Estos son los funcionarios públicos investigados por la Fiscalía en el Cauca

09:21 am 19-noviembre

Redacción fin de semana

@elnuevoliberal

Esta semana, la Fiscalía General de la Nación informó que el alcalde de Sucre Carlos Ruber Mora fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria debido a una investigación que cursa en su contra por los delitos de: daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero y otros materiales, concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, prevaricato por omisión, falso testimonio y fraude procesal.

En este mismo caso también están involucradas otras personas, entre ellas el secretario de Planeación Jerson Fernández Serna quien renunció a su cargo en medio del proceso investigativo que adelanta el ente acusador, y quien también fue cobijado con casa por cárcel.

Ellos junto a otras tres personas son señalados de haber participado en la contaminación ambiental en la vereda Zaque, corregimiento de Guachicono, comprometiendo los ríos Guachicono de Bolívar y Patía mediante explotación ilegal minera.

De acuerdo al ente acusador, el alcalde Mora “sería el encargado de realizar y liquidar los contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Fernández Serna, como secretario de Planeación sería el encargado de supervisar y entregar informes para el pago de supuestos contratistas que no realizaron las obras, así como informes de recibo de las canteras, las cuales no cuentan con los permisos correspondientes”.

Otro de los casos que se conoció esta semana, es el de Rubén Vallecilla Hurtado, concejal de Timbiquí avalado por el partido Alianza Verde, quien fue capturado por la Policía Antinarcóticos por presuntamente integrar una organización narcotraficante que al parecer tiene nexos con el Cartel de Sinaloa, específicamente con el narco mexicano Ismael ‘Mayo’ Zambada.

De acuerdo a la información suministrada por la Policía, este concejal fue identificado como el responsable del envío de 800 kilos de cocaína de esta organización apodada el ‘Clan Familiar’. Las investigaciones señalan que el concejal, supuestamente, “incitaba a la protesta de pobladores de la región en contra de la erradicación de cultivos ilícitos”, además «el concejal era uno de los enlaces principales para llevar a cabo las transacciones de envío de la cocaína hacia Centroamérica, y su hermano, Iván Darío Vallecilla, era identificado como el líder de la organización y el enlace directo con el ‘Mayo Zambada’”, dijo el general Fabián Cárdenas, director de Antinarcóticos.

Como ellos, varios funcionarios públicos, entre alcaldes, exalcaldes, concejales y secretarios de despacho de diferentes municipios del Cauca están en “líos judiciales” por algún tipo de delito.

De acuerdo con el director seccional de Fiscalías del Cauca Leonardo Vergara, en el marco del Plan Bolsillos de Cristal de la Fiscalía General de la Nación, la seccional ha priorizado más de 25 casos que están siendo investigados, a los cuales “no se les había dado el impulso necesario” para que tuvieran un desarrollo investigativo importante; “es así como la seccional hasta el año 2018 ha logrado imputar más de 18 casos, en otros se ha logrado tener algunas órdenes de captura, en delitos como peculado o contrato sin cumplimiento de requisitos legales”.

Alcaldes investigados: Popayán

Recordemos el caso del alcalde de Popayán, quien justo esta semana tiene audiencia de imputación de cargos por el delito de celebración indebida de contratos, proceso que adelanta la Fiscalía en su contra, ya que según este organismo el mandatario César Cristian Gómez Castro omitió una convocatoria pública para concesionar algunos servicios de la Secretaría de Tránsito municipal.

“Como ya se sabe, los servicios de tránsito de la ciudad, a partir de una decisión del Concejo se autorizó su concesión, lo que implica una convocatoria pública para recibir diversas ofertas por parte de los interesados, pero no se procedió de esa manera y la tesis investigativa que plantea la Fiscalía ante la Jurisdicción es que a través de ese convenio interadministrativo se soslayó el correspondiente procedimiento público de convocatoria”, indicó el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez.

En ese proceso investigativo también se encuentra involucrado el exsecretario de Tránsito Roberto José Díaz López.

De igual forma, recordemos que ese no es el primer proceso que enfrenta el mandatario local, pues desde el año pasado la Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra Gómez Castro, y contra otros funcionarios por presuntas irregularidades en la ejecución del programa ‘Popayán te abraza’ desarrollado para la Semana Santa 2016 donde se suscribió un convenio de asociación con la Fundación la Tortuga Triste. Indagación que llevó a que la Procuraduría, el 26 de julio de este año, en un primer fallo determinara suspender por 11 meses al alcalde.

Suspensión que también cobijó a la exalcaldesa (e) para la época de los hechos (2016), Claudia Ximena García Navia, y a la secretaria de Deporte y Cultura, Claudia Lorena Cruz Astudillo. Aunque los funcionarios presentaron recurso de apelación, este no ha sido resuelto aún por la Sala Disciplinaria en segunda instancia.

De igual forma en la investigación que realiza la Fiscalía sobre estos mismos hechos y en el proceso de audiencias que se han realizado, lo último que se conoció es que por el delito de concierto para delinquir no se seguirá investigando al alcalde, pero sí continúa el proceso por los presuntos delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad material en documento privado.

Así mismo, desde la seccional de Fiscalías del Departamento, se señaló que cursa otra investigación contra el mandatario Gómez Castro por su presunta participación en política, proceso en el cual la semana pasada tenía una conciliación y no asistió.

Almaguer

En Almaguer la comunidad recibió con sorpresa la noticia de que a su alcalde Darío Albeiro Galíndez un Juez de Control de Garantías le dio casa por cárcel al ser acusado por la Fiscalía por los delitos de: peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Presuntos hechos de corrupción en un contrato donde se compraron 19.900 tejas, de las que sólo se recibieron 11.072.

