El mal negocio de las Farc
Héctor Riveros
Resulta sorprendente verificar que los beneficios jurídicos, económicos y políticos ofrecidos a las FARC para lograr su desmovilización voluntaria en el acuerdo de La Habana son cuantitativa y cualitativamente menores que los que obtendría un miembro de esa guerrilla si se desmoviliza individualmente y que los que se les han entregado a otros grupos que han hecho acuerdos similares con el gobierno en el pasado.
En el debate que hay sobre la conveniencia o no del acuerdo al que se llegó con las Farc se discute con mucha vehemencia el “cúmulo” de beneficios que recibirán a cambio de su desarme y colaboración con la justicia. Pero por más que se escarbe entre las 297 páginas no se encontrará en ese aspecto nada distinto, e incluso menor insisto, que lo que venimos ofreciendo y entregando a personas que se han reintegrado a la vida civil.
Por ejemplo, si se trata de los beneficios económicos, se ha insistido de que les va a dar un “montón” de plata a los guerrilleros y que es necesaria la reforma tributaria para cubrir ese gasto nuevo. Pues resulta, que el decreto 1391 del 2011, que reglamenta los beneficios económicos de los programas de reintegración de la población desmovilizada prevé que cuando una persona se reintegra voluntariamente recibe, como en la publicidad, “carro, casa y beca”.
Ese decreto ofrece capital semilla para iniciar un negocio para garantizar ingresos al desmovilizado de ocho millones de pesos, sí lo mismo que se pactó en La Habana, solo que en pesos constantes cinco años después. En la práctica el auxilio ofrecido a los miembros de las Farc es casi 30% menor que el que se les ha entregado a casi 20.000 miembros de esa guerrilla que se desmovilizaron individualmente atendiendo el profuso llamado que por diversos medios la fuerza pública les hacía para que se desmovilizaran.
Las Farc en La Habana solo lograron mejorar un poco el auxilio mensual que se encuentra en el decreto 1391 que es un poco menos del 90% del salario mínimo. En el artículo 3 del decreto de entonces les ofrecen 480 mil pesos cuando el salario mínimo era un poco más de 580.000. Éste beneficio se puede extender hasta 72 meses mientras que en el acuerdo se pactaron solo 24 meses.
En materia de beneficios jurídicos, no hay duda que lo que se convino en La Habana es mucho más exigente que lo que se aplica a los desmovilizados individuales, la gran mayoría de los cuales no tienen procesos en su contra y entonces no se les inicia ningún proceso judicial, ni se les exige contar verdad alguna, ni mucho menos reparar los daños que el Estado desconoce si cometió o no. El que se desmoviliza con lo previsto en el acuerdo queda inmerso en la jurisdicción especial de paz que lo obliga a colaborar efectivamente con la justicia.
A comienzos del año 2009, los medios titularon así una noticia: “Gobierno expidió decreto que garantiza libertad a guerrilleros que se desmovilicen y entreguen secuestrados”. ¡Sí, secuestrados!, es decir que el ofrecimiento de garantía de la libertad era para secuestradores. Eso era lo que decía el decreto 614 de ese año y pues se les exigía entregar información para poner fin al secuestro y ya, nadie les exigía reparación ni cosa por el estilo, como les exigirán en la justicia especial ahora pactada.
En materia de beneficios políticos, las Farc sí que lograron poco en La Habana. Tendrán garantizada una representación equivalente a la de una de las bancadas más pequeñas del Congreso y recibirán una financiación similar a la que recibe un partido político mediano. Si se compara, por ejemplo, con lo que recibió la Corriente de Renovación Socialista en el año 1994 que fueron dos representantes a la Cámara, a cambio de un poco más de 400 guerrilleros desmovilizados, las Farc lograron muy poco (10) en éste acuerdo a cambio de qué se yo, quizás 15.000 desmovilizados voluntariamente.
La Unión Patriótica, grupo político creado con base en el proceso de negociación entre las Farc y el Gobierno de Belisario Betancur, llegó a tener 14 curules y la Fundación Paz y Reconciliación propuso que les dieran nueve y desde ya y en el acuerdo se pactó que les completan diez si no sacan los suficientes votos para obtenerlas a partir del 2018.
En el 2006 les habían ofrecido Asamblea Constituyente y en el 2003 quisieron levantar la inhabilidad para ejercer cargos públicos para quienes hubiesen cometido delitos, incluso los más graves.
Imagino que mientras aquí los del NO protestan a los cuatro vientos porque se “le entregó el país a la guerrilla”, los miembros de las FARC les protestarán a sus negociadores en la X Conferencia por haber negociado mal y haberse dejado meter cosas que son menos generosas y más exigentes que las que les ofrecían en la época que los líderes del NO gobernaban.
Si Pastrana le lleva a Timochenko un cuadro comparativo de lo que recibe un guerrillero desertor hasta el 2 de Octubre y lo que recibirá un miembro de las Farc que entre a formar parte del acuerdo final, de pronto lo convence de votar NO y si alguien consigue que Pastrana entienda que lo que se pactó en La Habana es incluso menos generoso que lo que él y otros gobiernos le habían ofrecido a las FARC en el pasado, de pronto lo convencen de votar SI.
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