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ÁLVARO ORLANDO GRIJALBA GÓMEZ
Siempre hemos sostenido que la protesta social sin perjudicar a los demás, ni provocar caos, violencia, miedo, afectación o violación de los derechos humanos de las mayorías o de las mismas minorías, causando todos los males que hoy causa la minga por “la defensa del territorio, la vida, la justicia y la paz”, que adelantan las comunidades indígenas del Cauca, es justificable y aceptable sobre la base de la no afectación a los derechos de los demás.
La minga se ha convertido en todo lo contrario de lo que su nombre indica, por la “defensa del territorio, la vida, la justicia y la paz”, en un acto desafortunado de violencia social contra toda una ciudadanía y un pueblo trabajador, que ve con impotencia los incalculables daños y males que está causando la toma y secuestro de la vía arteria que nos comunica hacia el norte y sur del continente, la Panamericana, destruyéndola como lo han hecho en varios tramos, constituyéndose a todas luces en hechos atentatorios y violatorios de los más sagrados y substanciales derechos de todo ser humano la vida, la propiedad, la libertad, la justicia y la concordia, en este caso de miles de colombianos.
Desafortunadamente la actual minga que se adelanta, afecta parte del territorio como es la vía Panamericana, perturba la vida, la salud y bienestar de los demás, atenta contra la justicia que es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y obligaciones de cada ser humano en una sociedad, y altera la paz y la tranquilidad de las comunidades del Cauca, Nariño, Valle, Huila y Putumayo.
Algunas conductas y actores de la minga pueden enmarcar perfectamente en figuras consagradas en normas del Código Penal, y por ello la fiscalía debe judicializar a sus autores de todo tipo, ideológicos y materiales especialmente a aquellos que han violentado claros principios del derecho y la constitucionalidad colombiana.
Basta ya de tanta afectación a la vida, la tranquilidad, los bienes, el trabajo, y los demás derechos de miles de ciudadanos de bien que laboran en las distintas actividades hoy paralizadas, al turismo fuente indiscutible de subsistencia de centenares de personas, enormemente perjudicadas en sus derechos por los taponamientos que impiden la libre movilización, por el desabastecimiento, por toda la perturbación que conlleva un paro de esta naturaleza y magnitud.
Cuando aparecen en escena infiltrados o invitados especiales como timochencos, petros y otros, en medio de las comunidades indígenas, estos paros van tomando otra connotación que desvirtúa los fines que realmente dicen perseguir. Aquí lo que hay es una clara intervención politiquera, una mezcla de intenciones y fines que desvirtúan el fondo real y el sentido de una verdadera minga indígena.
De otra parte, cuando se hiere y asesina indefensos jóvenes policías y miembros de la fuerza pública, cuando explotan polvorines y mueren indígenas y se aplica la política del tape y tape, se decomisan explosivos y armas, se retienen personas, vehículos y mercancías, en fin se da tanta conmoción de todo orden dentro de estas protestas, ¿qué podemos pensar y qué podemos esperar?
Ya es hora que cesen las vías de hecho, ante la voluntad manifiesta del gobierno de ayudar a solucionar los incumplimientos heredados de otras administraciones irresponsables que les hicieron conejo a las comunidades indígenas en sus justas aspiraciones de mejoramiento colectivo y no les cumplieron.
El Cauca requiere de una gran voluntad política del gobierno nacional, para cumplirle no solo a los mingueros, sino a todas las comunidades del Departamento en la ejecución de obras macro de infraestructura como la doble calzada Santander-Popayán, la carretera al mar, las hidroeléctricas, de Julumito y del Micay, solo para citar unas entre otras tantas obras que requerimos con urgencia señor Presidente, y que la muda dirigencia caucana no ha tenido y parece no tener voluntad de hacer gestión para lograrlas.
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