El viacrucis de los pensionados

JESUS IGNACIO GARCÍA VALENCIA

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Hay países que guardan mucha consideración con los pensionados. Los tratan con admiración y respeto. Les brindan condiciones para que disfruten de ese status adquirido después de haber servido a la sociedad durante largos años. Sus derechos adquiridos son intangibles.

En Colombia adquirir la calidad de pensionado se ha convertido en un verdadero viacrucis. No son pocas las trabas que ponen las entidades encargadas de reconocer la pensión. Dilatan el trámite, rechazan tiempo de servicio, solicitan acreditarlo por medios de prueba a veces inexistentes por el paso del tiempo, cuestionan los aportes pensionales y cuando ya no hay lugar a más disculpas por fin reconocen la pensión, pero la liquidan de manera que no corresponde. Obligan a los beneficiarios a solicitar la reliquidación y esperar largos meses o años para el reajuste pensional. Ya no les reconocen la mesada catorce. Y a muchos, para recibir el estipendio, los someten a hacer largas colas que no se compadecen con las dificultades propias de su edad.

Ser pensionado en este país parece haberse convertido en un estigma. Los últimos gobiernos lo han considerado como una onerosa carga para la sociedad. Le duele a los Ministros de Hacienda el pago de las pensiones. Y para afectarlas a todas toman como caballito de batalla las denominadas pensiones millonarias, devengadas por quienes han desempeñado altos cargos en la administración pública. Se olvida que esos exservidores públicos han cotizado por muchos años para hacerse acreedores a esa mesada pensional y que ella es proporcional a sus aportes. Hay excepciones de quienes por un breve paso por el legislativo o la rama judicial accedieron a pensiones inmerecidas. Para esos casos existen acciones legales, como las que ha venido ejerciendo el Estado para adecuar esas pensiones a su justo valor. Pero esa no es la regla. Son muchos los casos de personas que después de una larga carrera parlamentaria o judicial entran a disfrutar una pensión que está financiada con creces por sus aportes. Por tanto, los casos excepcionales deben ser revisados de acuerdo con la ley, pero no deben afectar la situación de quienes han cotizado lo suficiente para financiar su pensión.

La tendencia del Estado Colombiano es tener menos pensionados razón por la cual se han modificado sucesivamente, valga recordarlo con la oposición de colectividades políticas como el partido liberal, los requisitos de edad y semanas de cotización aumentándolos hasta el punto que las generaciones del presente ven muy remota la posibilidad de adquirir tal calidad. Nuestra Corte Constitucional haciendo eco de esa tendencia en fallo, cuyo ponente por los cuestionamientos a sus actuaciones no es garantía de juridicidad e imparcialidad, desconoció los derechos adquiridos de muchos pensionados ordenando la disminución de su mesada pensional, decisión a todas luces contraria a derecho de acuerdo con los postulados universales del mismo y con los dictados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el caso de trece pensionados vs Perú proscribió el desconocimiento de los derechos adquiridos de los pensionados, precedente judicial que Colombia debía acatar de conformidad con el denominado control de convencionalidad que no es nada distinto a que el derecho interno en materia de derechos fundamentales se debe interpretar y aplicar siguiendo las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana.

Como si todos los vejámenes a que se somete a los pensionados fueran pocos, ahora se propone por el nuevo gobierno gravar las pensiones. ¿Será esta determinación justa con un pensionado que haya adquirido correctamente su derecho y que le tributó al Estado con cargo a sus ingresos laborales durante largos años? ¿No será mejor y más justo gravar los rendimientos de la economía para redistribuirlos en los cometidos sociales? ¿O será que los intereses de los dueños del capital están llamados a estar por encima de los derechos sociales de los colombianos que han aportado su capacidad laboral para el sostenimiento de la economía y del Estado? Esa propuesta al igual que todos los atropellos que se han cometido contra los pensionados no están acordes con los postulados humanistas del Estado Social de Derecho adoptado por nuestra carta política.