El efecto halo en EPM

10:24 am 24-febrero

HÉCTOR RIVEROS

@hectorriveross

La aureola, justificada, que rodea a las Empresas Públicas de Medellín como una de las compañías más importantes y responsables del país, le ha permitido –literalmente- sobreaguar de las enormes dificultades que le ha generado la ejecución del proyecto Hidroituango. Tanto, que es muy probable que el próximo jueves se le vuelva a adjudicar la subasta que se abre para tener energía dentro de 3 o 4 años.

Paradójicamente, la subasta extraordinaria se abre para suplir los déficits que se generan porque Hidroituango no comenzó a generar en el 2018.

Después del apagón del año 1992, se diseñó un esquema para que eso no volviera a ocurrir y, en efecto, después de casi 30 años no ha vuelto a pasar.

Los colombianos todos los meses, cuando pagamos el servicio de energía, ahorramos un porcentaje para garantizar que la demanda futura va a estar satisfecha en forma confiable y le ofrecemos a quienes quieren meterse en el negocio de la generación eléctrica la garantía de que su inversión va a ser rentable. Eso es lo que se llama el cargo por confiabilidad que ha permitido desarrollar nuevos proyectos de generación eléctrica con la seguridad de que van a tener una retribución razonable.

Se les pregunta a las empresas generadoras cuál de ellas podría ofrecer una capacidad de generación eléctrica que permita abastecer el crecimiento de la economía. En 2013 o 14, EPM levantó la mano y su proyecto se seleccionó en una subasta parecida a la del próximo jueves. Quedamos tranquilos, la oferta de energía futura había quedado en buenas manos.

Por circunstancias que todavía no es posible determinar, se llegó el 2018 y EPM no pudo cumplirnos, ahora tendrá que pagarnos la garantía que habíamos pactado de 42 millones de dólares para el evento en el que no pudiera ofrecer la energía que estamos esperando.

Con EPM ya nos había pasado algo similar. Hacía pocos años, en una subasta, como la del próximo jueves, EPM nos había ofrecido construir una 4ª fase de la represa de Porce, se la asignamos y después desistió de hacerlo por razones de orden público. Después de un litigio de algunos años, finalmente EPM debió pagarnos los 13 millones de dólares que habíamos pactado como garantía para el evento en que no desarrollaran el proyecto y no contáramos con la energía que nos había prometido.

Ahora abrimos una nueva subasta para ver quién nos ofrece la energía que EPM no nos ha podido entregar en las 2 veces anteriores y resulta que el favorito para ganarse esta nueva subasta es el propio EPM. ¡Plop!

En esta ocasión ni el Procurador, ni la Vicepresidenta, que suelen ser tan estrictos con las compañías que incumplen o que incurren en actos de corrupción, han levantado la voz. Todo lo contrario, la mayoría de las personas han sido solidarias con la empresa, han llamado a rodearla, a protegerla, a ayudarla para que los efectos negativos del proyecto Hidroituango no arrastren con toda la compañía.

Cuál sería la reacción si, por ejemplo, Electricaribe quisiera asumir la distribución de energía eléctrica en lugares distintos a los que hoy administra. Si, por ejemplo, se abriera una licitación para distribuir energía en Cali, por decir cualquier cosa, y se postulara Electricaribe. No resultaría razonable que con las deficiencias de la prestación del servicio en el Caribe se le adjudicara ese servicio en otra región.

La aureola de cumplimiento de EPM le permite, en cambio, que más allá de los debates jurídicos, probablemente el próximo jueves volvamos a renovarle nuestra confianza y, ahora sí, quedemos amarrados a la suerte de la compañía y especialmente del futuro incierto aún del proyecto Hidroituango.

La ejemplar planeación del sistema eléctrico colombiano nos ha permitido soportar duros fenómenos climáticos y los incumplimientos de EPM. No estamos cerca de un apagón, pero si EPM nos volviera a incumplir en el 2021, sí estaríamos en dificultades.

Por las bondades del sistema, la generación eléctrica en Colombia es un gran negocio, en él participan grandes compañías, con capitales públicos y privados, y entidades territoriales como Bogotá y Medellín han soportado sus multimillonarias inversiones sociales en las utilidades que perciben por ese negocio.

Antioquia ha tenido la fuerza política para lograr que los más grandes proyectos hidroeléctricos se construyan en su territorio y con Hidroituango funcionando tendría casi el 70% de esa generación. Pero no solo eso, con las utilidades de Hidroituango el Departamento duplicaría sus ingresos si el proyecto funcionara como estaba previsto.

Plausible ese empeño paisa, pero es legítimo preguntar si, desde el punto de vista del desarrollo territorial equilibrado, esa, la de concentrar la generación en Antioquia, ha sido una decisión correcta.

En el Cauca, que tiene condiciones hidrológicas incluso mejores, llevan años impulsando proyectos que, sin embargo, no consiguen la capacidad política para impulsarlos.

Una buena manera de reparar a éste departamento por todos los efectos del conflicto sería promover que un proyecto con inversión pública, quizás fondeado con regalías, pudiera emprender –ahora sí- la hidroeléctrica de Arrieros del Micay, por ejemplo.

El debate del Plan de desarrollo sería el escenario ideal para abrir esas discusiones.

Por ahora, EPM, con justicia, disfruta del efecto halo: todos pensamos que una empresa con esas características no pudo haber incumplido las normas ambientales, debió ser rigurosa técnicamente, tuvo que haber contratado a los mejores ingenieros, sus procesos debieron ser transparentes, no debió haber coimas en la adjudicación de los contratos y más todavía, a pesar de que nos ha incumplido dos veces, no es por su negligencia y en la tercera sí nos va a cumplir.

El efecto halo es eso que los psicólogos llaman un sesgo cognitivo