Fraus omnia corrumpit

FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO

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El obstinado compromiso de Álvaro Uribe Vélez con la reactivación de la guerra es indubitable. El incendiario mesías vivifica y promueve la confrontación armada en Colombia y la reinstauración del régimen de seguridad democrática. Uribe ha sido el adalid sobresaliente contra los Acuerdos de La Habana, el impulsor del No plebiscitario, el enemigo jurado de la Justicia Especial para la Paz -JEP y del catastro multipropósito, el gestor de la jurisdicción especial para los militares, el defensor ultranza de los nuevos y antiguos propietarios territoriales exentos de buena fe. Su hechura, el presidente Duque, implementa las medidas que le ordena.

En su infinita sabiduría, el señor Duque ha incurrido en incuestionables yerros jurídicos: i- Puede irrespetar los Acuerdos del Colón, porque no fue firmante de los mismos. ii- Puede solicitar la extradición del equipo negociador del Eln, porque no suscribió los protocolos internacionales. iii- Puede objetar la Ley JEP, cosa juzgada constitucional, inapelable, por razones de “inconveniencia”. Lo último es ignorancia invencible. Sus argumentos no son jurídicos, ni constitucionales, ni por inconveniencia. ¡Son abyección y servilismo político! El asunto es gravísimo, porque está impugnando la decisión de exequibilidad emanada de la Corte Constitucional, valiéndose para ello del fraude y el engaño.

Los complejos lenguajes jurídicos son difíciles de elucidar. La cuestión de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, es uno de tales casos. El adagio Fraus Omnia Corrumpit significa que “el fraude todo lo corrompe”. Es una regla moral, elevada a principio jurisprudencial. Se asimila al dolo, es decir, a la simulación llevada a cabo maliciosamente con la intención de dañar a alguien. Las desviaciones del gobernante que urde maquinaciones ruines contra la integridad social, no pueden imponerse sobre los derechos e intereses de la sociedad. El Estado de Derecho obliga, sin excepción, a todos los miembros de la comunidad, incluido su presidente. Basta saber que un acto –objeciones presidenciales a la JEP– ha sido promovido con la intención de vulnerar los derechos ciudadanos –derecho a la Paz, funcionamiento de la JEP– y los intereses de la víctimas –verdad, reparación, no repetición– para desconocerlo por improcedente.

Los actos o hechos jurídicos promovidos por Duque deben respetar los requisitos imperantes, es decir observar los límites de su derecho –objeción por “inconveniencia”-, sin abusar de él, ni menoscabar los derechos ajenos –Paz, reparación, funcionamiento de la JEP. Por tal razón, un resultado obtenido mediante fraude –objeción presentada ante el Congreso-, no puede beneficiar a los autores de este engaño –Uribe Vélez, Centro Democrático y clase gobernante. Todo acto fraudulento debe ser rechazado por la ciudadanía, la Corte Constitucional y el Congreso. Al resultado que aspira obtener el presidente mediante falacias (objeciones), es aplicable el aforismo Fraus Omnia Corrumpit.

Las maniobras del ejecutivo que tiendan a impedir la ejecución del Convenio del Colón, se realizan para inducir a engaño al Congreso en perjuicio de la ciudadanía, las víctimas, la JEP y el ordenamiento constitucional.

En el proceso de objeción todo es falso y cuenta con la complicidad de los partidos CD, Conservador y pequeños adláteres en perjuicio de terceros. Obtener dolosamente un resultado, a fin de incumplir con la implementación de la Paz, configura un fraude por cuanto el ejecutivo desconoce la cosa juzgada contenida en la resolución judicial de la Corte Constitucional y pretende, mediante sus objeciones, excluir seis artículos de la Ley, engañando al Congreso mediante la presentación falaz de los hechos por inconveniencia. El fraude fue descubierto antes de que Uribe-Duque obtuvieran el resultado apetecido. ¡Es imperativo marchar beligerantemente por la JEP, la Paz y la Reparación!