La Constitución en riesgo

09:27 am 30-Abril

HÉCTOR RIVEROS SERRATO

@hectorriveros

La gran promesa de la Carta Política expedida en 1991 fue el cambio del sistema político: pasar de una democracia meramente representativa a una participativa. Para cumplir con esa promesa se adoptaron mecanismos de democracia directa como los referendos y se introdujeron diversos instrumentos como las consultas o la revocatoria de los mandatos de gobernadores y alcaldes todo lo cual está siendo objeto de una andanada que los pone en verdadero peligro.

La participación se ha convertido para algunos en una amenaza y un obstáculo. La decisión de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cajamarca, en el Tolima, de no querer en su territorio proyectos mineros ha sido como la prueba de fuego de ese nuevo modelo de democracia que nos ofrecieron hace 26 años. Ya el Ministro de Minas había tratado de desconocer el resultado. Ahora el propio Presidente de la República se reúne con los representantes de la empresa que pretendía desarrollar allí un macroproyecto de explotación aurífera y les ofrece, que por la vía del fast track, le pondrá límites a las consultas para evitar que terminen en la cancelación de un proyecto como el que ellos tenían.

¿Podrá haber paradoja más grande? Que la implementación de un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc sea el instrumento para recortar poderes a los ciudadanos y no para ampliar la democracia sería un contrasentido de dimensiones históricas.

Mientras eso ocurre en los medios de comunicación se expresan aterrados por las decenas de convocatorias que hay para que los ciudadanos firmen para que se les pregunte si revocan o no el mandato que confirieron a los alcaldes y gobernadores hace algo más de un año. Ese ha sido un instrumento ineficaz durante estos años de vigencia de la Constitución y para hacerlo posible en el Congreso expidieron una ley que facilitó el cumplimiento de los requisitos. Todo el mundo celebró la aprobación de esa norma y ahora que los ciudadanos se organizan para usarla se oyen voces de todas partes que proclaman lo inconveniente de que ello ocurra.

No importa si uno está o no de acuerdo, por ejemplo, con la revocatoria del mandato al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, con lo que sí no se puede estar de acuerdo es con la intención de impedir que, si los ciudadanos completan los requisitos exigidos, no se haga la convocatoria. Hay la teoría absurda de que la revocatoria solo se puede intentar si previamente se ha probado el incumplimiento de programa ofrecido, como si eso no fuera precisamente lo que los ciudadanos van a decidir en las urnas. Si se tratara de una responsabilidad jurídica y no política, pues en una baranda de un despacho oficial se puede discutir y un funcionario decidiría, pero se trata de una responsabilidad política que precisamente por serlo está exenta de esa demostración que la convertiría en un debate probatorio y no en un debate político.

Peñalosa contrató un gran abogado, Humberto Sierra, para que trate de conseguir en el Consejo Electoral el rechazo de la convocatoria. Sierra es tan bueno que hay peligro de que gane y eso le haría un daño enorme a la democracia participativa y a su cliente que necesita como ninguno ganar la revocatoria para cerrar esa dura confrontación que sostiene con sectores sociales y políticos que de mantenerse pone en serio riesgo las posibilidades de éxito de su mandato. En el caso de Bogotá lo que deteriora la gobernabilidad no es que se convoque la revocatoria, sino que no se permita que sea en las urnas donde se resuelva ese pleito.

A pesar de la muy alta imagen desfavorable que el alcalde registra en las encuestas, las posibilidades de que se revoque su mandato son lejanas y en cambio le serviría mucho ganar esa votación o inducir a la abstención activa y obtener por esa vía el apoyo que no ha conseguido hasta ahora.

La senadora Viviane Morales promueve en el Congreso la convocatoria de un referendo inconstitucional para discriminar a la comunidad lgtbi e incluso a personas solteras. Ese referendo no se puede convocar porque viola la Constitución y por eso el Congreso debería rechazarlo o la Corte impedir su realización si se aprobara en el legislativo, pero el argumento de esta semana de que no se puede hacer porque vale 280 mil millones de pesos es inaceptable.

El costo se ha usado permanentemente para evitar el uso de mecanismos de participación ciudadana. Lo que habría que hacer es reducir los gastos porque nada justifica que en la era digital una consulta de esa naturaleza pueda costar lo que dijo el Ministro de Hacienda que costaría.

Cuando se clausuró la Asamblea Nacional Constituyente, el entonces Presidente César Gaviria proclamó que estábamos “frente a una nueva concepción de la democracia, quizás la más avanzada de que se tenga noticia” y más adelante dijo: “en esta democracia participativa lo más importante es el poder de cada ciudadano”. Han pasado 26 años, los instrumentos de ese “nuevo orden político” se han ido madurando y ahora cuando empiezan a asomar la cabeza hay una cruzada para enterrarlos.