El transporte escolar y su encrucijada en el Cauca
Las alcaldías de nuestro departamento, especialmente aquellas que apoyan con subsidios el transporte escolar en municipios de sexta categoría y en donde las condiciones geográficas son difíciles por la dispersión del territorio, entre otras dificultades, actualmente, afrontan una encrucijada para prestar este servicio como debe ser. Resulta que el gobierno nacional expidió el decreto No. 0048 de 2013 en el que puntualiza -con buena intención- proteger la integridad de los estudiantes del país, pero con cierto desconocimiento de las realidades o condiciones de las comunidades de menos de treinta mil habitantes.
Lo anterior, se evidencia por ejemplo en que dichas normas exigen que el transporte escolar sea prestado por empresas de servicio público legalmente constituidas, que dicho servicio sólo lleve pasajeros y no incluya carga, que no haya sobrecupo, que los carros se marquen con franjas amarillas y negras en la parte posterior, que los propietarios adquieran tres pólizas o seguros, que la revisión técnico-mecanica esté al día. Hasta aquí todo parece bien, pero en los contextos que son predominantemente rurales y en donde hasta hace poco los transportadores eran los propietarios particulares de camionetas, jeeps o camiones pequeños, además, de ser vehículos cuyos modelos no son tan nuevos, surgen muchos inconvenientes que el alcalde o alcaldesa respectiva debe afrontar.
Para evidenciar esto, en cierto municipio un alcalde afronta la presión de la comunidad para que el transporte escolar no se suspenda, fundamentalmente porque los educandos van de la zona rural a la zona urbana y porque el primer mandatario se ve obligado a cumplir con los decretos mencionados líneas atrás. Incluso, se sacó a licitación dicho contrato, pero nadie se presentó. La comunidad no da espera, así que, el mencionado alcalde y tantos otros mandatarios caucanos ¿cumplen la ley o le cumplen a la comunidad porque el derecho a la educación también está en juego o violan la ley o no hacen nada al respecto o piden ayuda al gobierno departamental ante esta emergencia educativa por transporte escolar? Ojalá que el señor Gobernador del Cauca, el señor Secretario de Educación Departamental y quienes dirigen los entes de control, estudien esta situación y ayuden a dar luces, pues los alcaldes del Cauca viven una encrucijada porque la norma elaborada desde un escritorio desde Bogotá, desconoce ciertas realidades de zonas predominantemente rurales en donde las empresas con todas las de ley no quieren ir a prestar el servicio de transporte escolar por diversas razones (financieras, de orden público, geográficas, etcétera).
Queda abierta la discusión para que los congresistas caucanos también ayuden a solucionar esta situación, al modificar estos decretos en lo que respecta a las exigencias incumplibles en municipios pequeños y con una dispersión geográfica que dificulta concretar procesos de contratación en transporte escolar y garantizar que las comunidades no se afecten y los educandos puedan ir a clases con la seguridad de caso.
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