Justicia con la Justicia

05:57 am 01-septiembre

JESÚS IGNACIO GARCÍA VALENCIA

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Se plantea una vez más el tema de la reforma a la justicia. Varias iniciativas se han radicado en el Congreso. Desde una reforma constitucional para modificar la superestructura de la rama judicial hasta modificaciones en los procedimientos, en especial, en materia penal.

Sigue pensando la dirigencia colombiana que nuestros problemas se solucionan con cambios normativos. Es cierto que estos en algunos casos son indispensables, pero en la mayoría no son suficientes.

En cuanto atañe a la justicia muchas de sus dificultades se deben a falta de personal y de instrumentos para llevar a cabo su elevada misión. Es una constante en el acontecer nacional que los gobiernos sean renuentes a aumentar el gasto público en este sector de la administración y por eso muchas reformas intentadas han quedado escritas.

Está demostrado que la oralidad en los procesos los hace más ágiles y de esa manera los ciudadanos acceden a una justicia pronta.

Hoy en Colombia en la mayoría de las ramas del derecho procesal se ha acogido esa forma de adelantar los procesos. Es así como el código general del proceso incorporó la oralidad como uno de sus principios rectores y adoptó el uso de las nuevas tecnologías dentro de la actuación para darle celeridad. Su aplicación requiere de unos recursos de orden material que el Estado no se ha preocupado por dispensar. No hay las suficientes salas de audiencia, las pocas que existen carecen de adecuada dotación y tampoco se dispone de los elementos tecnológicos. Ante estas dificultades las normas se están quedando escritas y la reforma tiende al fracaso.

En el ámbito penal se reformó la constitución para sentar las bases del sistema acusatorio caracterizado por la oralidad. Se dictó un código de procedimiento penal para regular el nuevo proceso. Se tomaron esas decisiones porque la justicia penal estaba colapsada, los despachos congestionados, los procesos lentos, y, como consecuencia de ello se imponía la impunidad.

Cuando se plantearon esas reformas el congreso de la república le advirtió al fiscal de la época que su implementación demandaba recursos cuantiosos. Su respuesta fue que la tarea de los legisladores era aprobar las reformas y la suya conseguir la financiación para lo cual contaba con promesas de apoyo internacional. Hoy trascurridos catorce años de implantado el sistema acusatorio la justicia penal sigue congestionada y sus detractores predican a los cuatro vientos que es un fracaso como sistema de justicia. En lo que no se ha reparado es en que para aplicarlo no se dio la capacitación adecuada a jueces y fiscales a quienes después de unas conferencias o breves cursos en Colombia o en el exterior se les declaró aptos para ser los rectores del proceso o los directores de la investigación. La fiscalía no se dotó del suficiente número de investigadores, no se construyeron las salas de audiencia necesarias, tampoco se proporcionó la dotación técnica y tecnológica que demanda el sistema, la defensa se encargó de manera preponderante a la defensoría del pueblo que igualmente no dispone de los suficientes recursos para cumplir esa labor en forma óptima, y la tan anunciada ayuda internacional ha sido exigua. Es decir, esta reforma no ha dado los frutos esperados, no por inidoneidad del sistema, sino por falta de los recursos económicos suficientes para su implementación. En otras palabras, porque no se ha hecho justicia con la justicia.

El estado, en forma recurrente, le envía a la ciudadanía el mensaje que los problemas de la justicia se van a solucionar a través de las reformas y se limita a promover el cambio de las normas olvidando que estas por si solas no cambian la realidad. Antes que reformas lo que se necesita es una política de estado para aplicar a cabalidad la normatividad existente y abandonar el ” fetichismo jurídico” que consiste en creer que cambiando normas solucionamos nuestros problemas. Habrá que hacer ajustes en la estructura de la rama judicial, pero la justicia pronta y cumplida que demandan los ciudadanos se logrará cuando el estado se comprometa a fortalecer su acceso y su funcionamiento.