El proceso penal que se ventila justo en la contienda electoral

09:19 am 29-agosto

¿La justicia se muestra paquidérmica a la hora de comunicarles a los ciudadanos su vinculación a una investigación penal por su probable participación en un delito contra la administración pública?

Ese es el interrogante que surge tras consultar los momentos del proceso que las autoridades judiciales adelantan contra el Secretario de Planeación Municipal, Francisco León Zúñiga Bolívar; la aspirante a la alcaldía de Popayán, Rosalba Joaquí; y el ciudadano Guillermo Alberto Solarte Quilindo.

A pesar de que la audiencia de formulación de imputación contra estos tres ciudadanos fue solicitada el 22 de noviembre de 2018, luego de una jornada anticorrupción adelantada en la capital del Cauca por la Fiscalía, hoy es la fecha que aún este mero acto de comunicación no se han podido realizar, aspecto que genera preocupación porque uno de los investigados es una aspirante a dirigir los destinos de una ciudad capital.

De ahí la preocupación que ronda entre los payaneses, más cuando se confirma que entre las excusas presentadas por los abogados defensores de los procesados para solicitar reprogramación de esta diligencia judicial está que algunos de sus clientes han estado por fuera del país, la asistencia de los profesionales en derecho a eventos académicos o sencillamente las partes no se han presentado a las citas programadas por el juez de control de garantías.

Como sucedió el pasado 20 de agosto, cuando el operador judicial canceló la audiencia porque tanto la Fiscalía como algunos de los indiciaos, es decir los tres ciudadanos mencionados anteriormente, no llegaron a la sala donde se cumpliría este mero acto de comunicación.
En resumen, parece que la justicia no fuera capaz de sentar en el banquillo de los acusados a los ciudadanos Francisco León Zúñiga Bolívar, Rosalba Joaquí y Guillermo Alberto Solarte Quilindo para comunicarles su vinculación formal a un proceso penal por el delito de peculado por apropiación, en relación con la firma de un convenio de cooperación entre la actual administración municipal y la Corporación Latinoamericana Rural, el mismo que dio vida a la iniciativa comercial conocida popularmente como ‘Justo Pipián’.




“No existe ánimo de dilatar el proceso”

Frente a dicho interrogante, y en aras de un equilibro periodístico, El Nuevo Liberal se dio a la tarea de consultar a las partes, con el fin de conocer su versión sobre este caso, el cual se da en plena campaña política.
Es así que para el abogado Alejandro Zúgiña Bolívar, abogado defensor del actual Secretario de Planeación Municipal, Francisco León Zúñiga Bolívar, en este proceso “no existe la intención de dilatarlo, menos de interrumpir la actuación de la justicia, todo lo contrario, hemos atendido el llamado de las autoridades”.

“En tres oportunidades nos hemos visto en la obligación de solicitar la reprogramación de la audiencia porque han coincidido con compromisos judiciales o académicos que he debido atender, todos ellos adquiridos con anterioridad a la citación que nos hiciera el juzgado e informado con varios días de anticipación para que el mismo pudiera fijar una fecha que no implique aplazamiento”, argumentó Alejandro Zúgiña Bolívar.




No ha sido notificada
Mientras tanto, y consultada sobre el particular, la candidata a la alcaldía Rosalba Joaquí respondió que “no desconoce la postura de la Fiscalía de comunicarle a la vinculación a un proceso penal”. Sin embargo, la representante política se mantiene en la posición de que ella “no ha sido notificada personalmente en este proceso”.

“Estoy a la espera de rendir toda la información pertinente a que haya a lugar en el proceso…  llevo más de diez años viviendo en mi casa y lo que hoy puedo decir es que a la fecha no he sido notificada, por eso no me adelantó a estas actuaciones, de ahí que estoy a la espera que esto se dé”, acotó Rosalba Joaquí, quien para el momento de los hechos, ahora investigados, era la Directora de la Umata.

Además, la candidata explicó que a raíz de lo anterior, no tiene asignado un abogado dentro de estas actuaciones judiciales.




“Reitero, no he sido notificada de esta situación, por eso no he asignado ningún abogado para que atienda el caso. De tener conocimiento, atenderé el llamado y compartiré toda la información que requieran, sé que como funcionario público uno está expuesto a que investiguen todas las actuaciones, por eso espero que en mi caso, se cumpla el debido proceso”, acotó Rosalba Joaquí al manifestar que está tranquila frente a esta situación.
Aun así, y para este 23 de septiembre, estas tres personas tienen una cita con la justicia, donde les comunicarán formalmente la existencia de este proceso y entrarán a defender su inocencia, como todo colombiano tiene derecho.