ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Tenemos la firme convicción de que la paz no se negocia, se construye todos los días, en las cotidianidades de las relaciones comunitarias en constante transformación. Gobiernos, guerrillas, gremios, colectivos, partidos, Ong’s, todos deben dialogar pero con la comunidades, con agendas a desarrollar frente a las Asambleas Generales de pobladores y con las organizaciones sociales representativas de cada sector. La idea es sumarnos todos a los Planes de Vida de los pueblos y comunidades.
Si además de esto se llegara al dialogo entre armados bienvenidos esos procesos, y que ojalá cumplan, pero la idea de muchos es caminar por vías colectivas.
Ya existen muchos “hechos de paz” concretos, que constituyen actos o iniciativas comunitarios, concertados, participativos, cotidianos, que buscan generar los contextos necesarios para las convivencias, resolver problemas sociales concretos, satisfacer necesidades de todos, ser solidarios, gestionar los conflictos. Generalmente son proyectos ideados por algunos, que luego las Asambleas Comunitarias adoptan y avalan. Pueden recurrir a apoyos externos o ajenos a las comunidades a fin de encontrar soluciones o explicaciones de puntos o temas especiales, pero el protagonismo y las responsabilidades son enteramente comunitarios.
Ejemplos hay muchos, vamos a citar algunos, que son iniciativas a apreciar en nuestras comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas o de pobladores urbanos.
En apoyo a los reincorporados de las Farc, los resguardos y autoridades de Caldono, Pioyá, Pueblo Nuevo, Tumburao, en el Cauca, han cedido a título de comodato unas 500 hectáreas para que los excombatientes adelanten allí sus proyectos productivos. Además, han facilitado la creación de cooperativas de producción y comercialización. Estos son hechos de paz no difundidos en la prensa comercial.
En 2013 se creó la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales en varios departamentos, para apoyar las denuncias sobre violencias sexuales y luchar contra las estigmatizaciones a las mujeres. Allí se realizan talleres sobre las agresiones y los silencios, se impulsan campañas, se realizan documentales. Buscan crear un “centro especializado” para víctimas de las violencias sexuales.
En 2014 las organizaciones sociales del Chocó crearon la “Comisión Interétnica por la Verdad en el Pacífico”, como organismo autónomo, destinado a recoger las memorias históricas del conflicto armado. Consideran que la principal víctima ha sido el territorio, desarmonizado por las rabias, los rencores, las venganzas, entre los actores armados, los gobiernos y sus financiadores. Para noviembre 2020, aspiraban a entregar un primer informe a la Comisión de la Verdad y a la JEP; y esperan dedicar un año a la realización de actos de armonización de los territorios, con re-encuentros de personas e impulso de iniciativas culturales; y posteriormente preparar los planteamientos sobre la necesidad de celebrar pactos de convivencias con cada comunidad.
En 2018, en Medellín, varios procesos sociales articulados dieron nacimiento al “Colectivo RAM- Resistencia, Arte y Memoria”, que –entre otras cosas- presenta obras de teatro rescatando las memorias de los desaparecidos, lanzando las críticas y reclamos de las familias víctimas. También decidieron la realización de “talleres del dolor y de las impunidades”, elaboran murales, convocan a sesiones de poemas, lecturas de ensayos y otros escritos, llaman a sumarse a las movilizaciones ciudadanas, y a explorar las pedagogías para la paz. Igualmente colaboran con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En 2018, la organización “Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado- MOVICE” pidió medidas cautelares a la JEP para proteger los sitios donde se sabe que existen fosas comunes, probablemente con los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas o que han sido asesinadas. Ellos recolectan datos, documentan casos, recogen informaciones, realizan audiencias con víctimas y funcionarios, todo ello con miras a colaborar con la JEP. Desde 2007 – 2008, la Diócesis de Cali mantiene un programa denominado “niños y niñas sembradores de paz”, que en su componente urbano se expresa como “La calle es nuestra”, iniciativa que impulsa el establecimiento de bibliotecas, y que trabaja en la creación de hábitos de lectura con los menores.