El Litigio que tiene en ascuas las finanzas del municipio

11:35 am 29-Mayo

El Municipio tiene una demanda desde hace más de diez años que lo obligaría a pagar alrededor de 120 mil millones de pesos por incumplimiento de un contrato de concesión. El proceso empieza de nuevo por decisión del Consejo de Estado.

El proceso jurídico de demanda de la firma Solarte se adelanta desde el 2001 y cobró vida en la opinión pública, a raíz de una cifra entregada por el Alcalde Municipal, en medio de un desayuno con periodistas, al que fuimos invitados para hablar de temas de ciudad, a principio de esta semana. Allí, el mandatario indicó que se podría pagar “cerca de 120 mil millones de pesos” por incumplimiento, en un contrato de concesión celebrado hace más de 20 años.

La afirmación del Contador César Cristián Gómez Castro hace referencia a un fallo en segunda instancia por parte del Consejo de Estado, el mes anterior, que negó una acción de tutela, por parte de la defensa, en contra de una acción de nulidad del proceso emitida por el mismo Tribunal y la búsqueda de la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, y a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

En ese sentido, la Administración anhelaba que fuera el Consejo de Estado quien se encargara de dirimir el proceso de demanda “pero ellos lo delegan y no asumen de forma directa”, argumentó Gómez Castro con preocupación. La pretensión monetaria del tercero dejaría completamente “desequilibrada” las cuentas de la ciudad.

“Lo considero un golpe bajo para la ciudadanía y para nuestro gobierno (…) Sin embargo, hemos hecho las gestiones ante la Defensoría del Pueblo dado que esto genera un daño patrimonial para todos”, dijo.

La Secretaria de Hacienda de la ciudad, Claudia Ximena García Navia, comparte ese temor. “Si fueran los 120 mil millones de pesos estaríamos hablando que el municipio estaría comprometiendo los recursos propios de tres años”, expresó. Al año, el municipio cuenta con 40 mil millones de pesos para inversión social y obras.

Según las cuentas de la funcionaria, también podría afectar lo proyectado en el Plan de Desarrollo que acaba de ser aprobado por el Concejo de Popayán, el viernes anterior.

“Dentro del Plan de Desarrollo se tiene el Plan de Inversiones donde están contemplados los Recursos Propios. Entonces previa negociación que se hiciera (…), nos llevaría a una austeridad total dentro de la Administración Municipal, a un recorte presupuestal que podría estar en los gastos de funcionamiento pero, lo más grave, es que el señor Alcalde no podría proyectar la inversión para obras del campo social”, puntualizó.

Por su parte, el Secretario Jurídico de Popayán, abogado Víctor Andrés Rodríguez Parra, resaltó que dichas pretensiones económicas de los demandantes no se pueden establecer aún, pues es necesario que se cumpla el debido proceso. Ahora, “en el 2001, cuando se intentó establecer un Tribunal de Arbitramento, la cifra era de 16 mil millones de pesos. Eso a la actualidad podría alcanzar una monto que puede estar entre los 35 mil y 50 mil millones”, aseguró.

De otro lado, la decisión del Consejo de Estado se suma a una ya tomada en los dos últimos años, donde el alto Tribunal declaró por medio de las providencias fechadas el 8 de abril de 2014 y 19 de marzo de 2015, la nulidad del proceso adelantado desde el 2001 y envió el caso, al centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable composición de la Cámara de Comercio de Cali para que instalara un tribunal de Arbitramento para definirlo.

“Esto quiere decir que el proceso iniciaría nuevamente con la presentación de demanda, pretensiones, contestación del municipio, valoración de pruebas y decisión final”, explicó el abogado Rodríguez Parra.

El Tribunal de Arbitramento estaría conformado por profesionales adscritos a la Cámara de Comercio de Cali y definiría la situación en diez a doce meses. El pago de los honorarios sería asumido por las partes, en cifras iguales.

¿Cómo empezó todo?

Luis Fernando Velasco Chaves, (actual presidente del Congreso de la República) era el alcalde de Popayán entre 1992- 1994 y fue el responsable del Contrato de Concesión No. CCOP-01-93 con el Ingeniero Luis Héctor Solarte Solarte. El objetivo, era “otorgar al concesionario la construcción, mantenimiento y explotación de obras (…) a cambio del recaudo de tarifas que se cobre con ocasión de la creación de un peaje municipal de Popayán”, explica el fallo.

Dice el Senador Velasco que era un esquema de concesión donde el municipio no tendría que invertir dinero porque todo lo asumiría la firma y permitiría, además, ampliar la panamericana a cuatro carriles.

En efecto, el peaje se construyó y las obras se hicieron, sin embargo, argumenta el presidente del Congreso de la República, hubo protestas ciudadanas por la operación del peaje y eso interrumpió el paso hacia el sur del país; el Gobierno Nacional lo llamó a concertar y se termina desmontando el peaje con el compromiso del pago de las obras (recuperación de 17 kilómetros sobre la panamericana y construcción del peaje) por parte del Estado.

En ese momento, el líder del Partido Liberal logra varias cosas. Primero; establecer nuevas obras con la firma de los Solarte para la construcción de unos anillos viales que le dieran mejor movilidad al tráfico del casco urbano. Dos; que la recuperación de la vía panamericana quedara a cargo de la Nación y no del municipio como es habitual y, finalmente, que el Gobierno Nacional se comprometiera con la inversión para la variante panamericana y lograr, de esa manera, desviar el tráfico pesado que cruzaba la ciudad.

Finalmente, el senador Luis Fernando Velasco Chaves resaltó que hasta la administración posterior a la suya, se cumplió con el pago de acuerdo al compromiso pactado con el contratista, correspondiente a las obras de los anillos viales.

Ese pago se hizo efectivo pignorando la sobretasa a gasolina a nueve años, de los cuales solo se cumplieron con los primero cuatro, explicó Velasco Chaves.

No obstante, en el año 2000, Administración de Felipe Fabián Orozco Vivas (Q.E.P.D) se procedió a la liquidación unilateral del contrato y un año más tarde vino la demanda en contra del municipio.

La defensa

En el momento, la Administración evalúa el caso para determinar las acciones jurí- dicas correspondientes para la defensa de los recursos públicos del municipio. De acuerdo con el Alcalde de la ciudad van a solicitar a la Corte Constitucional que revise el fallo para que sea esta quien diga si efectivamente hay una vulneración de los derechos expuestos en la tutela contra el Consejo de Estado. La intención es que el proceso se defina por medio de la jurisdicción administrativa.

“No es una tercera instancia, no es recursos es una eventual revisión, para eso se ha pedido el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo”, resalta el Jurídico de la Alcaldía.

Desde la Oficina Jurídica también se indicó que no descartan una conciliación antes de llegar a los tribunales, no obstante, ya definieron un apoderado para que defienda los intereses del municipio en el Tribunal de Arbitramento.

“Sabemos que hay un riesgo pero no quiere decir que el riesgo deba materializarse (…) Decir que vamos a perder sería prácticamente que estamos con los brazos cruzados y que no vamos a defender el municipio”, afirmó el Abogado Víctor Andrés Rodríguez Parra.