zambrano_santiago@hotmail.com
Según los economistas el concepto de plusvalía corresponde al excedente monetario causado por el trabajo humano y del cual “gratuitamente” se apropia el dueño, pues ese plus-valor no le retorna al trabajador a manera de mejores sueldos. Para el caso de los inmuebles se refiere al aumento del valor por circunstancias externas y no a las mejoras hechas dentro del bien o lo que es lo mismo, al incremento de su valor por una obra pública o por un cambio normativo en relación al uso del suelo.
Por otro lado es bueno recordar que el Gasto Público lo financia el Estado a través de los privados de tres maneras: 1) Los impuestos: Los cuales se pagan proporcionales a la renta, patrimonio y/o consumo sin que el Estado le provea una contraprestación directa al momento del pago; 2) Las Tasas: Se generan por una actividad o prestación del servicio del Estado y que beneficia sólo a un determinado grupo de ciudadanos; 3) Las Contribuciones: Es el pago que se hace por la obtención de un beneficio o contraprestación directa producto de una acción del Estado.
Así las cosas se puede concluir que toda obra pública que incremente el valor de un inmueble es sujeta al cobro de una contribución que se llama valorización. Ojo!! No es el uso de la obra en sí, sino el incremento del valor del bien, por la inversión hecha.
Valiéndose de lo anteriormente expuesto los gobiernos nacional, departamental y municipal se han valido de éstos principios para financiar parte de la inversión pública.
Popayán fue una ciudad que usó ese mecanismo y gracias a la valorización se pudieron hacer entre otras, la ampliación de la carrera sexta, se pavimentaron varios barrios de la ciudad, se enterraron las redes eléctricas en el Centro Histórico y en el gobierno de Víctor José Gómez, en plena penumbra jurídica por el cambio de la Constitución y antes de la existencia de los fondos de cofinanciación, aquí en Popayán se implementó un tipo de valorización en la cual los directos beneficiarios aportaban la mano de obra y el municipio financiaba a través del pre-existente Fondo Rotatorio de Valorización los materiales. Algunas calles del Barrio Santa Helena fueron parte de ese proyecto. A mala hora algún alcalde se le ocurrió acabar con el sistema de valorización de Popayán.
Ahora toca arrancar nuevamente de cero y él actual Alcalde en buena hora se ha dado a la tarea de reestablecerlo sin embargo no comparto la forma como fue presentado a la sociedad. Me explico:
1) El proyecto no es sistémico sino puntual, es decir su horizonte no va más allá de la actual administración; 2) La Valorización por Beneficio General propuesta en el cual todos los predios del casco urbano se gravan no tiene en cuenta los conceptos arriba mencionados, por ejemplo difícil de demostrar que un predio de la Pamba va tener plusvalía por las obras que se realicen en Bellavista o en la María Occidente. 3) En las condiciones socioeconómicas de la ciudad y en pleno proceso de re-estratificación, no es conveniente gravar los predios del estrato 1 y 2 y, los del 3,4,5 y 6 deberían gravarse únicamente si están en la zona de influencia del proyecto es decir que realmente les generen una plusvalía. 4) El costo de las obras estimado está a nivel de pre-factibilidad lo cual es un albur que posteriormente puede prestarse para malos entendidos y los costos de administración e imprevistos del 27% aparentemente son excesivos.
Sin duda la idea de valorización es buena pero la administración debería replantearle a la ciudadanía un proyecto más trascendente y equitativo, con mayor precisión respecto a los costos y si la plata no alcanza reducir los alcances de las mismas no en cuanto a metas físicas pero si en la integralidad de la obra, por ejemplo, hacer por ahora una sola calzada eso sí comprando todos los terrenos.
Coletilla vergonzosa: Tremendamente triste para el país, que el fiscal anticorrupción sea un coimero sinvergüenza. El desmorone de la rama judicial es el último paso antes de la caída del Estado. Muchas cosas están pasando, que han hecho que la gente pierda credibilidad en la justicia, la cual aparentemente es selectiva. Desde hace muchos años se institucionalizó el cabildeo en las altas cortes, y que la probabilidad de éxito depende del abogado que se contrate y no el contenido de lo que expone. La ciudadanía ya no sabe que es cierto y que no, que es un falso positivo y que no. ¿Cuánto inocente no habrá sido inculpado y cuanto torcido que se ha robado los impuestos y las regalías anda libre lleno de medallas y honores? Toda ésta corrupción y el hastío es la que pone en riesgo la institucionalidad de un país y lo hace proclive a que caiga en manos de un populista de derecha o de izquierda. Definitivamente Colombia en estos momentos necesita alguien que en su trayectoria haya demostrado eficacia, eficiencia, transparencia y la fuerza necesaria de ser un transformador.