¿Inhabilidad Vicepresidencial?
EDUARDO NATES LÓPEZ
Tengo una duda jurídica primaria, de consecuencias políticas incalculables.
La hasta hace poco Gobernadora del departamento de La Guajira, conocida con el sonoro nombre de: Oneida Rayeth Pinto Pérez, alumna y sucesora, del no menos famoso, exgobernador Kiko Gómez, fue relevada de su cargo hace pocos días, por un fallo del Consejo del Estado que anuló su elección. La providencia del alto tribunal dice que: “quien resulte elegido alcalde no podrá inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular, mientras detente tal dignidad, ni tampoco dentro de los 12 meses siguientes.”
Dicen que esta decisión surge de una interpretación jurídica desmedida de la Ley 617 de 2000, que no venía aplicándose con propiedad, hasta que el Consejo de Estado resolvió hacerlo ahora, atendiendo los argumentos del demandante. Las inhabilidades habían venido rigiéndose por la Ley 1475 de 2011, que permitía que alcaldes y gobernadores fueran elegidos para un nuevo cargo, siempre y cuando la inscripción de su candidatura se diera 12 meses después de su renuncia. Sin embargo, el Consejo de Estado, estimó que ninguna norma había derogado la Ley 617 de 2000, que contempla un régimen de inhabilidades mucho más estricto, y conceptuó: “es claro que tratándose del acto electoral es menester, antes que privilegiar el derecho del elegido, propender por la protección del derecho del elector, pues en él radica el sustento democrático de nuestras instituciones.”
Trascendental determinación esta, del Consejo de Estado, de profundizar en la conducta de los candidatos, pues a todas luces el hecho de renunciar anticipadamente a un cargo con período fijo, para el cual se han hecho elegir los dignatarios, adquiriendo compromisos formales con su electorado, es por lo menos una irresponsabilidad. Además, es una clara muestra de que lo que les interesa es tener más poder que el que tenían, y no tanto respetar las responsabilidades que les han conferido sus electores. Tiene, a mi modo de ver, una dosis mucho más alta de vanidad que de responsabilidad. Hay varios ejemplos de que estas actitudes no gustan. Uno de ellos ocurrió con un personaje como Antanas Mockus, quien elegido Alcalde de Bogotá, para el trienio 1995-1997, decidió renunciar a su cargo, en abril de 1997, para lanzarse a la Presidencia de la República, aventura en la que salió derrotado. Tuvo que pedir perdón, en uno de sus característicos actos estrambóticos, para poder lanzarse de nuevo y resultar elegido alcalde para el período 2001-2003.
Así las cosas, quienes deben estar muy preocupados por este fallo, son los súbditos del súper-ultra-precandidato Germán Vargas Lleras, quien por su vanidoso deseo de hacer tránsito por la Vicepresidencia, ya estaría incurso en esta inhabilidad que está promocionando el Consejo de Estado. Y no cabe duda que sus competidores (y quienes no lo quieren, que no son pocos) van a hacer lo que esté a su alcance porque el concepto jurídico se fortalezca. Claro está, que para su petulancia, no hay Ley que valga. Orondo saldrá a renunciar, lanzarse e inscribirse para el 2018, como si la norma no lo cobijara. Pero el problema no radica allí, en lo jurídico, sino en lo político, pues lo real es que los votos que cree tener, no le alcanzan. Ni le han alcanzado nunca. Quedó por debajo de Mockus en las presidenciales de 2010; Tanto que la segunda vuelta la jugaron Santos y el profesor Lituano. Y en la reelección de Santos, en 2014, que fungió en reemplazo de Angelino, estaba convencido de que su solo nombre ya era un triunfo anticipado; Y le tocó al presidente-candidato empeñar hasta los calzoncillos, para remontar los votos con que les ganó en primera vuelta, Oscar Iván Zuluaga. En realidad, por esas paradojas incalculables de la política, quien los sacó del barro fue el Polo Democrático, en su posición filosófica alrededor de la paz y no propiamente alrededor de los candidatos Santos-Vargas. La reciprocidad está a la vista: Clara López, en MinTrabajo. Pero si de algo podemos estar seguros (y tranquilos) es que esta vez, ese partido popular y democrático no arriesgaría sus principios y su prestigio por un candidato que así no más, ya se siente ungido por derecho propio, y que solo tiene pendiente el acto de coronación, amén de cumplir la obligación de contarnos la verdad sobre su estado de salud.
Como dice la sabiduría popular: “Dios mío, que esta tempestad nos coja confesados…”.
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