La Corte le dio la razón al Ministro de Defensa

08:28 am 09-junio

HÉCTOR RIVEROS

@hectorriveross

Guillermo Botero, en su condición de presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, denunció que el Código de Policía adoptaba una prohibición general de consumo de alcohol en espacio público que resultaba desproporcionada y afectaba injustificadamente derechos que merecían protección constitucional. La Corte encontró que Botero tenía la razón y casi que calcó el argumento del hoy Ministro de Defensa.

Botero se refería a los artículos del Código que la Corte declaró parcialmente inconstitucionales en tanto prohibían genéricamente el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacios públicos lo que llevaba a restricciones que resultaban invasivas del ámbito privado protegido en el artículo 16 de la Constitución.

Varios alcaldes habían tenido que hacer maromas jurídicas para evadir la aplicación de la prohibición que generaba dificultades para la realización de festividades y actividades culturales profundamente arraigadas: desde el alcalde de Barranquilla Alex Char, que permitió la venta y consumo de alcohol en épocas del Carnaval en el espacio público, hasta el alcalde de Abejorral que lo hizo para la celebración del día del campesino y el de Cajibío para las ferias agropecuarias tuvieron que establecer excepciones porque el artículo del Código de Policía resultaba en la práctica inaplicable.

Ya antes, el propio Botero había denunciado la eventual inconstitucionalidad de una norma local en Bogotá que prohibía la venta de alcohol cerca de las universidades. A Botero le parecía que esa medida no era idónea para conseguir el objetivo de tranquilidad buscado: «La ley es para respetarla, pero cuando se inventan leyes absurdas se acaban violando», sentenció entonces el ahora Ministro. La Corte encontró que Botero tenía razón.

En los medios varias personas se manifestaron de acuerdo con Botero: se perjudican los tenderos, ha bajado el consumo de cerveza y se afecta la economía, no es posible que una tradición como el Carnaval se afecte y etc.

Ahora que la Corte encuentra razonados esos argumentos y por tanto declara inexequible la prohibición genérica, a la vez que mantiene la prohibición de consumo de “sustancias prohibidas” y hace un llamado a adoptar regulaciones razonables que efectivamente protejan a las personas y los bienes jurídicos que dicen querer proteger, dado que la prohibición abierta no logra el fin propuesto, se emprende literalmente una campaña de matoneo contra los magistrados con propósitos electorales y blandiendo argumentos que resultan de un moralismo falso, impostado y poco creíble.

La manipulación con los derechos de los niños es burda y la intención electorera despreciable.

Desde hace algún tiempo los sectores de derecha han decidido usar a los niños y a las niñas de parapeto para sus propósitos de irse contra la Constitución, que es una carta garantista, de profunda estirpe liberal progresista.

Buena parte de las discusiones sobre derechos y libertades se dirigen hacia “los niños” para terminar siempre argumentando que un espacio amplio de libertades pone en riesgo a los menores. Hay en el discurso un implícito de que hay unas cosas que están “bien” y otras que están “mal” que hay que proscribir.

Ese es el razonamiento que se usó para oponerse al acuerdo para acabar con las Farc con la falacia de la ideología de género y es el que se usa para querer imponer a las mujeres decisiones sobre su cuerpo, para discriminar a las parejas homosexuales, para tachar formas de familia “no naturales”, para prohibir la eutanasia, para imponer formas de vestir o proscribir los tatuajes y una larga lista de restricciones que abren la puerta para invasiones estatales injustificadas en el ámbito privado.

No hay ninguna comprobación empírica de que el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, en los términos constitucionales, ponga en riesgo los derechos de los niños. Todo lo contrario, las estadísticas y las evidencias muestran que las sociedades pacatas, que proscriben el pluralismo y que imponen “modelos buenos” resultan más trasgresoras de los derechos de los menores.

La discusión de la decisión de la Corte sobre el Código de Policía es un ejemplo perfecto de la hipocresía de unas convicciones religiosas que nos han impuesto la idea de que lo “malo” no es actuar de una determinada manera, sino que se sepa, por eso el consumo de alcohol en los parques debe estar castigado para proteger a los niños y niñas, pero permitido en espacios privados para poder acompañar las “fiestas infantiles” con suficiente licor como es costumbre.

Los argumentos para cuestionar la decisión de la Corte son falaces: no hay ninguna comprobación de que la prohibición que estaba en el Código de Policía hubiese servido para mejorar la situación de seguridad y convivencia: i) el consumo ha aumentado según nos lo recuerdan las cifras oficiales todos los días ; ii) la percepción de inseguridad en los espacios públicos todos los días aumenta según las encuestas de victimización más recientes; iii) las cifras de riñas cada vez son superiores; iv) en la mayoría de las ciudades de Colombia, el homicidio se ha aumentado desde que está en vigencia la prohibición y un largo etc de indicadores que contradicen las afirmaciones de los alcaldes en las últimas horas.

Si algo ha sido un fracaso en términos de política pública ha sido el decreto expedido por el gobierno para autorizar el decomiso de la dosis mínima de droga. Unos resultados de papel indican que hay más de once mil espacios recuperados en todo el país, que no es otra cosa que una estadística de zonas a las que han llegado alguna vez tres policías a espantar consumidores de droga, que vuelven cuando la policía se va con la casi seguridad que no volverá.

El ministro Botero, esta vez, tenía la razón, así la esgrimiera para defender intereses económicos legítimos y no para promover un amplio ámbito de libertad ciudadana.

Surge sí una duda: ¿Botero marchará a favor o en contra de la decisión de la Corte?