El freno a las fotomultas
MIGUEL CERÓN HURTADO
El desenfreno de las fotomultas no es el único caso del ya exagerado degeneramiento institucional que existe en el sector de tránsito y transporte donde el saqueo de los bienes públicos es rasgo característico relevante. La corrupción no se limita solamente a la apropiación de los recursos fiscales, sino que ahora en época de la posmodernidad y sustentada en el pensamiento neoliberal, es aún más grave por el aprovechamiento de los bienes públicos para que, mediante la privatización, se convierta en factor de beneficio personal de algunos pocos, que, aprovechando el cargo en la administración del Estado, toman decisiones con base, no en el bien común y el bienestar general, sino en el favorecimiento de su propio bolsillo.
El sector de tránsito y transporte es tal vez el más vulnerado con esta modalidad porque sus particularidades así lo permiten. Los argumentos o justificaciones para imponer normas al público guardan una lógica que es casi imposible rebatir, los sujetos pasivos a quienes les meten la mano al bolsillo por lo general no son de los estratos más bajos, la movilidad y la seguridad opacan cualquier otro aspecto, etc. Por eso el mecanismo es sencillo: se impone una norma obligatoria y se entrega a algún particular su administración y por supuesto, la facultad para el recaudo, a cambio de una comisión que recibe el funcionario corrupto.
Caso típico, por ejemplo, fue cuando establecieron la norma del examen médico para la licencia de conducción, cuya necesidad es discutible pero la justificación está dentro de una lógica imposible de contradecir. Crearon una empresa mercantil y a los quince días le entregaron la concesión monopolística sobre la facultad de realizar este examen médico vendiendo franquicias a los CRC por todo el país. Y así sucesivamente con los parqueaderos o patios que tradicionalmente se le han denominado, las grúas, el SOAT y por supuesto, las fotomultas, sin considerar los peajes en las carreteras y demás trámites como el RUNT y el resto de arandelas contempladas en el código de tránsito para hacerles el negocio a algunas empresas vendedoras de artículo o servicios.
En este sector institucional, el país está viviendo el más terrible azote de lo que es la privatización de lo público. Esa modalidad de conceder a una empresa privada la facultad de administrar un bien público y cobrar una tarifa a cambio, sin consideración por la cuantía, es la manera más perversa de saqueo indirecto de los recursos públicos, que en el caso de las fotomultas ya se estaba desbocando porque era muy fácil negociar con las autoridades municipales las tajadas para imponer el mecanismo y con ello favorecer a los grandes empresarios que contaban con los recursos para hacer las inversiones necesarias. Ahora el Congreso le metió la mano al tema creando limitaciones municipales y concentrando en la capital la posibilidad de los negociados, pero de todas maneras adoptando mecanismos suavizantes en todos los casos se convierten en el freno a las fotomultas.
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