a lo que posiblemente será un incremento en la factura mensual de energía. Un estudio de la Contraloría General de la República revela que “el cargo por confiabilidad que pagan los hogares en su factura, podría duplicarse a largo plazo.” Estaba visto…

Algo parecido sucedió con el Metro de Medellín: En 2003, la bancada antioqueña (hábilmente…) propuso que los $80.000 millones de déficit del proyecto, los asumiera el estado colombiano. Gracias a ponencia negativa en la Comisión III de la Cámara, suscrita por los en esa época Representantes Cesar Negret Mosquera y Gustavo Petro, no fue así. Entonces, el ejecutivo decidió capotear la negativa del legislativo, haciéndole un préstamo a la empresa por ese valor, con recursos del estado, a 30 años de plazo, al 5% de interés anual. (Más barato y a mayor plazo que los créditos del terremoto de Popayán de 1983). Claro que les tocó retirar una demanda que tenían contra el estado pero cambiaron una expectativa de una sentencia por un crédito bueno, bonito y barato. En tales condiciones, podría decirse que de todas maneras salimos los colombianos asumiendo ese valor.

Ahora, en lo local, guardadas proporciones, sucede algo parecido. Siempre está latente la posibilidad de que el estado en su expresión municipal -y por ende los ciudadanos- sea quien deba asumir los costos reales de los permisos, y/o equivocaciones, y/o las omisiones de las autoridades. Me refiero, por una parte, a la tragedia física que está en ciernes en el Centro Comercial Anarkos, pues la calamidad social ya ocurrió, con los cientos de pequeños comerciantes que resultaron afectados (con y sin culpa de ellos mismos, por la permisividad). Por otra, al suceso que nos tiene impresionados desde la semana antepasada: la inundación del Centro Comercial Campanario. En el primero de estos, era un secreto a gritos lo que estaba sucediendo con las excavaciones y modificaciones estructurales en el sótano de la edificación. Solo los inspectores municipales “no lo sabían”. Hasta que pasó lo que pasó. Y con Campanario, también. Nadie niega la belleza arquitectónica del proyecto. Tampoco el sello de desarrollo, modernidad y comodidad que le dio a la ciudad. Pero todos los popayanejos sabemos que el lote era -y seguirá siendo- un humedal y que, sin respetar suelo y cielo, obtuvo su licencia de construcción (en curaduría y aeronáutica civil), con todo lo que ello conlleva… El problema de las inundaciones se manifestó, (entre otros, justo el día de la inauguración, hace 10 años), y ha seguido ocurriendo sistemáticamente. Pero, después de tanto tiempo transcurrido, comienza a diluirse la responsabilidad y a aparecer el peloteo de responsabilidades. Es cuando cobra validez el conocido libro: “La culpa es de la vaca” publicado el año 2000 por Jaime Lopera y Marta Inés Bernal.

Si a lo anterior, le adicionamos casos como el Puente de Chirajara, o el Conjunto Residencial Space en Medellín, o la construcción de edificios de apartamentos sin licencia, en Cartagena, estamos ampliando el ámbito del análisis, para pasar de lo legal a lo ético y cuestionar la conducta humana de los protagonistas, autoridades y ejecutores, por la soberbia, angurria, avidez, ambición, codicia, afán de enriquecimiento y todos los demás bajos instintos en los que fácilmente cae el ser humano, con énfasis especial en mis colegas ingenieros, apoyados por todos los demás actores que requiere esta comedia vergonzosa, en la que, si ni el respeto a la vida del prójimo interesa, mucho menos el patrimonio público.

Y se nos remueve todo, porque, volviendo al tema inicial, cobra validez la incapacidad de nuestra dirigencia al no haber sido capaz de sacar adelante el proyecto de la Hidroeléctrica de Micay, cuyo proyecto completo reposa en unos anaqueles de la CRC (ojalá aún este allí…).