Investigan aparente fraude en el Valle del Ortigal

Entidades correspondientes realizan el cruce de información para comprobar si existe falsedad en documentos e información.

Luego de quejas de los habitantes del Valle del Ortigal, porque algunos beneficiarios habrían recibido vivienda gratis de manera irregular, los entes correspondientes adelantan las investigaciones del caso.

Cecilia Guzmán Hoyos, gerente del Fondo de Vivienda en Popayán, dijo en dialogo con este diario que el 22 de agosto el ingeniero constructor terminó de entregar las escrituras del proyecto del Valle del Ortigal que son 1.644 soluciones de vivienda. El 50 por ciento corresponde a población desplazada, el otro 50 por ciento está distribuido en personas de Red Unidos, Sisben y afectados por temporada invernal u otros desastres naturales.

“En la oficina hemos tenido muchas quejas sobre trámites que han hecho anteriormente algunas familias, como por ejemplo, que las parejas se separaron entre comillas simplemente con un documento, pero siguen viviendo juntos, entonces uno de los cónyuges se quedó con la propiedad que tenían anteriormente y el otro se quedó con los hijos y así se postuló, entonces para nosotros es difícil verificarlo porque no tenemos acceso a toda la base de datos nacional por esa razón haremos la solicitud a Notariado y Registro”, afirmó la gerente.

Dijo también que la mayoría de postulados no admitidos en el Departamento para la Prosperidad Social DPS, se debió a que ya tenían propiedades en otros lugares, teniendo en cuenta que esta entidad hace una revisión a nivel nacional. “Esta actividad requiere un tiempo, el objetivo es consolidar una estadística, se están haciendo unas caracterizaciones de los habitantes del Valle del Ortigal, (en cooperación con Secretarías de Gobierno, Infraestructura, oficina de Planeación y Fondo de Vivienda). Además, entre sus compromisos tienen la obligación de residir 10 años en las viviendas, si la alquilan, prestan, o no la habitan se les inicia un proceso de desadjudicación”.

En suma, en caso de comprobarse alguna irregularidad en información o falsedad en documentos, se levantarán unas actas, luego comunicarán a Fonvivienda y éste hará el proceso de desadjudicación, operación que durará al menos un año porque se deberá recopilar y allegar todas las pruebas, además quienes estén involucrados tiene derecho al debido proceso.

Pero este no es el único problema que existe, ya que algunas familias que viven en asentamientos y fueron beneficiadas con casa gratis deben entregar al municipio el lote donde vivían de manera ilegal. “Tanto la nueva ley de vivienda como de gestión del riesgo obliga y delega esa función al ente territorial para el control de esa situación, porque son zonas de protección, alto riesgo o espacio público”.

De acuerdo con la funcionaria, hay personas, incluyendo líderes de los asentamientos que aún no entregan esos lotes y ya habitan casas en el Valle del Ortigal, en consecuencia, la alcaldía los está requiriendo, es más, esa conducta pasa al delito de urbanizador ilegal “porque ellos no pueden vender ni hacer ningún tipo de negocio en un sitio donde no está permitido y porque no es de su propiedad, lo que está tipificado en el código penal”, precisó Guzmán.