El polvorín del norte del Cauca

FELIPE SOLARTE NATES

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La presencia de disidencias de las Farc, Eln, del Epl, y otras bandas delincuenciales y paramilitares que para despistar cambian frecuentemente de nombres, convierten al valle geográfico del río Cauca enmarcado por las cordilleras central y occidental y compartido por los departamentos del Cauca y del Valle, en polvorín con estallidos frecuentes, como sucedió hace meses cuando entre áreas rurales de Toribio y Corinto se enfrentaron dos de los grupos, que ante la demora del Ejército y Policía, aprovecharon la desmovilización del Sexto Frente de las Farc, urgidos por controlar el cultivo y procesamiento de la coca, marihuana, amapola y la minería ilegal junto a los corredores para movilizarla hacia el Pacífico, aliándose con el cartel de Sinaloa, quienes mediante recientes comunicados amenazaron de muerte a dirigentes indígenas.

Aparentemente son cuatro bandas disputándose el narcotráfico, minería ilegal, extorsión y secuestro, a diferencia de lo sucedido entre el 2000 y 2004, cuando llegaron los paramilitares del Bloque Calima de las AUC, para enfrentar a las Farc y al Eln importados por una alianza entre narco-hacendados como Don Diego, Gordolindo y parapolíticos y empresarios de la caña de azúcar y de otras industrias atraídas por los beneficios de la ley Páez, según lo evidenció el libro publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

En 2019, los indígenas enfrentan la situación más crítica, pues además de anteriores enfrentamientos con Policía y Ejército intentando desalojarlos de tierras de particulares sembradas de caña de azúcar, desafiaron a ‘disidencias’ de las Farc y otros grupos armados que transitan por sus Resguardos, atreviéndose a quitarles las armas y detenerlos, para ser juzgados por sus autoridades, lo cual determinó respuesta violenta de estos magnificada con el atentado del sábado 10 de agosto, al atacar la chiva en que se movilizaban los indígenas matando a dos e hiriendo a cinco.

Lo peor es que en el río revuelto se aprovechan varios pescadores tirando la piedra y escondiendo la mano, mientras extienden su acción criminal con amenazas de extorsión, como las que hicieron a David Luna, gerente de Proclama del Cauca, los integrantes del supuesto “Grupo Armado Organizado Residual, GOAL.




“Es de destacar que similar situación soportaron el pasado primero de agosto los periodistas Miguel Ángel Palta de 90 Minutos, Fransuá Martínez de Blu Radio; Eduardo Manzano de Noticias Caracol; junto a los camarógrafos Arlex Piedrahita y Alexander Cárdenas, quienes recibieron amenazas de otra organización armada ilegal, y que adicionalmente, el 4 de agosto los comunicadores recibieron otro mensaje en el que los amenazaban nuevamente de muerte… … mientras la ministra del Interior estaba discutiendo las medidas a adoptar para evitar más hechos trágicos con delegados de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, con el gobernador Óscar Rodrigo Campo Hurtado y con los representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), como si fuera un desafío o un reto de la criminalidad a la institucionalidad, simultáneamente era asesinado Orlando Gómez, rector de la Institución Educativa Afro Empresarial Huasanó (Caloto), luego de haber sido secuestrado por dos hombres que se lo llevaron en su propio carro al salir del colegio. El cadáver fue encontrado en horas de la tarde en la vereda El Jagual en Corinto.”, según informa Proclama del Cauca.




En esta tormenta perfecta, la democracia es la debilitada pues los indígenas, periodistas, comerciantes, defensores de derechos humanos y población civil, son los más perjudicados por este accionar violento de bandas criminales, paramilitares al servicio de la ultraderecha y guerrillas a nombre de la ‘revolución’, haciéndoles el juego a todos, debilitando los procesos sociales, económicos y políticos autónomos y democráticos impulsados por diversos sectores sociales entre ellos las comunidades indígenas y afro-descendientes, cuyos líderes han sido víctimas de atentados recientes.

Si no hay pronta intervención de Fiscalía, del gobierno nacional con todas sus entidades y no sólo las armadas, de la Defensoría del Pueblo y protectoras de Derechos Humanos, para actuar en conjunto con las comunidades indígenas, afro-descendientes y diferentes organizaciones asentadas en las zonas plana y montañosa del norte del Cauca y el sur del Valle, esta amplia región puede convertirse en un polvorín similar al del Catatumbo y Magdalena Medio, ante la escalada de amenazas y asesinatos contra líderes indígenas: 159, desde que se desmovilizaron las Farc y seis, desde el 1 de julio al 12 de agosto.