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Esa es la pregunta con la que la Fiscalía General de la Nación inició el proceso investigativo sobre un contrato que suscribieron estas dos instituciones para, al parecer, posteriormente concesionar a un privado la prestación de servicios para modernizar y optimizar los servicios administrativos de la Secretaría de Tránsito.
Redacción El Nuevo Liberal
@elnuevoliberal
El contrato por el que hoy la alcaldía de Popayán en cabeza de César Cristian Gómez Castro vuelve a estar en los ojos de la Fiscalía, es el que se celebró el 28 de marzo de 2017 bajo el objeto de “prestar los servicios de modernización y optimización de los servicios administrativos de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Popayán, a través de una solución integral de tecnología, información, comunicaciones y operación de TIC”; un convenio interadministrativo entre la administración municipal y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán, Emtel.
Según lo que conoció este medio, dicho contrato con número 20171800005487 (ver foto 1) que tiene como plazo 15 años a partir de la suscripción del acta de inicio, Emtel y la Alcaldía acordaron celebrarlo bajo el esquema de concesión, y en la cláusula cuarta donde se acuerda la retribución al contratista originada en el uso de las soluciones TIC integradas a las soluciones de los servicios administrativos de la Secretaría de Tránsito, los valores se dividen así: “Registro automotor: 40% para Tránsito y 60% para Emtel, registro conductor, registro de transporte, y detección electrónica con igual distribución porcentual; y registro de infractores: 55% para Secretaría de Tránsito y 45 para Emtel”.
Dicha concesión fue aprobada en 2016 por el Concejo Municipal bajo el Acuerdo número 014 del 2 de agosto de ese año, donde se señala que “se autoriza al Alcalde de Popayán para entregar en concesión la modernización, implementación, gestión, operación y puesta en marcha del sistema inteligente de Movilidad de Popayán (SIMP), en donde el Concesionario deberá proporcionar el montaje de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio, personal operativo, insumos equipos y todos aquellos componentes necesarios para el cumplimiento de los componentes de gestión efectiva de gestión al ciudadano, ventanilla única, sistema de foto detección y gestión inteligente para la movilidad, aplicando la normatividad vigente”.
Pero, la posición de algunos concejales actualmente es que ellos aprobaron una concesión (ver foto 2) y el Alcalde lo que hizo fue un contrato interadministrativo; “la forma como se adelantó el contrato entre Emtel y la Alcaldía no fue lo que el Concejo autorizó, eso no fue así, ni los montos ni nada”.
Precisamente el hallazgo del que habló el propio Fiscal General de la Nación con este contrato interadministrativo de concesión es que este requería una convocatoria pública, que evidentemente no se hizo.
“En relación con las denuncias sobre tránsito, este próximo 30 de octubre la Fiscalía a través de su dirección seccional ha dispuesto a citar a imputación al actual alcalde de Popayán y al exsecretario de Tránsito por la celebración indebida de contratos. Como ya se sabe, los servicios de tránsito de la ciudad, a partir de una decisión del Concejo se autorizó su concesión, lo que implica una convocatoria pública para recibir diversas ofertas por parte de los interesados, pero no se procedió de esa manera y la tesis investigativa que va a plantear la Fiscalía ante la Jurisdicción es que a través de ese convenio interadministrativo se soslayó el correspondiente procedimiento público de convocatoria”, indicó el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez.
De igual forma, indicó que al no haber hecho esa convocatoria y amparado por el convenio interadministrativo “Emtel pudo celebrar esos contratos con una empresa antioqueña de nombre Quipux y ello implica en la visión que va a plantear la fiscal de conocimiento, una violación a las normas de contratación pública que tipificaría presuntamente el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales”.
Cabe recordar, que en una nota publicada por esta Casa Editorial, el pasado 21 de marzo de 2018, se señaló que “luego de conocerse algunas aseveraciones por parte de la ciudadanía, incluyendo la del columnista de este medio Álvaro Urbano Rojas, donde indicaba que “la administración local viene trabajando en un proyecto de negocio para entregarle a un operador privado, rentables servicios que hoy prestan de manera directa esta dependencia… según informe de los contratistas de la secretaría, desde ya se direccionan preferencias con la empresa Quipux S.A.S. que adelantan cursos de inducción al personal contratista lo que indican que la decisión está tomada”.
El mandatario local César Cristian Gómez respondió en su momento que no son ciertas dichas aseveraciones agregando que lo que está en marcha es un proyecto de modernización y optimización de los servicios prestados por esa dependencia.
De acuerdo con las declaraciones del Alcalde, el proceso de modernización cuenta con la aprobación del Concejo y está a cargo de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. Emtel ESP, “que gracias a su amplia experiencia en proyectos de integración tecnológica a nivel local, regional y nacional, hará que los servicios de tránsito prestados en Popayán estén al mismo nivel de gestión y calidad al de otras capitales de departamento en el país”, aseguró en su momento Gómez Castro.
Así las cosas, en la audiencia de imputación de este martes en el Palacio de Justicia de esta ciudad, se conocerán más detalles de este proceso, e iniciarán las indagatorias para conocer si hubo o no responsabilidad tanto del Alcalde como del exsecretario de Tránsito en el presunto delito que ha señalado la Fiscalía. De otro lado, el director seccional de Fiscalías en el Cauca, Leonardo Vergara, indicó que en el proceso hay otras líneas investigativas donde también se identificará la responsabilidad de Emtel y algunos privados.
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