El miedo en la política

11:03 am 12-abril

ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

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Las propuestas de volver a fumigar con “glifosato”, el herbicida Roundup de Monsanto utilizado en el Plan Colombia entre 2001 y 2014, prohibido en varios estados de EU, y que no redujo los cultivos, causa temores por múltiples razones. En el 2015 la Corte Constitucional suspende esas fumigaciones por los riesgos de cáncer, la mortalidad infantil, los problemas dermatológicos y ecológicos, y las afectaciones a las aguas y a otros cultivos; en el 2017 la Corte autoriza las aspersiones si se cumplen 6 requisitos que protegen la salud. Hoy se vuelve a debatir la efectividad del glifosato, la seguridad que puedan generar las fumigaciones, y las afectaciones a la salud y al medio ambiente. Continuar con las erradicaciones forzosas y los prohibicionismos en las drogas reproduce violencias y enfermedades tal como lo dice la ciencia, pero la política plantea la conveniencia devolver a las fumigaciones aéreas, por encima de las erradicaciones voluntarias pactadas y que el gobierno no cumple.

Las reiteradas propuestas de castigar a los Profesores por hablar de política a sus estudiantes, el rechazo a los profesores aleccionadores y a los adoctrinamientos en las aulas, todo ello en la educación pública, son ataques a derechos constitucionales como la libertad de cátedra y de libre asociación sindical que generan los correspondientes temores entre profesores y estudiantes. Es cierto que pueden existir “lecturas parcializadas de la historia” y “estilos de formación claramente ideológicos”, pero las soluciones de estos problemas no están en la negación de los derechos sino –precisamente lo contrario- en el fortalecimiento de la libertad de cátedra, con la profundización del pensamiento crítico, anti-dogmático, como los contenidos y didácticas que deben desarrollar las “cátedras de paz” en las que se analice porqué debe existir la paz y quienes son los que se oponen. También la educación privada debe ser crítica, seguramente combinando con el adoctrinamiento cristiano que igualmente muchos critican.

Las conocidas opiniones oficiales relativas a la negación del conflicto armado, destinadas a torpedear todas las iniciativas y obligaciones provenientes del proceso de paz, y a imponer unos criterios como “verdades oficiales”, liquidan los derechos de las víctimas del conflicto armado, que se ven “re-victimizadas”; se perderían todos los esfuerzos por desarrollar la conquista mundial de la Justicia Transicional, y terminaría con las aspiraciones generales de ver satisfecho nuestro derecho a la verdad sobre los hechos del conflicto. Además existen temores frente al incumplimiento de claras obligaciones internacionales, y muy seguramente se dejarían por fuera las responsabilidades del Estado y de empresarios y élites en los hechos victimizantes, todo con el criterio denunciar supuestas agresiones terroristas.

Las políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (“Pacto por la equidad”) también llevan a temores concretos: se vuelve a fortalecer el centralismo (la economía concentrada en Minhacienda) en perjuicio de las regiones colombianas, golpeando la descentralización y la planeación regional; se rebajan los impuestos de las empresas que es la vía para impulsar el crecimiento económico; contiene ínfimas inversiones de dineros para el desarrollo agropecuario; deroga muchas leyes progresistas que costaron esfuerzos y sacrificios, como la ley de páramos, la ley sobre calentamiento global en Colombia, sobre las zonas humedales y reservas forestales; y además, desaparecen los dineros para la paz, no existen los Acuerdos de Paz sino las “legalidades y equidades”.