JORGE ELIÉCER ORTIZ FERNÁNDEZ
La idea es no realizar amarillismo con lo sucedido al Concejal Pablo Parra, al Diputado Miller Cerón y al Asesor Jurídico de la Alcaldía de Popayán, Víctor Rodríguez, quienes en el ejercicio de su embestidura actuaron presuntamente bajo los parámetros de buena fe, en un tema neurálgico por demás calificarlo, dado los alcances que reviste la minería ilegal en nuestro departamento y en el país mismo. Fueron engañados?, fueron conducidos al error?, a decir verdad, ellos y solo ellos podrán absolver estos interrogantes, la verdad, es que hoy día pretender ser funcionario publico o servidor publico, reviste gran riesgo personal y hasta familiar, esto en consideración a que los organismos de control no estaban evidenciando acciones en épocas pretéritas en las tan comentadas exhaustivas investigaciones, lo que los ha llevado a programar operativos con detenciones que en algunas oportunidades han dado al traste, caso EMTEL, donde en un abrir y cerrar de ojos tuvieron que liberar a los presuntos “delincuentes” frente a lo endeble de las pruebas que conducían a calificar el delito para juzgar y sentenciar . Lo que inquieta en adelante, es que presumiblemente, los aspirantes a cargos de elección popular van a disminuir notablemente, pues en el ejercicio de sus cargos, tendrán la encrucijada de actuar a favor de sus electores, so pena de verse incurso en algún delito que los lleve a prisión, esto contradice notoriamente lo estipulado en la constitución que claramente define la acción del servidor publico como: “Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.”, subrayado es nuestro. En síntesis, las gestiones a favor de las comunidades se verán diezmadas por parte de los lideres que son elegidos con el voto popular, o por lo menos, en este tipo de activadas tomara vigencia el hecho de que se tendrá que revisar la viabilidad o no de interceder a favor de unos u otros, lo que podría conducir a que se retome los llamados consejos comunitarios o sesiones de concejos y asambleas por fuera del recinto oficial con presencia estatal, tal y como lo ejecutamos en el año 2005 desde el concejo, donde se abrían los espacios para que fuesen las mismas comunidades que presentaran sus necesidades mas apremiantes, como metodología, la administración tomaba atenta nota y el concejo hacia seguimiento al cumplimiento de los mismos compromisos, pero claro, para que esta iniciativa tenga éxito, se requiere una ciudadanía organizada, comprometida con sus representados, de igual manera se requiere una administración despojada de celos políticos y cero interés por utilizar la administración para futuras aspiraciones políticas con el fin de que de tratamiento igualitario a las y los ciudadanos y desde luego unas corporaciones que entiendan que una vez elegidos su responsabilidad va mas allá de cuidar una pequeña cauda electoral, que el compromiso es trabajar por el desarrollo de la ciudad independiente de que hayan o no recibido el favor electoral, en conclusión que es el momento de actuar de frente para y por la región.
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