Para nadie es un secreto que la Costa Pacífica caucana es una región olvidada y relegada, a la que el progreso llega a cuenta gotas y las necesidades básicas insatisfechas superan cualquier estadística en relación al resto del departamento.
Pero digamos también que a lo largo y ancho de la toda costa colombiana sobre el Océano Pacífico la institucionalidad es lacerantemente débil, como se evidencia en materia de seguridad ciudadana, de conflicto interno armado, de actividad de las bandas criminales (‘bacrim’), de tráfico de estupefacientes, en la existencia de cultivos ilícitos, en la violación de los derechos humanos y otros ilícitos de lesa humanidad como el reclutamiento ilegal de niños y jóvenes, la violencia sexual, el microtráfico de drogas, el desplazamiento forzado, el confinamiento, la prostitución, para citar algunos de ellos.
En sus tres principales centro urbanos, Buenaventura, Quibdó, Tumaco y Guapi, al igual que en el resto de su geografía, es alto el índice de homicidios, los secuestros y la extorsión siguen a la orden del día, es frecuente que haya muertos y heridos por minas antipersonas y ataques con explosivos. En ese extenso territorio es más teórico que real el que los ciudadanos puedan gozar de sus derechos, el Estado (donde tiene presencia) es débil, ineficiente en su acción, funciona desarticuladamente, la comunidad se siente insegura y que sus derechos son vulnerados frecuentemente.
Mientras la presencia del Estado tiene tantos lunares y en lo poco que hace hay con frecuencia la presencia de la corrupción, paralelamente la no presencia del Estado ha abierto las puertas a que las fuerzas irregulares estructuren su “Estado” y que, además, haya surgido otro problema: las organizaciones y agencias de cooperación humanitaria y las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) en su accionar, ante la ausencia del Estado, han creado una institucionalidad paralela que no se articula, ni entra en contacto con la institucionalidad oficial, con la que muchas veces no comparte estrategias, ni políticas.
El Estado ha centrado su acción en la guerra contra las drogas y la subversión, olvidando la otra faceta de su función: consolidar la presencia del Estado que propende por la convivencia, la asistencia en salud, educación, la acción en materia de infraestructura vial, la presencia de los agentes de la economía privada, en fin, el Estado que impulsa reconciliación y un vivir armónico.
Hay mucho que revisar en materia de presencia del Estado en el Pacifico y pasar de la etapa de hacer bochinche por episodios de violencia a consolidar una sociedad que vive, siente y puede, civilizadamente, avanzar hacia un mejor estar y un esperanzador mañana.
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