Estudiantes de Unicauca se declaran en asamblea permanente y fijan hora cero para el paro

10:43 am 07-octubre

Por: Olga Portilla Dorado

@olguitapd

El pasado viernes en la Asamblea general de estudiantes de la Universidad del Cauca se ratificaron las exigencias al Gobierno Nacional en materia presupuestal y de inversión para la Alma Mater caucana, también se definió que la hora cero del paro será el 11 de octubre, un día después de la jornada nacional de movilización por la defensa de la educación superior pública.

Mañana lunes se reunirá la coordinadora con los estudiantes, docentes y trabajadores para definir la administración de lo que será la movilización de este miércoles, y se espera que la hora cero del paro se ratifique con los docentes y empleados.

No están de acuerdo con el presupuesto asignado

Hace un mes, las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron 258,9 billones de pesos para el Presupuesto General de la Nación (PGN) vigencia 2019.

En el presupuesto, cuyo incremento respecto al de este año es de 3,7%, los sectores con más recursos son educación y defensa, con $38,7 billones y $33,6 billones, respectivamente. El Congreso de la República deberá dar su aprobación final sobre el monto y la distribución antes de la medianoche del 20 del presente mes.

Sin embargo, de ese presupuesto para la educación, las universidades públicas sólo reciben el 10%. De ahí que, desde hace varias semanas, casi a la par de que se conociera el monto y la distribución de ese presupuesto, de acuerdo al Sistema Universitario Estatal (SUE), las 32 universidades públicas que hay en el país tienen un faltante de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y aproximadamente 15 billones en infraestructura.

Por eso, en una declaración conjunta los rectores del SUE, el pasado 28 de septiembre expresaron en conjunto que la desfinanciación estructural del sistema universitario estatal requería de la solidaridad del Congreso de la República, por lo que, entre otras cosas, solicitaron que “en el presupuesto general de la nación del 2019 se garantice al menos el medio billón de pesos prometido, recursos que se requieren para la viabilidad del sistema estatal”.

Así mismo, en el Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior 2.0 realizado en la ciudad de Florencia (Caquetá), se planteó un pliego de exigencias al Gobierno Nacional, el cual fue radicado en el Congreso de la República el pasado 27 de septiembre.

Entre las solicitudes, los estudiantes piden un incremento presupuestal de 4,5 billones de pesos para las instituciones de educación superior públicas de Colombia.

“Algunos de los consensos y, por ende, banderas de lucha que adoptará el movimiento estudiantil a escala nacional, son: derogar la Ley 1911 del 2018, que sustenta el Sistema de Financiación Contingente al Ingreso y el Acuerdo por lo Superior 2034. Reformar la Ley 30 de 1992, en sus artículos 85, 86 y 87, que sustentan la financiación de la educación con apoyo del sector privado. Pago de los 13,5 billones de la deuda histórica del Gobierno a las universidades públicas. Financiación plena del Bienestar Universitario por parte del Estado. Garantías democráticas para la participación, organización y movilización estudiantil”, señala el comunicado oficial de ese encuentro.

Así mismo, el estudiantado planteó un cronograma donde además de las asambleas y jornadas de pedagogía que cada universidad ha realizado y continúa haciendo en sus claustros, tanto el 2 como el 10 de octubre se declararon jornadas de movilización nacional.

“Unicauca se defiende”

En Popayán, más de tres mil estudiantes de la Unicauca salieron el pasado martes 2 de octubre recorriendo las principales calles de la ciudad, desde la Facultad de Derecho (centro) hasta el centro comercial Campanario; una jornada preparatoria a lo que será la gran movilización de este 10, pues en esta se espera que no solo salgan estudiantes sino también docentes y trabajadores de la Unicauca, así como estudiantes de universidades privadas y de colegios.

En la marcha, hombres y mujeres con sus cuerpos pintados, con banderas y pancartas, pero sobre todo con la motivación de defender su universidad pública llegaron desde el centro de la ciudad hasta la carrera sexta junto a la Facultad de medicina, luego se dirigieron hacia el norte por toda la Panamericana hasta Campanario. Con arengas y volantes, bajo el sol apremiante, volvieron a las calles por la defensa de la educación pública.

En diálogo con Fredy Palechor, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad del Cauca, señala que esta jornada de movilización y la que se realizará este miércoles tienen un objetivo claro: defender la universidad pública, basados en exigencias como solicitar incremento en el presupuesto para el funcionamiento y la inversión en estas instituciones, mejorar la vinculación laboral de los docentes, reformular o desistir del programa ‘Ser Pilo Paga’, y dejar de descargar en terceros el financiamiento del sistema de la educación pública estatal.

