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Eliana Gómez Hurtado
Respeto por la vida, el agua y el territorio, la derogación de los títulos mineroenergéticos del 90 por ciento de los territorios en el Macizo colombiano, la no aceptación de las licencias ambientales para la producción hidroeléctrica y otras p, fueron las peticiones exigidas por las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes del departamento, en el evento de la ‘Cumbre del Cauca en el Macizo’, un espacio de diálogo entre las comunidades y el gobierno nacional, departamental y municipal.
De acuerdo con Óscar Salazar, integrante del ‘Proceso campesino y popular’ del municipio de La Vega y coordinador del ‘Proceso de unidad popular del suroccidente colombiano’, Pupsoc, en 1976 el Macizo colombiano fue declarado patrimonio ambiental de la humanidad, reserva de la biosfera y constelación del cinturón andino por la Unesco, “por eso nos parece inconcebible que el Estado colombiano tenga ofertado y titulado el 90 por ciento de los territorios de los municipios de la corona del Macizo para otorgárselos a la política extractivista mineroenérgetica, y le exigimos al gobierno nacional, departamentales y municipales que se deroguen los títulos y las licencias ambientales que han sido otorgadas para la producción hidroeléctrica, sin el previo aviso de las comunidades”, explicó.
De igual manera, solicita al gobierno que se adopte la declaración universal de los derechos del campesinado, que fue aprobado por el Consejo de las Naciones Unidas, “pero que el estado se abstuvo de votar”. Así como el cumplimiento de la orden de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 2028 de 2018, “que le ordena a todas las instancias del estado que tiene que tomar medidas eficaces para la igualdad material del campesinado colombiano como sujeto de protección constitucional especial”, expresó el representante de las organizaciones sociales.
Resisten a la explotación de los recursos naturales
Los vegueños, almaguereños y sebastianeños y otros caucanos, resisten a la extracción minera y demás recursos naturales en cualquiera de sus formas. Por eso, las distintas organizaciones se articulan con la comunidad, para no permitir la actividad minera legal o ilegal que llegan a estos territorios.
“Esa es nuestra ley y mandato popular y así lo hacemos. Ayudamos a otras agrupaciones de los demás municipios para que esa misma política se aplique en todo el territorio de la corona del Macizo, porque consideramos que es absurdo que en la cuna del agua de Colombia, que aporta el 70 por ciento del líquido vital para los acueductos del país, se esté practicando esta actividad económica tan agresiva contra el medio ambiente y las culturas indígenas, campesinas y afrodescendientes”, expresó.
Según Salazar, este trabajo no solamente se está adelantando en esta zona del Cauca sino en el resto de los municipios (89) de Colombia (siete departamentos) que integran el Macizo colombiano.
“No podemos permitir que el agua de estos territorios sea destruida por esta fiebre del oro y por la tal confianza inversionista que se viene despertando en el país”, agregó el líder social.
Es como tener y no tener el líquido vital
Aunque en el departamento nacen los ríos más importantes del país (Patía, Cauca, Magdalena, Putumayo, Caquetá y otros), donde se suplen cerca de 50 millones de colombianos, no cuentan con el sistema de acueductos que permita transportar el agua desde los nacederos hasta los lugares más recónditos de esta región.
“Dice la Biblia que Cristo pidió agua y le dieron vinagre. Hemos exigidos desde siempre la construcción de los acueductos, porque aquí hay agua entubada pero no acueductos, por eso solicitamos la potabilización del agua, pero pedimos agua y nos dan vinagre, es decir solicitamos que nos potabilicen el líquido vital pero nos dicen: les potabilizamos el agua pero con la condición de privatizar el recurso y eso no es así”, señaló el coordinador del ‘Proceso de unidad popular del suroccidente colombiano’, Pupsoc.
En ese orden de ideas lo que están reclamando las comunidades es la construcción de una ley del agua, donde este recurso no sea un negocio del gobierno nacional sino un derecho de los colombianos. “No puede ser que en Colombia el agua sea reglamentada a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, que es como está ahorita; un documento dictatorial que se ha inventado el estado para reglamentar el derecho al agua, tiene que haber una ley del agua, que permita que las comunidades seamos soberanas sobre este bien común”.
Por otro lado, Cristian Carvajal, integrante del ‘Proceso campesino y popular’ de La Vega y del ‘Proceso de unidad popular del suroccidente colombiano’, Pupsoc, aseguró que: “las organizaciones sociales hacemos parte de esta Cumbre con el objetivo de declarar al macizo colombiano libre de minería, de las políticas expropiadoras de nuestros territorios y culturas, porque si el Macizo vive, vivimos todos. También demostrarle a la comunidad del Cauca, de Colombia y el mundo que somos parte de la cuenca hidrográfica más importante que puede existir en las tres américas”.
Para terminar, Ricardo José Lozano, ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, anunció que: “somos conscientes que desde el territorio se construye país. Tenemos que contarle a Colombia que el Cauca es un territorio muy orgulloso de su pluriculturalidad, bases y costumbres, eso es lo que queremos replicar en el resto de la nación y también lo queremos hacer con el Plan Nacional de Desarrollo, PND, decirles que el gobierno está presente para cumplirle al país y esa inversión social que hay en los territorios se va a seguir garantizando”.
“El Macizo colombiano no está en venta”
Durante la cumbre, el gobernador del Cauca Óscar Rodrigo Campo, comentó que: “no se puede permitir bajo ningún mecanismo la explotación minera en esta zona del Cauca, porque el Macizo colombiano no está en venta, nosotros somos importantes para el país”.
De igual manera, le instó al gobierno central las necesidades más prioritarias del departamento como es la disminución de la pobreza, la implementación del proceso de paz, la solución al problema de las economías ilegales y la minería, así como la continuidad de los proyectos de la Transversal del Libertador, la doble calzada de Santander de Quilichao – Popayán y la vía al mar, entre otras.
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