El retrato del diálogo de Duque

09:15 am 21-octubre

HÉCTOR RIVEROS

@hectorriveros

El gobierno ha querido transmitir la imagen de ser un “gobierno dialogante”. El Presidente va a los congresos empresariales, hace talleres construyendo país y reuniones de “diálogo social”. En la práctica el resultado ha sido una especie de estado corporativo que se pone al servicio del que tiene capacidad de lobby y de presión.

El primer mal síntoma es la manera como se define la agenda del Presidente y se escogen sus interlocutores. ¿A cuáles eventos asiste y a cuáles no? La mayor tensión de las últimas semanas se ha dado alrededor del financiamiento de la educación superior y aunque el Presidente ha anunciado un “pacto” no se ha reunido con líderes estudiantes y ni siquiera lo ha hecho con rectores de las universidades. Ha hecho anuncios unilaterales que no dejan satisfecho a nadie.

El Presidente y sus ministros están en plan de complacer a los grupos de presión. Esta semana fue a la Asamblea de Cotelco en Pereira y les ofreció el oro y el moro: bajar los impuestos, devolverles lo que pagan por IVA y movimientos financieros y “luchar contra la informalidad”, que no es otra cosa que poner obstáculos para que otras personas participen, así sea mínimamente, del negocio.

La reunión de Pereira fue campeona porque además demostró un gran desconocimiento por parte del Presidente y de sus ministros de los asuntos del sector. Ambos prometieron imponer la obligación de inscripción en el Registro Nacional de turismo para los inmuebles que se arriendan por cortas temporadas, normalmente con fines turísticos. Esa obligación existe desde hace once años en la ley 1101 de 2006 y fue reforzada en el nuevo Código de Policía.

Pero más allá de eso la reacción retrata bien cómo funciona el Estado corporativo: de un lado un grupo empresarial organizado que pide todo tipo de privilegios que el Estado concede y además arranca a poner trabas a otros que quieran entrar en el negocio.

Desde hace por lo menos 40 años, muchas personas de clase media que han comprado una finca de recreo en municipios cercanos a las grandes ciudades, o apartamentos en lugares turísticos los alquilan ocasionalmente por cortas temporadas normalmente para cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble que de otra manera no podrían tener.

Esa opción permitió que en distintas épocas y aún hoy haya habido importantes desarrollos inmobiliarios en municipios como Melgar, Jamundí, el norte de Cartagena, el Rodadero y Pozos Colorados en Santa Marta, Restrepo en el Meta y decenas más. En muchos de esos lugares los que crean empleo no son los hoteles sino los propietarios de esos inmuebles que contratan personas para el mantenimiento, para el cuidado de las piscinas o para vigilancia.

Los hoteles siempre han tratado de impedir esa actividad económica totalmente lícita para controlar el negocio, pero ahora con la irrupción de las herramientas tecnológicas que facilitan la conexión entre el que ofrece el servicio y quien lo demanda sienten una amenaza mayor.

Es exactamente lo que pasa con el forcejeo entre el gremio del transporte en taxi y herramientas como Uber. El Estado se pone del lado de quien siente capacidad de presión con el pretexto de calidad del servicio o de competencia desleal porque no pagan impuestos.

Lo de los impuestos es falso, todo lo contrario, en el caso de Uber es mucho más simple para el Estado controlar los ingresos de propietarios de vehículos y conductores y cobrarles el impuesto de renta que en cambio no pagan los propietarios de taxi porque de sus actividades no queda rastro. Pagan impuestos de rodamiento a tarifas más altas que los vehículos de servicio público y, en fin.

Exactamente pasa lo mismo con los alquileres que se hacen por plataformas como airbnb cuyos pagos están totalmente bancarizados y los ingresos de los propietarios de los inmuebles deben ser declarados como ingresos constitutivos de renta y pagar el impuesto a las tarifas normales, mientras que los hoteles pagan a una tarifa especial o están exentos. Paga más impuesto de renta por ese concepto la viuda propietaria de una casita en Melgar que Luis Carlos Sarmiento Angulo por la operación del Gran Hyatt que acaba de inaugurar en Bogotá, claro con la presencia del Presidente de la República y sin embargo los grupos de presión piden que persigan a la señora por competencia desleal.

¡Duque y el Ministro Restrepo dicen que hay que nivelar la cancha! Como si no estuviera suficientemente desnivelada en favor de Sarmiento.

Rappi, en cambio, que afecta el negocio de las tiendas y droguerías de barrio es mostrada como un gran ejemplo, que lo es, de innovación. Duque se toma fotos con los propietarios, yo también lo haría porque generan orgullo, pero ahí nadie habla de competencia desleal porque son instrumentos de crecimiento de ventas de grandes superficies y de cadenas multinacionales.

No hay congresos empresariales de panaderos y si los hubiera Duque no iría como no va a los de cooperativas u otros que para él no tienen nivel presidencial.

*Por transparencia con los lectores debo contar que soy copropietarito minoritario de un modesto apartamento en Cartagena que nos vemos en la obligación de alquilar para solventar los gastos de mantenimiento, lo cual me convierte en una opinión interesada pero a la vez cualificada porque conozco de primera mano la situación.