En aras de un tratamiento informativo equilibrado, El Nuevo Liberal presenta las duras críticas de líderes animalistas y defensores ambientales frente a la actuación de dos patrulleros de la Policía, que fueron atacados por un perro ‘Pitbull’ en medio de un procedimiento judicial de conducción de una adolescente a Fundaser, entidad que busca restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad de Popayán.
Por eso, Consuelo Vargas, representante de Vida Animal, censuró la actuación de los uniformados ya que considera que el ejemplar muerto no representaba un peligro para la comunidad, porque era un animal dócil y tierno.
“Hay leyes que sancionan el maltrato animal. Yo sé que la perrita no atacó a los policías por eso no tenían derecho de segarle la vida a este ejemplar, que tenía siete meses, estaba esterilizada y contaba con todas la vacunas. Estaba preparada para llevar una buena vida, convivía con gatos y un bebé ya que no era agresiva. Yo no estuve presente pero el caso es que la pareja que tenía los perros no tenía nada que ver con el procedimiento judicial, pasaba por el lugar y en ese momento se le voló la joven, generándose una situación de tensión, donde los perros ladraron y como los policías estaban ofuscados, generándose así la agresión”, explicó Consuelo Vargas.
Esta versión contrasta por completo con el relato entregado por las directivas de la Policía Metropolitana, entidad que dijo que, Medicina Legal dictaminó que los policías afectados deben acatar una incapacidad de cinco y diez días respectivamente para que se recuperen de las escoriaciones de uno y cinco centímetros, causadas por las mordeduras del animal en glúteos y piernas.
“Fue una actuación en legítima defensa porque el ejemplar, cuando intentaban conducir a la adolescente, se abalanzó sobre los patrulleros y se agarró en la parte trasera de ellos, a pesar de los movimientos por quitársela de encima, el animal se aferraba más, obligando a proceder como ya se sabe. Además, los amos de los perros instaban a que atacaran y amenazaban con cuchillos porque ellos obstruían el procedimiento judicial”, explicó el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Popayán, coronel Edinson Rodríguez.
Mientras esta situación se registraba, el otro patrullero también era atacado por otro can, luego que al parecer, fuera instado por un joven. El perro se abalanzó sobre el uniformado, agarrándose de una de sus piernas, por eso el policía debió accionar su arma de dotación para salvaguardar su integridad física, causándole una herida en una de sus extremidades.
La agresión fue facilitada porque los dos ejemplares no contaban con bozales, como lo establece la jurisprudencia colombiana (Ley 746 de 2002) frente a la tenencia de perros de razas potencialmente peligrosas como son los ‘Pitbull’.
Arbitraje
Por eso, y con el fin de esclarecer esta situación, los policías heridos denunciaron al propietario de los perros por violencia contra servidor público.
De igual forma, los líderes animalistas manifestaron que recurrirán a la ley para exigir una sanción por lo que consideran un grave caso de maltrato animal.
Que sea entonces las autoridades competentes las que esclarezcan esta lamentable situación, generada, según las autoridades, por obstruir un procedimiento judicial.
Qué dice la ley frente a esta clase de perros
En una parte de la Ley 746 de 2002 se establece que “en las vías públicas, en los lugares abiertos al público, y en el transporte público en que sea permitida su estancia, todos los ejemplares caninos deberán ser sujetos por su correspondiente traílla. En el caso de los ejemplares objeto de los artículos 108-E y 108-F de la presente ley, es decir los ‘Pitbull’ al considerarlos potencialmente peligrosos, deberán portar además su correspondiente bozal y permiso de la autoridad competente”.
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