SEBASTIÁN SILVA-IRAGORRI
La libertad no es solo física o material, sino que debe comprender el espíritu, la mente, la voluntad, sin perderse en el cúmulo de mentiras, engaños y manipulaciones que especialmente abundan en la política, las historias mal contadas y en el resentimiento. Unas batallas sellaron para nosotros una sufrida libertad. Se han encontrado proyectiles de los enfrentamientos del Pantano de Vargas y de Boyacá y se conservan las fosas de los muertos conmemorando épicos valores y sacrificios en la lucha por esa libertad. Ahora, con el avance tecnológico y las redes sociales vivimos actualizados cada segundo sobre los acontecimientos nacionales y mundiales pero avasallados por informaciones en muchos casos engañosas y sesgadas. En este terreno debemos ser cautos y como decimos los abogados, acercarnos con “beneficio de inventario” usando el discernimiento y la reflexión. Hay que separar el buen trigo de la cizaña y la falsedad.
En Colombia se nos ha vendido la idea de que la impunidad alivia toda posibilidad de violencia y es la ruta de paz. Esto no parece cierto, los hechos demuestran lo contrario, la impunidad alienta al delincuente e incentiva el delito, solo la justicia restablece la legalidad y el orden y repara a las víctimas.
Nos ofrecen también la imagen de un País ideal, sin religión, valores, ni creencias. Nada es tan falso para una sociedad; es importante que las personas tengan creencias espirituales, valores y ética activa en todos los campos. Es cierto que debe haber libertad religiosa, pero no se puede con base en ella, impedir manifestaciones o expresiones de la fe de las personas. Se ha llegado hasta ordenar el desalojo de los crucifijos en los despachos oficiales y de no permitir al gobernante a confesar su afiliación religiosa.
La tutela es un mecanismo idóneo para restablecer derechos fundamentales violados o en peligro, pero no puede convertirse en arma política de la oposición para lograr, con fallos judiciales, torcer la voluntad de los gobiernos y desviar los programas estructurados por quienes ganaron las elecciones. No puede ser que se contradigan normas de salud delineadas científicamente y asesoradas por organismos especializados del orden nacional e internacional. No puede una tutela cambiar la política de orden público de una administración que es la responsable constitucionalmente de conservarlo. Tampoco puede una tutela construir políticas de hacienda pública paralelas a las decisiones de política económica trazadas como ruta de recuperación y crecimiento. Si esto sigue así se estaría consagrando el gobierno de los jueces y se perdería la independencia de poderes y la soberanía popular manifestada en las urnas. La tutela tiene que reformarse y reglamentarse, de tal manera que sirva al ciudadano para reclamar sus derechos, pero no para obstaculizar la dirección y manejo de los gobiernos legitimados por el voto popular. Para lo que sí debió servir la tutela fue para anular el fallo que avaló el robo del plebiscito. Allí sí se violó el derecho fundamental de la voluntad soberana a 6’500.000 ciudadanos.
Las siembras de coca son las generadoras de la violencia, son la raíz que alimenta el nefasto negocio del narcotráfico y no podemos continuar con mentiras bien camufladas sobre el tema para limitar su lucha y su necesaria extinción.
Que haya polarización, no le veo problema, esto es normal en las sociedades mientras se tramiten las diferencias por la vía democrática. El mayor peligro son las mentiras, el engaño y la desinformación. Por fortuna, hoy existe más educación y posibilidades de investigación para hallar la verdad. No nos dejemos engañar, reaccionemos, buscando la libertad y la verdad hasta encontrarlas, con nuestra propia reflexión.