En estos hechos también se dio captura a otras tres personas, entre ellas el almacenista de ese municipio.

Sin embargo esa “modalidad” para actuar no es nueva en ese municipio, pues al exalcalde del municipio Franco Nelson Hoyos Ruano y a Rogelio Hincapié Bolaños exsecretario de Planeación y Obras, se les imputó el cargo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso por peculado por apropiación, por lo mismo: compra de una cantidad de tejas que no se entregaron todas y que generó un detrimento en los recursos de la administración local.

“Es importante anotar que esta dinámica está siendo ubicada en otras administraciones por lo que estamos adelantando las respectivas actividades investigativas y esperamos dar algunos resultados próximamente”, señaló Vergara.

Guapi

Otro de los mandatarios que tuvo que presentarse a la justicia fue el alcalde de Guapi: Danny Eudoxio Prado Granja, a quien la Fiscalía en audiencia de control de garantías, en el mes de febrero de este año, le imputó los delitos de favorecimiento en fuga de presos (en 9 casos), falsedad ideológica en documento público (en 9 oportunidades), prevaricato por acción y concierto para delinquir.

En ese mismo caso se vio involucrado Wilson Prado Salazar, exdirector de la cárcel de Florida (Valle del Cauca). De acuerdo con las evidencias recopiladas por la Fiscalía, los dos procesados harían parte de la estructura delictiva denominada ‘Los Tutelantes’, que mediante acciones de tutela favorecían a personas de alto perfil criminal para que fueran trasladadas a cárceles de mínima seguridad en Valle y Cauca.

En la audiencia realizada a estos dos funcionarios, el Juez de Control de Garantías determinó que no debían ser privados de la libertad, pero seguían vinculados al proceso.

La Vega

El alcalde de la Vega Óliver Ordóñez Paz, en mayo de este año, también fue notificado por la Fiscalía de la investigación que hay en su contra y que cobija además a una funcionaria de su gabinete por su presunta participación en política durante las elecciones del pasado mes de mayo.

La apertura de la investigación se dio luego de conocer una reunión a la cual habrían asistido algunos funcionarios de la región, en la que supuestamente se habría hablado de apoyar al entonces candidato a la Presidencia Germán Vargas Lleras.

“La Procuraduría tiene en su poder grabaciones en las que el alcalde del municipio de La Vega, Óliver Ordóñez Paz, habla con funcionarios, concejales y contratistas del municipio pidiéndoles votar por Vargas Lleras a cambio de 10 mil millones de pesos de regalías”, sostiene la Fiscalía.

Inzá

El 7 de marzo de este año se realizó la imputación de cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado culposo contra el alcalde de Inzá Gielmis Chate Rivera; Richard Erazo, jefe de Planeación y Jerónimo Poche, jurídico de la administración.

Las investigaciones adelantadas por Fiscalía señalan que se decretó una urgencia manifiesta por temporada de lluvias donde se sacó un presupuesto para ampliar un puente peatonal ubicado sobre el río Ullucos que comunica la vereda de Yaquiba con el Resguardo de Ruegardo, por un valor superior a los 85 millones de pesos; sin embargo no se aplicó la modalidad de selección ajustada al estatuto de contratación pública y las obras de ampliación no habrían contado con los estudios necesarios, por lo que el 17 de octubre de 2017 el puente colapsó y causó la muerte de un apersona.

Concejales en líos por presuntos delitos

En abril del año pasado en una labor conjunta entre Fiscalía y Ejército se capturó a varias personas involucradas en una investigación por minería ilegal, caso ‘Moritas’, donde se vieron involucrados el concejal activo por el partido Liberal Pablo Parra y el diputado Miller Cerón, también elegido por voto popular en las elecciones de 2015 por esa colectividad política; y el abogado Víctor Rodríguez, quien en ese momento hacía parte de la administración Vive el Cambio como asesor jurídico.

Los hechos por los que fueron capturados los relacionaron con participar en la gestión para devolver 893,9 gramos de oro que habían sido incautados por las autoridades competentes en la ciudad de Popayán el 2 de febrero del año pasado; según la Fiscalía las actividades de minería ilegal se realizaban en la vereda Ruiz, zona rural del municipio de Almaguer.

Tanto al Concejal como al Diputado las autoridades determinaron darles medida domiciliaria preventiva mientras avanzaba la investigación, por lo cual ellos no pudieron continuar con el ejercicio de sus funciones en sus corporaciones, y el asesor jurídico de la alcaldía renunció a su cargo.

Sin embargo, por vencimiento de términos, en mayo de este año una juez de la República otorgó la libertad a Parra y Cerón, investigados por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.

En diciembre del año pasado, y luego de que la Procuraduría lo sancionará por seis meses, el concejal Luis Sánchez, fue imputado por la Fiscalía por los delitos de prevaricato por uso y tráfico de influencias en una investigación que lo vincula con su probable participación en el uso de maquinaria amarilla de propiedad del municipio para la explanación de un lote privado en una zona de Popayán. En estos hechos también está siendo investigada la exsecretaria de Infraestructura municipal María Eugenia Trujillo Solarte.

“Se siguen adelantando muchos casos, en este momento tenemos más de 25 casos priorizados en el Departamento por algunas irregularidades en la  contratación, casos que son denunciados por la comisión de moralización del departamento, o en muchos casos por particulares, o casos que nacen por iniciativas investigativas que hacen algunos periodistas, que son denunciados públicamente y la Fiscalía en su deber constitucional inicia las respectivas investigaciones de manera oficiosa con los despachos de administración pública que existen en el departamento del Cauca”, aseguró Leonardo Vergara director seccional de Fiscalías.