El Fiscal en la era de la posverdad
HÉCTOR RIVEROS SERRATO
@hectorriveross
Los medios de comunicación dedicaron más tiempo y espacio a difundir y debatir las declaraciones del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, entregadas a Caracol Televisión en las que dejaba entrever que el Gobierno permitiría que las Farc “lavaran” sus bienes que a la noticia de la entrega efectiva del 30% de las armas de esa guerrilla a las Naciones Unidas.
La opinión pública se “indignó” porque, como lo insinuó el Fiscal, las Farc usarían los bienes que tengan para hacer política y no para reparar a las víctimas. Un típico caso de la era de la posverdad, definida por el diccionario de Oxford como el fenómeno que se produce cuando “los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales”.
Los dichos de Martínez seguramente refuerzan las creencias de muchas personas que opinan que el acuerdo con las Farc otorgó demasiadas concesiones a esa guerrilla y lo hacen por encima del hecho objetivo de que sus miembros están desmovilizados, literalmente confinados en lugares apartados y han comenzado a entregar las armas, las cuales en cualquier caso se encuentran sin uso desde hace más de quince meses que se acordó el cese bilateral, lo cual nos ha evitado según los cálculos más serios al menos 2.500 muertes.
No sé si el Fiscal tenga el propósito de mover esa “emoción” o no. Él formó parte del corazón de este gobierno y uno supondría que compartió los elementos centrales del acuerdo, sin embargo, algunos le atribuyen una intención velada de desprestigiar el contenido del mismo, propósito que compartiría con los miembros de su partido Cambo Radical, que no desperdician oportunidad para hacerlo.
Los amigos de Vargas Lleras en los medios, en el Congreso, desde la dirección de su Partido y algunos agregan –desde la fiscalía- suelen atribuirle al acuerdo o a sus desarrollos alcances que no tienen pero que generan “emociones” en contra de lo pactado.
En este caso el Fiscal comentaba el decreto 903 que ordena que con los bienes que entreguen las Farc se constituya un fondo fiduciario cuyo destino será la reparación a las víctimas y la reincorporación de los ex combatientes.
El Fondo es obviamente de carácter público, administrado por el Gobierno, constituido, como ocurre todos los días con personas que hacen acuerdos con la Fiscalía, por bienes que entregan voluntariamente quienes aspiran a beneficios jurídicos por colaboración.
Es la primera vez que una organización delictiva que ha hecho acuerdos con el gobierno para recibir beneficios va a entregar bienes. Es la primera vez que con los bienes que poseen van a ser reparadas las víctimas de las Farc. Durante cincuenta años de confrontación esa guerrilla no ha reparado ni a una sola de sus víctimas, todas las indemnizaciones se han pagado con recursos públicos, así como se ha financiado la reincorporación de casi 58 mil ex combatientes que en la última década se han reintegrado a la legalidad.
El Fiscal le dijo a Juan Roberto Vargas: “si la Constitución dice que se tiene que extinguir el dominio de los bienes ilegales, pues necesariamente las Farc no pueden mantener ningún tipo de participación en la propiedad de esos activos porque la lectura que puede hacer cualquier ciudadano es: “entonces están lavando los activos por medio de un fondo fiduciario que van a terminar administrando de alguna manera las Farc”.
Así es señor Fiscal: las Farc no pueden mantener participación en la propiedad de esos bienes, por eso está pactado que los van a entregar y el decreto dispuso que entrarían a un Fondo público. Como usted se lo dijo a Juan Roberto: “esa no puede ser la lectura”.
Pero si esa no puede ser la lectura entonces ¿por qué la menciona el Fiscal?
Martínez después hace otra “lectura”, que él mismo rechaza por imposible. Después de hacerla dice: esa no puede ser la lectura. Claro que esa no puede ser la lectura y entonces ¿Por qué la hace?
El Fiscal insinúa que con los bienes de las Farc se va a financiar su actividad política porque en el decreto se menciona un punto del acuerdo donde está previsto un centro de pensamiento del partido político que se constituya como consecuencia del abandono de las armas y el paso de los ex guerrilleros a la actividad política legal.
Martínez es un gran abogado, ha leído el acuerdo en su totalidad. Lo ha hecho con cuidado, ha estado atento a los desarrollos normativos de la implementación y sabe perfectamente que la financiación acordada para el centro de estudios del nuevo partido tiene otra fuente que es el mismo Fondo desde donde se otorgan aportes a todos los partidos políticos y sabe que eso está incluido en el acto legislativo que ya se aprobó en el que se adoptaron las reglas especiales de conformación de esa agrupación política.
En la entrevista, el Fiscal hace las insinuaciones en tono de denuncia, deja en el aire la interpretación absurda, que es replicada por tarea en las redes sociales por los opositores al acuerdo y se genera la “emoción” propia de la era de la posverdad. El círculo perfecto, un caso típico, como para ejemplo de clase sobre cómo funciona esa nueva forma de construcción de opinión pública.
Es cierto que Martínez después parece avergonzarse de la interpretación tan absurda que está haciendo del decreto y ya en tono como de reflexión interna le dice a Juan Roberto que no podría ser que las Farc hagan política “con el financiamiento del patrimonio ilegal del secuestro y el narcotráfico. Eso no se puede admitir por parte de la sociedad colombiana” y agrega a modo de conclusión que esa “no puede ser la lectura que se le pueda dar”.
Efectivamente señor Fiscal, eso no es lo que dice el decreto y por supuesto que esa que usted insinúa no es ni de lejos la “lectura que se le pueda dar”, pero la tarea está hecha: la insinuación –según la definición- reforzó las “creencias personales” y produjo las emociones propias de la era de la posverdad.
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