“La educación superior a nivel nacional está pasando por un momento crítico por el desfinanciamiento, unos recursos que son importantes para poder cumplir con los fines misionales que tiene la Universidad, para poder mejorar la calidad académica, los contratos de docentes, su estabilidad e incentivo para investigar. Sabemos que el problema no viene de ahora, sino de muchos años atrás cuando la educación se vio no como un derecho fundamental sino como un servicio que es basado en el subsidio a la demanda, basado en el negocio”, explica Palechor.

Según el representante estudiantil, programas como ‘Ser Pilo Paga’ (que hoy se dice va a ser reemplazado), dejó grandes secuelas en la educación superior porque entre 2016 y 2017 alrededor de 800 mil millones de pesos dejaron de ir a las cuentas de las universidades públicas porque esos recursos fueron destinados para poder atender el programa.

De otro lado, Palechor agrega que a través de la Ley 1911 de 2018 donde se crea el sistema de financiación contingente al ingreso, desde el movimiento estudiantil no se ve con buenos ojos ese Sistema porque sería ver nuevamente la educación como un negocio y no como un derecho fundamental.

“Sus objetivos son aumentar la cobertura en las universidades públicas, disminuir la deserción, pero sin afectar el presupuesto nacional, es decir descargando en terceros el financiamiento del sistema de la educación pública, y el Estado, que es el que debería asumir ese tipo de cosas, haciéndose a un lado o reduciendo su aporte como lo viene haciendo desde la década del 90”, puntualizó Palechor.

Y es que desde 1992 la Ley 30 del 28 de diciembre de ese año por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior, aunque fue beneficiosa en muchos aspectos como mayor cobertura, mayor tecnología, más grupos de investigación, más inversión para laboratorios; al mirar de dónde iba a ser financiada esta educación pública “hizo mal las cuentas”, pues en sus artículos 86 y 87 plantea lo siguiente:

“Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución. Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.

Artículo 87. A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto. Este incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran”.

Sin embargo, hoy 26 años después, aunque la inversión a la universidad debía aumentar de acuerdo al costo de vida de todos los años, no se pensó en que estas instituciones iban a crecer, iban a incrementar sus cupos, sus programas, el número de docentes, requerían mayor infraestructura, etc.; de ahí que el faltante para la educación superior pública sea de 15 billones de pesos.

Por ejemplo, de acuerdo al periódico ‘La Urbe’ de la Universidad de Antioquia en el año 1993 se aportaron 1,72 billones de pesos para 160 mil estudiantes, y en 2016 se aportaron 2,93 billones de pesos para 600 mil estudiantes en pregrado en las universidades públicas.

¿Cómo hacen las universidades entonces para mantenerse? Podría decirse que es una labor titánica, “pidiendo aquí, endeudándose allá, recortando aquí y disminuyendo allá”; por eso rectores, profesores y estudiantes coinciden en que hay una crisis presupuestal y para dar una educación pública de calidad, es justo incrementar el presupuesto para estas instituciones de educación superior oficiales, para que la “U” no quiebre.

Rector de la Unicauca pide recursos para la Alma Mater

José Luis Diago, rector de la Universidad del Cauca, quien respaldó la solicitud de recursos adicionales para la universidad pública declarada por el Consejo Nacional de Rectores del SUE, declaró que durante todos estos años han “enfrentado con eficiencia, austeridad y responsabilidad el uso de los recursos públicos”.

Agregando que la Unicauca, “necesita prioritariamente para garantizar su sostenibilidad y mejorar los indicadores de calidad, recursos adicionales para el rubro de funcionamiento que hagan parte de la base presupuestal, para atender la formalización de la planta docente de al menos 50 plazas para el 2019 que tienen un costo de $7 mil millones y la urgente regularización de 2.400 estudiantes de regionalización que necesitan $11.520 millones; como también en el rubro de inversión se requiere para terminar la segunda y tercera etapa de la Ciudadela Universitaria en Santander de Quilichao y el mejoramiento de la infraestructura y Laboratorios en Popayán, la suma de $87 mil millones”.

105 mil millones de pesos necesita la Universidad para el próximo año, que de no lograrse el incremento del presupuesto a nivel nacional pone en riesgo la viabilidad de las diferentes variables que contiene el modelo de indicadores de calidad de la educación superior (Mide) como lo son: incrementar la planta docente con formación Doctoral y Posdoctoral, fortalecer la investigación y la producción intelectual, medidas a través de WOS y SCOPUS, invertir en la movilidad entrante y saliente de docentes y estudiantes, y mejorar los indicadores de permanencia y graduación.

Así las cosas, esta semana será definitiva para el proceso estudiantil y la nueva lucha que libra en defensa de la educación superior pública, esta vez acompañada por el profesorado y los trabajadores de la universidad, esperando una respuesta positiva desde el Gobierno Nacional.