Los recursos de la educación pública superior

HAROLD MOSQUERA RIVAS

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Las protestas adelantadas por las Universidades Públicas de Colombia, en reclamo de mayores recursos para su funcionamiento tiene su origen en el incumplimiento de la ley 30 de 1992, que en sus artículos 86 y 87 previó como mínimo un crecimiento constante de los presupuestos de estas instituciones de educación superior, el artículo 86 de la ley en comento señaló:

“Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución. Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”.

Conforme a  esta disposición cada universidad recibiría en el año 1994 y los subsiguientes, unos aportes de la nación y las entidades territoriales que como mínimo corresponderían al valor recibido en el año inmediatamente anterior, incrementado en el porcentaje de inflación causado en el año previo. Pero con el pasar de los años los gobiernos nacionales fueron incumpliendo ese artículo y los recursos que recibieron las universidades públicas fueron inferiores a lo allí establecido, acumulándose una deuda que hoy es billonaria y bastante falta hace a las universidades de los estudiantes más pobres del país.

A lo anterior se suma lo dispuesto en el artículo 87 de la ley en mención, que establece lo siguiente: “A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto. Este incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran”.

Además del incremento dispuesto en el artículo 86, la nación a partir del año 1999 debía incrementar sus aportes a las universidades oficiales en un 30% del incremento del PIB, compromiso que tampoco se honró. A lo anterior debe sumarse  el evidente crecimiento de todas las universidades públicas en cuanto a programas y cobertura, lo que hace cada vez más insuficientes los recursos del presupuesto para atender a la población estudiantil.

Esta crisis financiera que padecen todas las universidades públicas de Colombia, motivan los paros y protestas de los estamentos universitarios y la sociedad civil que espera que los recursos que antes se invertían en la guerra con las Farc, ahora que se ha firmado la paz con ellos y que no se requiere un policía parado cada dos kilómetros de la carretera panamericana saludando con el dedo arriba a los viajeros, se reorienten para garantizar derechos fundamentales como la educación y la salud cuyo deterioro hoy se traduce en muertes y desesperanza que alejan las expectativas de una paz real y duradera.