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FELIPE SOLARTE NATES
Ante la propuesta del ministro Carrasquilla de subir el IVA a la canasta familiar, tanto los que la propusieron desde el Centro Democrático, como los liberales y mayoría de grupos políticos, se manifestaron públicamente en contra, pensando en no perder el respaldo de los sectores populares y la clase media, mientras amparados en argucias legales, los congresistas aplazaron por un año la tramitación de la ley que les rebajaría el sueldo, a ellos, y a altos funcionarios del Estado.
Es la doble moral y el juego del culebrero embolatando con su labia florida al montañero que bajó a la plaza de mercado del pueblo y a los parroquianos que le hacen ruedo mientras les anuncia que sacará la culebra, antes de venderles la pomada al precio que él les fija, que “es una chichigua”.
Argumentan que pocos grupos económicos, y grandes industrias tienen los impuestos más altos de la región y hay que bajárselos para que sean más competitivos en el comercio internacional.
Puede ser cierto; pero no tienen en cuenta que con las numerosas exenciones tributarias concedidas a las ‘zonas francas’, subsidios disimulados y leyes proteccionistas logradas gracias a la financiación de campañas de congresistas de diferentes partidos políticos,- como lo hacen por ejemplo, los de los ingenios azucareros y productores de biocombustibles-, muchos industriales y empresarios logran que les aprueben leyes favorables y en realidad pagan menos impuestos que los que afirman tributar.
Además con la ‘reforma laboral’ que impulsó Uribe en su primer gobierno, los costos de producción aminoraron notablemente, cuando acabó con las horas extras, estabilidad laboral y facilitó contratos a término fijo promoviendo las ‘cooperativas de trabajo asociado’, que son una fachada montada por los patronos para para eludir pago de prestaciones sociales y cesantías.
A pesar de este papayazo, muchas industrias no crearon nuevos empleos y aprovecharon las rebajas de impuestos para importar maquinaria robotizada que no necesita humanos.
Son las contradicciones de la tecnología y los intereses privados confrontados con los de la sociedad.
Es cierto que el desajuste presupuestal abierto por la caída de los precios internacionales del petróleo y carbón, desde el gobierno de Santos, abrió una tronera de más de 15 billones de pesos al presupuesto de la Nación y obligó a impulsar otra remendada reforma tributaria, que al ser insuficiente para tapar el boquete, obligó al gobierno de Duque a promover, la llamada “ley de financiamiento”; pero sin considerar que a este gobierno le sonrió la suerte, al repuntar el precio internacional del crudo y carbón y se le presentan condiciones más favorables para reforzar las arcas públicas y reorganizar el gasto, controlando la multimillonaria evasión de ‘cuello blanco’, la corrupción generalizada que se traga más de 20 billones anuales, y ahorrando en burocracia innecesaria y gastos suntuarios, en lugar de clavar a los sectores populares y clase media que no pueden abrir cuentas secretas en paraísos fiscales como Panamá, a donde fueron a parar las ganancias de los bonos del “agua que no has de beber déjala correr”, del ministro Carrasquilla.
El exdirectivo del Banco de la República, Salomón Kalmanovitz, propone: “Para recomponer la reforma en términos de equidad -sin afectar ingresos e inclusive, obteniendo más- se les debería cobrar a los dividendos lo mismo que le están cobrando a la clase media alta -el 37 por ciento- y permitirles algunas deducciones… … Allí es donde está la plata, no en los gerentes ni subgerentes de las compañías (clase media alta). Ahí también hay plata, pero no tanto. El grueso está en la élite”.
Es inaudito que los dividendos paguen 5 ó 10 por ciento y no el 37 con el cual ‘clavan’ a la clase media. Al contrario, deberían pagar más que la clase media porque tienen mucho más. Eso sería verdaderamente progresivo”.
Razón tuvieron los expresidentes Uribe y Gaviria viejos camaleones de la politiquería, al bajarse del bus del IVA que el Centro Democrático promovió, presentándose como los ‘Chapulínes colorados’ de los desarrapados y la aporreada clase media, y más cuando los estudiantes universitarios, profesores y maestros de secundaria adelantan un prolongado paro para lograr incremento en el presupuesto de la educación, y al cual pueden sumárseles otros sectores sociales del campo y la ciudad agobiados por problemas sin resolver desde hace décadas a pesar de numerosos compromisos firmados por funcionarios de varios gobiernos.
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