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FELIPE SOLARTE NATES
Ya había pasado en la Fiscalía con Luis Camilo Osorio, cuando capoteó procesos contra civiles y militares vinculados con el paramilitarismo. También con el anterior Fiscal Eduardo Montealegre, a quien durante su gestión llovieron rayos y centellas por hacerse el loco con las investigaciones a su mejor cliente cuando fue abogado defensor: la cabeza de Saludcoop, Carlos Palacino, acusado de multimillonaria defraudación de fondos de esa ESP, entonces la de mayor número de afiliados e ingresos del país.
Al igual que los anteriores, el Fiscal General Néstor Martínez, está en la mira a raíz de las muertes misteriosas del ingeniero Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, envenenado con cianuro y las revelaciones en Noticias Uno, de audios grabados por Jorge Pizano, en 2015, sobre sospechas por movidas financieras que involucraban a Odebrecht y Corficolombiana, la constructora de Luis Carlos Sarmiento Angulo, (cabeza del grupo financiero AVAL, El Tiempo, Porvenir, Corficolombiana, etc.), en la adjudicación de contratos para la construcción de la Ruta del Sol y otras mega-obras que hoy están paralizadas.
Durante su conversación con el auditor Pizano, Martínez Neira, en tono jocoso y boquisuelto, quedó de avisarle a su jefe Sarmiento, pero parece que este sólo se preocupó de no dejarse tumbar de Odebrecht, exigiéndole la devolución de los cerca de 30.000 millones de pesos embolatados y no denunciaron maniobras irregulares ante las autoridades nacionales e internacionales.
Según opiniones del abogado y economista José Roberto Acosta y del jurista y columnista de El Espectador, Ramiro Bejarano, invitados al programa Semana en Vivo, del 14 de noviembre, lo dado a conocer por Pizano al entonces amigo y abogado de Sarmiento, por lo menos indiciaban la comisión del delito de lavado de activos y era su obligación denunciarlo, según tratados internacionales vigentes que vinculan a Colombia, y no sólo comunicarlo a su jefe, que según parece, después de no dejarse tumbar por Odebrecht, que hábilmente le endosaba la plata de los sobornos, se desatendieron del asunto, y sólo se hicieron los enterados, dos años después, -como lo declaró Luis Carlos Sarmiento, hijo, en entrevista que en su periódico El Tiempo, le hizo la obsecuente María Isabel Rueda -, cuando en los Estados Unidos y Brasil, explotó el escándalo de la cadena de sobornos que urdió Odebrecht para que les adjudicaran autopistas y otras mega-obras, en numerosos países del continente comprometiendo con coimas a la clase dirigente, desde presidentes de varias repúblicas y ministros, algunos de los cuales ya están condenados y detenidos y también a candidatos a sucederlos, (en Colombia mencionaron a Santos y su contendiente Zuluaga, pero a la investigación le aplicaron la canción. “échale tierrita y tápalo… tápalo”).
A pesar de las leguleyadas argumentadas ante los medios de comunicación para demostrar su transparencia, el Fiscal Martínez Neira no convence y más cuando ante el Director del noticiero del Canal Caracol, afirma que los fiscales en Colombia “gozan de total independencia y él no tiene nada que ver en la orientación de sus investigaciones”. Se olvida que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca.
La situación toma ribetes de novela negra con las misteriosas muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, con cianuro de por medio.
Ya las altas cortes se habían visto perjudicadas en su imagen cuando se destaparon las tutelas compradas por grandes empresarios a magistrados corruptos como Pretelt, además del próspero negocio montado por los cabecillas del ‘cártel de la toga’.
¿Con qué autoridad moral van a pedirles a los jueces y fiscales qué no se pongan al servicio del mejor postor?
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